I. Introducción
El Comité contra la Desaparición Forzada (el Comité) reconoce la desaparición forzada de mujeres y niñas como una de las formas más brutales de violencia de género2. La Observación General contextualiza los impactos diferenciados de la desaparición forzada en mujeres y niñas, define los ejes transversales para guiar la actuación estatal efectiva y orienta a los Estados en el cumplimiento de sus obligaciones conforme a la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas (CIPDF o la Convención) con una perspectiva de género e interseccional. Para su elaboración, el Comité celebró cinco consultas regionales y recibió más de 130 contribuciones de Estados, sociedad civil, academia e individuos. Esta información constituyó la base del análisis del Comité sobre el impacto de la desaparición forzada en mujeres y niñas.
- CEDAW/C/83/D/153/2020, párr. 7.4. ↩
II. Situación de las mujeres y las niñas frente a la desaparición forzada
La desaparición forzada es un crimen internacionalmente reconocido y condenado. Constituye una violación continua y pluriofensiva de derechos humanos3, cuyo impacto en mujeres y niñas está ligado a la discriminación y violencia de género.
- CIPDF, art. 8, párr. 1 b); CED/C/24/D/4/2021, párr. 6.2; CCPR/C/GC/36, párr. 58. ↩
Esta Observación comprende a las mujeres, las niñas y las adolescentes, en toda su diversidad. Toda referencia a ellas —incluidas “las mujeres y niñas”, “las desaparecidas”, “las buscadoras” y “las víctimas”— abarca a estos tres grupos etarios. La Observación analiza los impactos diferenciados en las víctimas de desaparición forzada en el sentido del artículo 24.1 de la Convención, incluidas las desaparecidas, las buscadoras y quienes, habiendo sufrido “un perjuicio directo como consecuencia de una desaparición forzada”, no ejercen labores de búsqueda.
La condición de víctima no exige vínculos biológicos ni legales, esta se extiende a diversas redes de afecto y cuidado, incluidas las formas de parentesco, filiación o autoridad comunitaria propias de los pueblos indígenas, afrodescendientes, tribales y las minorías étnicas, así como las familias sociales o elegidas de las personas LGBTIQ+4.
- Corte IDH, Leonela Zelaya y otra Vs. Honduras, párr. 134. ↩
A. Mujeres y niñas desaparecidas forzadamente
La desaparición forzada de mujeres y niñas se inscribe en un contexto de múltiples violencias preexistentes, arraigadas en la discriminación estructural de género, que las afecta desproporcionadamente5. Suele formar parte de un continuum de violencia6 vinculado a otras graves violaciones de derechos humanos. Este impacto se agrava para quienes enfrentan formas interseccionales de discriminación. En algunos casos, puede proyectarse sobre toda su comunidad, cuando las mujeres son portadoras de conocimientos, lengua y liderazgo, y comprometer la transmisión intergeneracional de la cultura7.
La desaparición forzada de mujeres y niñas se comete en contextos diversos: conflictos armados; represión estatal, incluida la ejercida en tiempos de paz y mediante detención incomunicada prolongada; y situaciones de altos niveles de violencia política, inseguridad y movilidad humana8. Ocurre también en contextos de discriminación sistemática, persecución, ocupación o atrocidades masivas, así como de represión transnacional contra mujeres defensoras de derechos humanos, periodistas, activistas y opositoras políticas. La prohibición de la desaparición forzada es absoluta e inderogable: ninguna circunstancia excepcional puede invocarse para justificarla ni para excluir la responsabilidad internacional del Estado9.
Los móviles de quienes cometen desapariciones forzadas contra las mujeres y las niñas son diversos. La desaparición forzada se emplea como castigo colectivo o como forma de control y represión social, incluidas la represión política, la persecución étnica, la supresión de la disidencia, las operaciones antiterroristas y la llamada “limpieza social” de personas estigmatizadas, como quienes viven en la calle, se encuentran en contextos de prostitución o explotación sexual, o pertenecen a minorías sexuales. Mujeres y niñas son sometidas a cautiverio, esclavitud sexual, trata y trabajo forzoso10, son utilizadas como botín de guerra11, y para afianzar el control territorial de los grupos armados12, que además las someten a violencia de género y explotación sexual a lo largo de las rutas migratorias que controlan13. Dentro de las estructuras que las retienen, a menudo se les imponen tareas de cuidado y servicio doméstico. La tecnología facilita la comisión de estos hechos: la captación en línea de mujeres y niñas con fines de explotación y trata puede preceder o acompañar su desaparición14; y facilitar formas específicas de violencia como la difusión no consentida de imágenes íntimas o sexuales generadas con inteligencia artificial15, entre otras finalidades, para simular su presencia y encubrir la desaparición. Estas conexiones revelan el modus operandi y los móviles de género de los perpetradores y son esenciales para orientar la búsqueda, la investigación y la reparación integral, porque ponen de manifiesto que tales violencias no son un daño accesorio, sino un elemento facilitador de la desaparición forzada.
- CED/C/IRQ/VR/1 (Findings), párrs. 21 y 30; CED/C/COL/VR/1 (Findings), párrs. 28 y 29. ↩
- A/HRC/51/26, párr. 34. ↩
- CED/C/COL/VR/1 (Findings), párr. 18; A/76/263, párr. 19. ↩
- CED/C/COL/VR/1 (Findings), párr. 33. ↩
- CEDAW/C/GC/38, párrs. 36 y 37. ↩
- CEDAW/C/GC/30/Add.1, párr. 83; A/HRC/38/47, párrs. 34 y 41. ↩
El acceso a los mecanismos de búsqueda se ve obstaculizado por la invisibilidad estadística del crimen. No existen cifras fiables de mujeres y niñas desaparecidas forzadamente porque, en muchos contextos: i) no existen registros únicos y exhaustivos de personas desaparecidas con datos desglosados por sexo y edad16; ii) la desaparición forzada no se tipifica, lo que impide su registro adecuado17; iii) no existen bancos de datos genéticos que faciliten la identificación y la reunificación familiar al margen del proceso penal; iv) los casos se tipifican como otros delitos — secuestro, violencia sexual, trata o femicidio, término empleado indistintamente con “feminicidio”— en registros sin datos desglosados, o quedan subsumidos en la investigación de esos delitos, orientada a identificar a los responsables y no a localizar a la persona desaparecida18; y v) existe un alto subregistro, resultado del desconocimiento del crimen, del temor a represalias, de las barreras lingüísticas, culturales, geográficas, económicas y de accesibilidad, de la clasificación inicial de los casos como ausencias voluntarias, y de la falta de reconocimiento de que las desapariciones llamadas de corta duración también constituyen desaparición forzada19. Este subregistro es especialmente grave para las mujeres en situación de movilidad humana, desplazamiento20, apatridia o persecución.
Esta falta de datos se agrava por una respuesta institucional condicionada por estereotipos de género que restan seriedad y celeridad a las denuncias y afecta la valoración probatoria en todas las etapas de la búsqueda y la justicia. Los más frecuentes son: i) presumir que la víctima se marchó voluntaria y/o temporalmente, sobre todo si es adolescente; ii) tratar la desaparición como un asunto privado que no exige intervención urgente; iii) considerar menos merecedoras de protección a las mujeres y niñas estigmatizadas, por ejemplo, por tener antecedentes penales, estar en contextos de prostitución o explotación sexual, ser consumidoras de sustancias psicoactivas, tener un diagnóstico de salud mental, ser trans o estar en situación de calle; y iv) presumir sin sustento probatorio su vinculación con actividades criminales, para desplazar la sospecha hacia la víctima y su familia. Tales estereotipos se traducen en indagaciones sobre la vida personal, social o sexual de la víctima para justificar la inacción estatal o cuestionar su credibilidad, y en demoras en la activación de la búsqueda, lo que incrementa el riesgo, perpetúa narrativas que culpabilizan a las víctimas y normaliza formas extremas de violencia de género21.
- CED/C/7, principio 8, párr. 2; CEDAW/C/GC/33, párrs. 26 y 27. ↩
La desaparición forzada vulnera gravemente los derechos civiles y políticos de las mujeres y niñas, entre ellos los derechos a la vida, a la integridad física y psíquica, al reconocimiento de la personalidad jurídica, a la libertad y la seguridad y a la participación política. Al sustraer a la víctima de la protección de la ley, la desaparición niega su condición de sujeto de derechos y la expone a un riesgo agravado de otras violaciones22.
- CIPDF, art. 2; CCPR/C/GC/36, párr. 58. ↩
La desaparición forzada de mujeres y niñas vulnera sus derechos económicos, sociales y culturales, al truncar sus proyectos de vida y sus trayectorias educativas y laborales. Cuando la víctima es encontrada con vida, su reintegración puede verse obstaculizada por el trauma, el daño físico, el estigma, las barreras administrativas, la dificultad para restablecer los vínculos familiares tras la ausencia o la brecha educativa o laboral generada durante su ausencia. En ocasiones, el estigma se agrava por la presunción de haber sufrido violencia sexual, lo que las expone al rechazo familiar o comunitario e incluso al asesinato en nombre del honor23.
- CEDAW/C/GC/31/Rev.1-CRC/C/GC/18/Rev.1, párrs. 29 y 30. ↩
La violencia reproductiva es una forma de violencia de género vinculada a la desaparición forzada de mujeres y niñas. Comprende actos u omisiones que afectan su autonomía y sus derechos reproductivos, o que se ejercen sobre ellas en razón de su capacidad reproductiva real o percibida24. El confinamiento propio de la desaparición, incluso cuando es de corta duración, puede impedir el acceso a los servicios de salud sexual, reproductiva y menstrual. Esto abarca los cuidados durante el embarazo, parto y postparto, el aborto seguro y el acceso a productos menstruales y a instalaciones sanitarias. De especial gravedad son los casos de mujeres que, estando desaparecidas o en cautiverio, dieron a luz y cuyos bebés les fueron apropiados y sometidos a desaparición forzada25.
B. Mujeres y niñas víctimas de la desaparición forzada, incluidas las buscadoras
Ante la falta de respuestas estatales efectivas y la impunidad, son principalmente las mujeres y las niñas quienes asumen la búsqueda, dentro de los roles de cuidado históricamente asignados a ellas26. No solo buscan a la persona desaparecida, sino que también defienden su dignidad frente a las estigmatizaciones que la culpabilizan27. A los efectos de la presente Observación, se denominan “mujeres buscadoras” a las mujeres y las niñas que, de forma individual o colectiva, buscan a un ser querido cuya suerte y paradero se desconocen. La búsqueda, frecuentemente organizada en colectivos, trasciende el ámbito familiar y constituye una acción política clave en la lucha contra la impunidad y en el fortalecimiento del Estado de derecho, así como un aporte decisivo a los procesos de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición, incluida la elaboración de la propia Convención. El Comité reconoce a las mujeres buscadoras como defensoras de los derechos humanos28 y constructoras de paz.
Otras mujeres y niñas víctimas de desaparición forzada no buscan ni se hacen visibles por razones diversas, entre otras, el miedo a las represalias, el agotamiento, la presión comunitaria o familiar, la sobrecarga de cuidados, la desconfianza en las instituciones, el desconocimiento del crimen, las barreras asociadas a la edad o la discapacidad, los obstáculos lingüísticos, geográficos, económicos o administrativos, o el desplazamiento o el exilio. Todas ellas quedan amparadas por la Convención, ya que la condición de víctima no exige participar en la búsqueda ni hacerse visible.
La desaparición forzada causa impactos diferenciados en todas las mujeres y niñas afectadas. Quienes emprenden la búsqueda enfrentan además riesgos y afectaciones específicos vinculados a dicha labor. Unos y otros se agravan cuando concurren formas interseccionales de discriminación29.
- CED/C/7, principio 4; CED/C/COL/VR/1 (Recommendations), párrs. 65 y 66; CEDAW/C/GC/28, párr. 18. ↩
La incertidumbre sobre la suerte y el paradero de un ser querido causa a las mujeres y las niñas un profundo y continuo sufrimiento psicológico30. Experimentan a menudo un duelo no resuelto o pérdida ambigua, la alternancia entre la esperanza y la desesperación y una sensación persistente de inseguridad. A ello, se añade el deterioro de la salud física derivado del estrés crónico, consecuencia de la desaparición y todas sus repercusiones. Quienes crecen en este contexto pueden ver comprometido su desarrollo emocional31.
Las mujeres y las niñas afectadas, a menudo, ven menoscabado su derecho al cuidado en sus tres dimensiones: ser cuidadas, cuidar y cuidarse32. Al convertirse repentinamente en el principal sostén económico del hogar33, asumen en solitario el cuidado de otras personas, con poco tiempo, apoyos o recursos para ser cuidadas o cuidarse. Esta situación, agravada por la incertidumbre de no saber si la persona desaparecida regresará, ni cuándo, termina afectando su proyecto de vida. Muchas se ven forzadas a combinar las labores domésticas y de cuidado con empleos precarios y mal remunerados. Esta sobrecarga se agrava por su sobrerrepresentación en el sector informal, que limita su acceso a la protección social. Muchas se ven obligadas a abandonar o a limitar sus estudios. La pérdida del sustento económico del familiar desaparecido, sumada, en algunos casos, al desplazamiento forzado, incide en su capacidad para cubrir los gastos o los créditos de la vivienda familiar y pone en riesgo su derecho a una vivienda adecuada.
El acceso de las mujeres al patrimonio familiar suele verse condicionado por estereotipos y patrones socioculturales de género. La inscripción de bienes exclusivamente a nombre de los hombres provoca que, en caso de desaparición del titular registral, las mujeres enfrenten obstáculos para acceder a los activos y depósitos bancarios, administrar las propiedades y percibir pensiones. Esta barrera se intensifica en aquellos ordenamientos que aún les niegan el derecho a heredar o a ser propietarias, en contravención del principio de igualdad en las relaciones familiares34. La ausencia de documentación civil, la apatridia, el desplazamiento, el exilio, los regímenes sucesorios discriminatorios o la destrucción, pérdida o confiscación de registros oficiales agravan estas dificultades y exponen a las mujeres, especialmente a las adultas mayores, a la apropiación indebida de los bienes de la persona desaparecida por parte de su entorno35.
Numerosas legislaciones condicionan el acceso a derechos y servicios a la presentación de un certificado de defunción36. Este requisito injustificado tiene un impacto diferenciado en las mujeres y constituye una forma de discriminación y de violencia simbólica, pues a menudo enfrentan estigma tanto si se declaran viudas como si se niegan a hacerlo o si deciden rehacer su vida. En algunos contextos enfrentan presiones comunitarias para celebrar ritos funerarios basadas en creencias culturales que consideran que estas mujeres traen infortunio.
- A/HRC/WGEID/98/2, párr. 12; CED/C/GMB/CO/1, párr. 56. ↩
El impacto de la desaparición forzada es intergeneracional. Las hijas y las mujeres jóvenes asumen, a edad temprana, responsabilidades económicas, emocionales y de cuidado que interrumpen su educación y comprometen su proyecto de vida. Algunas quedan expuestas al matrimonio infantil, precoz o forzado, al que las familias recurren, en ocasiones, para aliviar la carga económica de su cuidado37. Los impactos emocionales y el duelo inconcluso se transmiten frecuentemente a las siguientes generaciones.
- CEDAW/C/GC/31/Rev.1-CRC/C/GC/18/Rev.1, párrs. 20 y 23. ↩
La feminización de la búsqueda conlleva, además de los impactos descritos, otros propios de esta labor. Las buscadoras soportan una triple carga: a las labores ya descritas (párrafo 17) se añade la carga de la búsqueda. Muchas ven afectada su trayectoria profesional al compatibilizar esta labor con sus responsabilidades laborales y familiares, careciendo de medidas jurídicas que les permitan ausentarse de su trabajo sin arriesgar su sustento. En muchos contextos, ante la falta de financiamiento estatal, son ellas quienes costean la búsqueda, llegando en algunos casos a tener que abandonarla para poder sostener a las personas a su cargo.
Muchas mujeres llevan décadas buscando, lo cual acaba truncando su proyecto de vida y deteriorando su salud38. La búsqueda tiene, además, un doble impacto transgeneracional. Por una parte, el trauma que genera la desaparición forzada y la búsqueda puede transmitirse a las siguientes generaciones. Por otra parte, cuando las buscadoras envejecen o mueren sin encontrar a sus seres queridos, sus descendientes, en particular las mujeres, heredan la responsabilidad de continuar la búsqueda y de reclamar justicia y verdad39.
Al acceder a la justicia, las buscadoras frecuentemente son discriminadas, revictimizadas, estigmatizadas e incluso violentadas por motivos de género por parte de las autoridades o de intermediarios. El trato displicente, la intimidación, el acoso o la explotación sexual u otros abusos de poder son algunas expresiones40.
- CED/C/IRQ/OAI/2, párrs. 35 b) y 36 a); CEDAW/C/MEX/CO/10, párr. 57. ↩
La búsqueda expone a las buscadoras a afectaciones específicas de sus derechos a la vida, integridad personal, libertad de expresión, reunión pacífica y asociación. Son frecuentemente objeto de represalias41, amenazas, hostigamiento y vigilancia que las obligan a abandonar a sus familias, a desplazarse forzosamente o a exiliarse para proteger sus vidas. En los casos más graves, las represalias escalan hasta la explotación sexual, el secuestro, el asesinato o la propia desaparición forzada, con el propósito de clausurar su búsqueda y afianzar la impunidad del primer hecho42. La violencia contra las buscadoras se extiende a formas facilitadas por la tecnología, como el acoso en línea, las campañas de desprestigio, la exposición no consentida de datos personales, y la difusión de contenido manipulado o sintético con fines de hostigamiento o sexualización43.
Otras formas de represalias menos visibles, como la vigilancia sostenida, incluida la digital, las restricciones de viaje o las limitaciones a sus derechos de reunión y asociación, generan un clima de temor y autocensura que reduce su capacidad de organizarse, incidir y participar. Quienes hacen incidencia pública son a menudo estigmatizadas en discursos públicos y en el espacio digital con narrativas que cuestionan su capacidad de crianza o que las culpan de desatender a su familia44, replicando estereotipos nocivos.
- A/HRC/WGEID/98/2, párr. 11; CEDAW/C/MEX/CO/10, párr. 57; CED/C/7, principio 2, párr. 3. ↩
Las mujeres que buscan a sus hijas e hijos que les fueron apropiados al nacer o en la primera infancia enfrentan barreras específicas en su búsqueda45, ya que estas desapariciones forzadas fueron a menudo encubiertas mediante adopciones ilegales46. La desaparición forzada del niño o niña se utilizó en muchos casos como una herramienta de castigo contra la madre, quien, por motivos ideológicos, religiosos o políticos, o por su condición de madre soltera o empobrecida, se consideraba no apta para la crianza, constituyendo, por tanto, una forma de violencia reproductiva.
III. Ejes transversales
El Comité considera indispensable que los Estados Partes apliquen transversalmente un enfoque centrado en las víctimas. Este enfoque exige que toda actuación estatal se guíe por los derechos, las necesidades y la voluntad de las mujeres y niñas afectadas47, asumiendo de oficio la obligación de representar sus intereses, sin transferir esta carga a sus familias. Asimismo, requiere una actuación sensible al trauma para prevenir la revictimización y eliminar las barreras que enfrentan las víctimas en sus interacciones con el Estado. Este principio debe aplicarse junto con los ejes transversales descritos a continuación, en coherencia con otros instrumentos internacionales y regionales de derechos humanos48.
A. Perspectiva de género e interseccionalidad
La perspectiva de género es una herramienta de análisis que permite identificar los impactos diferenciados de las violaciones de derechos humanos, comprender cómo las normas, las políticas públicas y la actuación institucional afectan de manera distinta a las personas en razón de su género; y orientar las medidas dirigidas a transformar las causas estructurales de la violencia y la discriminación49. Parte del reconocimiento de que las identidades, los atributos y los roles socialmente construidos, así como el significado social y cultural que se atribuye a las diferencias biológicas, generan relaciones jerárquicas y una distribución desigual del poder y de los derechos50, lo que tradicionalmente privilegia lo masculino heterosexual. Aunque las estadísticas existentes muestran que la mayoría de las personas desaparecidas son hombres51 - lo que indica que el género influye en este crimen-, la Observación se centra en las mujeres y niñas víctimas de la desaparición forzada, debido a la discriminación histórica y estructural, la violencia y los estereotipos de género que las afectan particularmente, y sin perjuicio de las obligaciones de los Estados de buscar y proteger a todas las víctimas de desaparición forzada. Muchas de sus consideraciones se extienden a otras formas de discriminación de género, como las basadas en la orientación sexual, la identidad o expresión de género o las características sexuales.
La perspectiva de género exige un análisis interseccional y un enfoque diferencial, que permitan recabar información y comprender cómo la discriminación por motivos de sexo y de género está inextricablemente vinculada a otros factores que incrementan el riesgo de desaparición, determinan la forma en que se comete y se oculta, condicionan la respuesta institucional y agravan sus consecuencias52. Estos factores incluyen, entre otros, la edad, el origen étnico o racial, la discapacidad, la orientación sexual y la identidad de género. Comprenden también la situación socioeconómica y familiar, el estado civil, el embarazo, la maternidad, las responsabilidades de cuidado, el estatus migratorio o la apatridia. Influye además la residencia en zonas rurales, remotas, fronterizas, militarizadas, bajo control de actores armados, o en campamentos y asentamientos informales. Ejercer la defensa de los derechos humanos, la búsqueda de personas desaparecidas, o el liderazgo comunitario o espiritual, estar en situación de calle o consumir sustancias psicoactivas son factores adicionales relevantes. La actuación del Estado no puede, por tanto, ser neutral: debe identificar las circunstancias y necesidades particulares de cada mujer o niña y adaptar sus medidas a ellas. Cuando se trate de una niña o una adolescente, el principio del interés superior del niño constituirá una consideración primordial53. Toda referencia a la interseccionalidad en esta Observación se remite a los factores aquí enunciados sin carácter exhaustivo54.
B. Análisis de contexto
El análisis de contexto examina las dinámicas políticas, económicas, sociales, culturales, históricas, territoriales y criminales que rodean el delito e integra las experiencias de quienes han vivido o presenciado las situaciones de criminalidad55; permite identificar los intereses y mecanismos que sustentan la desaparición y facilitan su ocultamiento, y diseñar estrategias de prevención, búsqueda e investigación que aborden su naturaleza sistémica y no solo las hipótesis individuales56. Tratándose de mujeres y niñas, debe considerar si el caso se inscribe en otras graves violaciones de los derechos humanos, crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra o genocidio57; los patrones de criminalidad —como la presencia de actores armados o de la delincuencia organizada, o los conflictos de tenencia y el despojo de tierras— así como el continuum de violencia sufrido por la víctima, las relaciones de poder y los estereotipos interiorizados por los operadores de justicia. Debe considerar los factores individuales de la víctima —salud física y mental, rutinas, actividades, relaciones, comunicaciones, responsabilidades de cuidado y participación social, cívica o pública— cuando aporten indicios sobre los móviles o las líneas de investigación58. El tratamiento de esos datos debe limitarse a lo pertinente para la búsqueda y la investigación, ser proporcionado y respetar la privacidad y la dignidad de la víctima; en ningún caso puede emplearse para cuestionar su credibilidad, culpabilizarla o justificar la inacción59.
- CED/C/7, principio 8, párrs. 5 y 6; Comisión Nacional de Búsqueda de Personas (México), Guía de estudio: El ABC del Análisis de Contexto, pág. 21. ↩
- CED/C/IRQ/VR/1 (Recommendations), párr. 16; CED/C/COL/VR/1 (Recommendations), párr. 108 a). ↩
- CIPDF, art. 5. ↩
- Argentina, Guía de actuación para la búsqueda de mujeres y LGBTI+ desaparecidas en contexto de violencias por motivos de género, págs. 24 y 31. ↩
- CED/C/7, principio 8, párr. 2; CEDAW/C/GC/33, párr. 27; Argentina, Guía de actuación para la búsqueda de mujeres y LGBTI+ desaparecidas en contexto de violencias por motivos de género, págs. 18, 19 y 23. ↩
C. Debida diligencia
El estándar de debida diligencia exige que los Estados actúen con inmediatez, exhaustividad, imparcialidad e independencia, reconociendo los riesgos de violencia de género y discriminación estructural que enfrentan las mujeres y las niñas. Comprende los deberes de prevenir, buscar, investigar, sancionar y reparar las desapariciones forzadas de mujeres y niñas, y de protegerlas frente a la violencia de género60. Este estándar se utiliza para evaluar si un Estado ha cumplido con su obligación general de garantía frente a hechos que violan los derechos humanos, como la vida, la integridad y la libertad personal61. Conforme a este estándar, el Estado tiene obligaciones respecto a las desapariciones cometidas por agentes no estatales, cuando conoce o debe conocer los riesgos reales e inminentes de desaparición de mujeres y niñas62. Las obligaciones de la Convención se ven reforzadas por otros instrumentos internacionales y regionales que han desarrollado este estándar63.
IV. Obligaciones de los Estados
Los Estados tienen obligaciones frente a las desapariciones forzadas64 cometidas por sus agentes o por personas o grupos que actúan con su autorización, apoyo o aquiescencia65. Los Estados incurren en responsabilidad cuando, conforme a su deber de debida diligencia, no previenen, investigan, ni sancionan los actos definidos en el artículo 3 de la Convención66.
En el cumplimiento de sus obligaciones convencionales respecto de las mujeres y las niñas, los Estados deben identificar y erradicar los estereotipos de género, reconociendo que constituyen una causa estructural de discriminación y violencia67. Garantizar sus derechos exige a los Estados incorporar los ejes transversales mencionados.
- CEDAW, art. 5 a); CEDAW/C/GC/35, párr. 26. ↩
Dado que la condición de víctima no depende de la participación activa o visible en la búsqueda ni en la investigación, los Estados deben identificar y asistir proactivamente a quienes no acuden ante las autoridades.
A. Tipificación de la desaparición forzada
Tipificar la desaparición forzada como delito autónomo68, conforme a las obligaciones generales de la Convención69, diferenciado de las figuras penales (como el secuestro) y de las categorías administrativas de “persona extraviada” o “ausente voluntaria” adquiere una dimensión particular para las mujeres y las niñas, cuyas desapariciones tienden a minimizarse por efecto de los estereotipos sobre su vida personal o sexual. El tipo penal debe reflejar la definición del artículo 2 de la Convención, abarcando las desapariciones cometidas por personas o grupos que actúan con la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado70. Al fijar las penas, la desaparición forzada por motivos de género puede valorarse como circunstancia agravante, como en el caso de mujeres embarazadas o de niñas71.La práctica generalizada o sistemática de la desaparición forzada de mujeres y niñas debe calificarse y perseguirse como crimen de lesa humanidad, con las consecuencias previstas en el derecho internacional aplicable72.
B. Recopilación, sistematización y análisis de datos
Los Estados deben crear y mantener registros y bases de datos unificados, actualizados e interoperables de personas desaparecidas, que identifiquen los casos con indicios de desaparición forzada73, ponerlos a disposición de las autoridades competentes y publicar periódicamente estadísticas desglosadas y anonimizadas. La información registrada confidencialmente debe desglosarse por sexo y edad e incluir la nacionalidad, el origen étnico, la afiliación religiosa, la discapacidad y la situación migratoria de la persona desaparecida, así como el lugar, la fecha, el contexto y las circunstancias de la desaparición y el estado de los procedimientos de búsqueda e investigación74. Según el contexto, y cuando cumpla una función legítima para la prevención, la búsqueda, la investigación o la protección, podrán registrarse otros de los factores interseccionales mencionados en el párrafo 29, como la orientación sexual, la identidad de género, la condición de embarazo, la orfandad, el territorio o la comunidad de origen, la situación de desplazamiento o la condición de refugiada o solicitante de asilo. Por su carácter sensible, estos datos deben tratarse bajo estrictas garantías de confidencialidad y seguridad y, conforme al principio de no causar daño, no deben hacerse públicos de forma que permita identificar a la víctima o genere riesgos para ella o sus familiares.
Estos registros deben ponerse rápidamente a disposición de las autoridades competentes y, con las salvaguardas necesarias, de toda persona con un interés legítimo75. La información personal, inclusive los datos médicos o genéticos, no podrá utilizarse ni revelarse con fines distintos de la búsqueda, del proceso penal o de la reparación76.
Estos registros deben actualizarse regularmente y articularse con otras bases de datos y registros oficiales y otras fuentes de información, como las denuncias de violencia de género, doméstica o sexual, de trata, de femicidios y de crímenes por prejuicio, para identificar patrones y factores de riesgo77. Su análisis debe dar cuenta del continuum de violencia que a menudo precede a la desaparición. Los Estados deben garantizar la existencia de registros rigurosos de todas las personas privadas de libertad, incluidas su ubicación y su situación jurídica, y el acceso a ellos de toda persona con un interés legítimo78.
C. Prevención
La obligación de prevenir la desaparición forzada, consagrada en la Convención80, adquiere una dimensión particular respecto de las mujeres y las niñas: no se limita a evitar el crimen, sino que exige erradicar la discriminación y la violencia estructural que las expone a situaciones de riesgo81. Los Estados deben desarrollar planes de prevención, en consulta con la sociedad civil y las asociaciones de víctimas y de buscadoras, que asignen responsabilidades institucionales y recursos adecuados, e incorporen indicadores que permitan evaluar periódicamente sus resultados82.
1. Análisis de riesgo
El análisis de riesgo permite identificar y evaluar las vulnerabilidades de determinados grupos y contextos a la luz de los factores interseccionales, medir la probabilidad de desapariciones de mujeres y niñas, adoptar medidas apropiadas para prevenirlas y detectar oportunamente las amenazas que enfrentan las mujeres buscadoras83. Con base en el análisis de contexto, los Estados deben abordar los factores que incrementan el riesgo de violencia de género, incluida la facilitada por la tecnología84, como la disponibilidad de armas, los altos índices de criminalidad o la impunidad generalizada, que se agravan en situaciones de graves violaciones masivas de los derechos humanos, de conflicto armado o de inseguridad85. Los análisis de riesgo deben ser individualizados, considerando, entre otras cosas, si la mujer o niña desaparecida requería tratamientos vitales. Deben actualizarse periódicamente y vincularse a medidas concretas de protección.
2. Medidas específicas de prevención
En los contextos de movilidad humana, la prevención exige cooperación interestatal e intercambio de información, conforme a la observación general núm. 1 (2023) del Comité86. Los Estados de origen, tránsito y destino deben prevenir la desaparición forzada y buscar coordinadamente a las mujeres y niñas desaparecidas. Los Estados deben respetar el principio de no devolución y no deportar a mujeres y niñas a países donde correrían peligro de desaparición forzada87. La confiscación de documentos de identidad de las mujeres migrantes debe erradicarse mediante mecanismos de denuncia accesibles y eficaces. Las devoluciones en caliente y otras expulsiones colectivas sin evaluación individual agravan el riesgo de desaparición forzada88. Estas medidas deben complementarse con la creación de vías seguras y legales para la migración, la concesión de visados humanitarios y programas de reunificación familiar89.
El riguroso cumplimiento de las normas internacionales sobre la reclusión de mujeres es fundamental para prevenir la desaparición forzada: está estrictamente prohibida su reclusión en lugares de detención no oficiales o secretos, y las mujeres privadas de libertad, incluidas las mujeres trans, deben alojarse en locales separados de los ocupados por hombres, con vigilancia inmediata a cargo de personal femenino y capacitado90. El incumplimiento de estas salvaguardas las expone a violencia sexual y de género que puede constituir tortura o tratos crueles, inhumanos o degradantes y preceder a una desaparición forzada91. Los Estados deben reforzar la supervisión y la rendición de cuentas en los lugares donde se encuentren o pudieran encontrarse personas privadas de libertad, como los centros penitenciarios, de detención migratoria, psiquiátricos y de menores de edad92, dado su limitado escrutinio externo. Esta obligación se acentúa cuando una niña o adolescente se encuentra bajo custodia, tutela o cuidado formal del Estado.
Los Estados deben adoptar marcos legales que exijan a las empresas de tecnología bajo su jurisdicción que prevengan y reporten la captación de personas y colaboren en la obtención y preservación inmediatas de pruebas electrónicas, con las debidas garantías de privacidad y previendo la cooperación internacional cuando la empresa esté domiciliada en otro Estado.
3. Campañas de sensibilización
Los Estados deben implementar campañas de educación y sensibilización accesibles, multilingües y comprensibles, orientadas a transformar los patrones que normalizan la violencia de género y eliminar la estigmatización de las víctimas93. Estas campañas deben llegar al sistema educativo formal y a las comunidades de origen de las personas migrantes. Deben abordar los prejuicios de autoridades, familias y comunidades que impiden denunciar, e informar ampliamente sobre los mecanismos de denuncia. Los medios de comunicación pueden complementarlas al difundir información verificada y narrativas que reconozcan la dignidad y la voz de las víctimas94. El Comité los alienta a adoptar códigos de ética contra los estereotipos de género y la revictimización.
Deben desarrollarse campañas dirigidas a las propias mujeres y niñas, especialmente a las adolescentes, adaptadas a su edad y a los medios que utilizan, sobre los riesgos de desaparición, incluida la captación en línea, que las capaciten para reconocer y reaccionar ante los riesgos, sin responsabilizarlas ni trasladarles la carga de evitar la violencia.
D. Búsqueda
De conformidad con la Convención, la obligación de buscar a las personas desaparecidas recae en los Estados. El Comité reitera la plena aplicabilidad de sus Principios rectores para la búsqueda de personas desaparecidas95. El Estado debe desarrollar una estrategia de búsqueda integral, con un plan de acción y un cronograma, debidamente interrelacionados con todas las investigaciones y procedimientos pertinentes, incluidos los de carácter penal96, administrativo y de otra índole, asegurando la cooperación, coordinación y el intercambio oportuno de información entre las autoridades competentes. La búsqueda debe iniciarse sin dilación97. Los plazos de espera a menudo condicionados por estereotipos sobre la vida personal, sexual o social de las mujeres y las niñas o basados en la presunción de fuga voluntaria o ausencia temporal, trasladan la responsabilidad de iniciar la búsqueda a las familias, en su mayoría mujeres.
Los Estados deben establecer mecanismos de alerta temprana que garanticen, desde el reporte de la desaparición de una mujer o niña, una respuesta coordinada, interinstitucional, rápida y obligatoria, libre de estigmas y prejuicios. Deben activarse aun cuando no exista una denuncia penal98. La carencia de nacionalidad o de documentos de identidad, o la situación migratoria irregular de las mujeres y las niñas no debe ser un obstáculo para la activación de estos mecanismos. Las entidades públicas y privadas que dispongan de información relevante sobre la desaparición deben cooperar de inmediato.
- CED/C/7, principio 6, párrs. 1 y 2, y principio 12, párr. 1; CIPDF, art. 12, párr. 2. ↩
La búsqueda debe realizarse bajo la presunción de vida99 y en el caso de mujeres y niñas, de riesgo agravado de ser sometidas, en las primeras horas, a violencia de género, sexual o femicida. La estrategia integral de búsqueda100 debe explorar todas las hipótesis, incluidas la desaparición forzada y la violencia de género. Son pertinentes los indicios que describen la conducta de terceros hacia la mujer o la niña y el entorno de riesgo en que se hallaba, como los antecedentes de violencia o amenazas y los contextos, móviles y factores interseccionales descritos anteriormente101. No lo son los relativos a su vida privada, sexual o social ni los rasgos de su identidad o personalidad. Indagarlos es una injerencia injustificada en su intimidad y reproduce estereotipos nocivos102. La inspección de lugares y dispositivos debe ir más allá del espectro tradicionalmente asociado a la detención de personas o al conflicto armado, e incorporar los vinculados a la delincuencia común, la criminalidad organizada, las rutas migratorias o el femicidio103.
- CED/C/7, principio 1. ↩
- CED/C/7, principio 8, párrs. 1 y 3. ↩
- CED/C/7, principio 8, párr. 6; Argentina, Guía de actuación para la búsqueda de mujeres y LGBTI+ desaparecidas en contexto de violencias por motivos de género, págs. 24 a 26. ↩
- CED/C/7, principio 8, párr. 2; CEDAW/C/GC/33, párr. 26. ↩
- CED/C/7, principio 8, párr. 6, principio 9 y principio 11, párr. 6; CED/C/24/D/4/2021, párr. 7.9. ↩
Esta obligación es permanente104 hasta que se determine con certeza la suerte y el paradero de las desaparecidas. Cualquier decisión de suspender una búsqueda sin resultados debe ser transparente, motivada, libre de estereotipos y contar con el consentimiento previo e informado de los familiares o allegados, incluidas las mujeres. La edad avanzada de las desaparecidas no debe ser motivo automático para clausurar su búsqueda.
- CED/C/7, principio 7, párrs. 1 y 4. ↩
El Estado debe identificar los restos hallados de mujeres y niñas. El análisis forense debe documentar las modificaciones corporales asociadas a procesos de afirmación de género y no depender exclusivamente de bases de datos genéticas, que pueden resultar insuficientes cuando se hayan roto los lazos con la familia biológica. Los restos deben entregarse con dignidad a sus familiares, incluidas las familias sociales y elegidas.
Los Estados deben adoptar herramientas adaptadas a la búsqueda de niñas y adolescentes105 y analizar su actividad reciente en entornos digitales, respetando su privacidad y sin caer en narrativas estigmatizantes, para detectar perfiles y patrones de captación en línea.
- CED/C/7, principio 4, párr. 2. ↩
La búsqueda debe atender los riesgos específicos que enfrentan las mujeres y niñas con discapacidad106, como la institucionalización y el confinamiento sin su consentimiento en centros de salud mental, de detención migratoria, de rehabilitación o de atención a las adicciones107. Debe prestarse especial atención a las mujeres con discapacidad intelectual o psicosocial, que pueden enfrentar dificultades adicionales para identificarse o solicitar ayuda108. Debe difundirse información sobre su desaparición en formatos accesibles, y en consulta con sus familiares y las organizaciones de personas con discapacidad.
En los casos transfronterizos, los Estados deben facilitar la recolección a distancia de los datos ante mortem, como los datos médicos o genéticos, sin exigir a los familiares desplazarse al país donde se realiza la búsqueda, y garantizar la asistencia consular necesaria para acompañarlos en este proceso109. Deben garantizar el registro de defunciones, el muestreo de ADN y las autopsias de cuerpos de mujeres migrantes hallados en tránsito, y evitar su inhumación como personas no identificadas, sin haber agotado las diligencias necesarias para identificarlas.
- CED/C/GC/1, párrs. 42, 43 y 46; CED/C/26/2, párr. 38. ↩
La búsqueda requiere un enfoque centrado en las víctimas, sensible al género y al trauma110, que garantice la confidencialidad, evite la revictimización y asegure un trato empático y respetuoso por parte del personal que atienda a las mujeres buscadoras. El Estado debe acompañar a las familias durante todo el proceso de búsqueda, brindar apoyo psicológico cuando sea necesario, y, en caso de fallecimiento, respetar sus decisiones sobre ceremonias, ritos y sitios funerarios, conforme a sus creencias, prácticas y tradiciones, teniendo en cuenta los posibles impactos comunitarios111.
La participación de las mujeres en la búsqueda no exime al Estado de su deber primordial de búsqueda ni debe interpretarse como una transferencia de las obligaciones estatales hacia las víctimas. Los Estados deben reconocer, dignificar y apoyar esta labor, garantizando condiciones adecuadas de seguridad, acompañamiento médico y psicosocial, herramientas de gestión del riesgo individualizadas y elaboradas en consulta con las propias buscadoras. Los Estados deben establecer mecanismos que fortalezcan la participación de las buscadoras y sus familias y eviten que las cargas materiales, económicas y organizativas de la búsqueda recaigan sobre ellas. Como medida complementaria, los Estados pueden establecer fondos públicos para subsidiar los costos asumidos por las familias y los colectivos.
E. Investigación, enjuiciamiento y sanción
La impunidad de la desaparición forzada de mujeres y niñas perpetúa la idea de que las violencias contra ellas están permitidas. Los Estados deben investigar, enjuiciar y sancionar este crimen, en cumplimiento del compromiso de lucha contra la impunidad consagrado en la Convención112.
- CIPDF, preámbulo. ↩
1. Acceso a la justicia
De conformidad con el artículo 12 de la Convención, toda persona tiene derecho a denunciar una desaparición forzada. El ejercicio de este derecho no exime al Estado de su responsabilidad, ya que la investigación es una obligación que debe activarse ex officio y en cuanto las autoridades tengan conocimiento de los hechos, sin requerir formalismos procesales, la iniciativa de las familias ni la imposición de plazos de espera113.
- CIPDF, art. 12, párrs. 1 y 2; CED/C/GC/1, párr. 37. ↩
A tal fin, los Estados deben garantizar mecanismos oficiales de denuncia disponibles, accesibles, seguros y confidenciales, culturalmente adecuados y no discriminatorios. Ello exige superar obstáculos específicos, como las barreras lingüísticas; el temor a la deportación o la falta de documentación en mujeres y niñas migrantes y refugiadas; la falta de reconocimiento legal de las familias sociales o elegidas; y los riesgos de seguridad al desplazarse en zonas bajo control de actores armados114.
- CED/C/GC/1, párr. 37; A/HRC/WGEID/98/2, párrs. 29 a 31. ↩
2. Investigación
Las investigaciones deben esclarecer los hechos e identificar y sancionar a los responsables materiales e intelectuales; indagar si la desaparición se cometió por razón del género de la víctima y atender, de ser el caso, el continuum de violencia que la precedió, y los delitos conexos con los que pudo haberse cometido115. La apertura y el cierre de las líneas de investigación no deben estar motivados por estereotipos de género116.
La investigación penal y la búsqueda son obligaciones autónomas pero interdependientes, que deben desarrollarse coordinada y simultáneamente desde el inicio118. Los Estados deben establecer mecanismos permanentes de coordinación entre las entidades de búsqueda, de investigación y las autoridades judiciales, garantizando que la localización con vida de las mujeres o las niñas no implique el cierre de la investigación penal119. Los mecanismos de búsqueda de carácter humanitario y extrajudicial facilitan a las familias el acceso a la información sin sustituir ni debilitar la obligación de realizar una investigación penal. El paso del tiempo no exime a los Estados de esta obligación, ni siquiera en casos de desapariciones de larga data120.
3. Hipótesis de conexión con otros delitos
La investigación debe considerar hipótesis que abarquen diversos patrones de violencia de género o de criminalidad organizada que subyacen a la desaparición de mujeres y niñas. En consecuencia, no deben reducirse a un solo sospechoso ni clasificarse prematuramente como delito común121. Al investigar el móvil de la desaparición de una mujer o una niña, debe considerarse su posible relación con la actividad de defensa de los derechos humanos122.
Deben explorarse, en particular, las hipótesis de conexión con:
a) la violencia sexual y reproductiva: La desaparición crea una situación de desprotección, que puede propiciar la comisión de violación; esclavitud sexual; embarazo, aborto o esterilización forzados; u otras formas de violencia sexual o reproductiva de gravedad comparable; prácticas que pueden constituir tortura123 y cuyo riesgo se agrava en régimen de incomunicación. Asimismo, deben investigarse las conexiones con la violencia y explotación sexual, incluidas las facilitadas por la tecnología124. La investigación debe incorporar protocolos forenses especializados para detectar indicios de estas formas de violencia, y documentar la negación de acceso a servicios de salud sexual y reproductiva durante el cautiverio125.
b) el femicidio: La desaparición forzada puede preceder al femicidio126, o usarse como una estrategia de ocultamiento del cuerpo para garantizar la impunidad127. Los Estados deben garantizar que cuando se sospeche una muerte violenta de una mujer o niña, se sigan protocolos especializados. Se debe prestar especial atención a indicios que revelen móviles discriminatorios de género, como mutilaciones o lesiones de carácter simbólico.
c) la trata de personas: La desaparición es un método común para la captación de mujeres y niñas con fines de explotación, que requiere coordinación transfronteriza para indagar sobre redes de trata, rutas de tráfico y destinos de explotación128.
d) la apropiación de niñas y niños129: La apropiación y desaparición forzada de niños y niñas al poco tiempo de su nacimiento puede estar vinculada a otros delitos como la falsificación, ocultamiento o destrucción documental y a las adopciones ilegales. La investigación debe abarcar las posibles redes involucradas y guiarse por el interés superior del niño cuando sea pertinente.
- CEDAW/C/GC/35, párr. 16. ↩
- CED/C/23/2, párr. 22; CEDAW/C/GC/38, párrs. 36 y 37; CEDAW/C/GC/30/Add.1, párr. 83. ↩
- Corte IDH, Penal Miguel Castro Castro Vs. Perú, párrs. 331 y 332; Espinoza Gonzáles Vs. Perú, párrs. 242 y 252. ↩
- Corte IDH, González y otras (“Campo Algodonero”) Vs. México, párr. 283. ↩
- CED/C/23/2, párr. 22. ↩
- CED/C/7, principio 12, párr. 3; CED/C/IRQ/VR/1 (Findings), párr. 30. ↩
- CIPDF, art. 25; CED/C/9, párrs. 2 y 3. ↩
4. Enjuiciamiento
Sin perjuicio de la independencia judicial, los tribunales y demás autoridades competentes deben garantizar que la valoración de la prueba se realice con un enfoque sensible al trauma, teniendo en cuenta que la experiencia vivida puede afectar la memoria o generar imprecisiones en el relato de las mujeres y niñas, sin que ello reste credibilidad a su testimonio. Los tribunales deben valorar adecuadamente la prueba indiciaria, circunstancial y contextual, teniendo en cuenta las características propias de la desaparición forzada130.
- CED/C/24/D/4/2021, párr. 7.3; Corte IDH, Espinoza Gonzáles Vs. Perú, párr. 150. ↩
Los órganos judiciales deben aplicar las reglas sobre la carga de la prueba teniendo en cuenta la naturaleza de la desaparición forzada, de modo que no se exija a las víctimas ni a sus familiares acreditar hechos cuya información se encuentra bajo el control del Estado o de los perpetradores131. Esta exigencia resulta especialmente gravosa para las mujeres, quienes enfrentan barreras estructurales, institucionales y socioeconómicas adicionales que dificultan su acceso a los registros oficiales, a la información pública y a las instancias de justicia132.
Las actuaciones judiciales deben estar libres de estereotipos de género que influyan en la percepción de los hechos, comprometan su imparcialidad y conduzcan a la denegación de justicia, lo cual puede resultar revictimizante133. Esto incluye respetar la identidad de género y nombre social o elegido de las mujeres y niñas trans134.
Durante todas las etapas del proceso, los Estados deben garantizar a las mujeres y las niñas víctimas de desaparición forzada y a sus familiares representación legal, acompañamiento y atención psicológica gratuitos, especializados y con enfoque de género e interseccional135.
- CEDAW/C/GC/35, párr. 31 a) iii); A/HRC/WGEID/98/2, párr. 31. ↩
5. Sanción
De conformidad con el artículo 7.1 de la Convención, los Estados deben sancionar la desaparición forzada con penas apropiadas y proporcionales a la gravedad del hecho. Al determinar la pena, debe valorarse la situación de especial vulnerabilidad de las mujeres y las niñas136.
- CIPDF, art. 7, párr. 2 b); A/HRC/WGEID/98/2, párr. 19. ↩
Los Estados deben sancionar las conductas que obstaculicen la justicia, en particular la denegación deliberada de información, la alteración o destrucción de elementos probatorios relacionados con la desaparición de mujeres y niñas basadas en estereotipos de género y discriminación, agravadas cuando son cometidas por agentes estatales. Las dilaciones injustificadas y la omisión de investigar deben ser sancionadas, así como el hostigamiento, las amenazas y cualquier represalia dirigida contra las mujeres buscadoras, familiares, testigos y defensoras de derechos humanos138.
- CIPDF, art. 12, párr. 4; Corte IDH, Mujeres Víctimas de Tortura Sexual en Atenco Vs. México, párr. 339. ↩
F. Derechos de las Víctimas
1. Participación y acceso a la información
Las víctimas de desaparición forzada, y otras personas con un interés legítimo, tienen derecho a la participación plena, significativa, segura y efectiva en los procesos de prevención, búsqueda, investigación, protección y reparación139. Los Estados deben asegurar que los aportes de las mujeres sean debidamente tomados en cuenta, y eliminar todas las barreras que limitan su participación140: deben proporcionar intérpretes y traductores certificados, acompañamiento culturalmente adecuado, formatos de comunicación accesibles y modalidades seguras y de proximidad que lleguen a aquellas en el exilio o en situación de movilidad. Deben prever medidas específicas para que las niñas y adolescentes puedan participar de forma adecuada a su edad y a sus capacidades evolutivas141 y para que las adultas mayores no se vean excluidas por trámites que presuponen alfabetización o competencia digital142.
La Convención garantiza el derecho a formar organizaciones y asociaciones de personas buscadoras143. Los Estados deben abstenerse de estigmatizar la labor de los colectivos de buscadoras y de las organizaciones de víctimas, o de criminalizar sus actividades, ya que estas medidas afectan su capacidad de ejercer su derecho a la participación144.
El acceso a la información da efecto al derecho de las víctimas a conocer la verdad sobre las circunstancias de la desaparición forzada, la suerte y el paradero de la persona desaparecida145. Los Estados deben asegurar que las mujeres conozcan los procedimientos para solicitar información, y establecer mecanismos oficiales claros que las informen periódicamente, a ellas y a sus representantes, sobre el avance de la búsqueda, la investigación y los procesos judiciales, en formatos y lenguas accesibles146.
2. Medidas de Protección
La obligación de protección impone a los Estados Partes el deber de garantizar la seguridad, la integridad personal y la libertad de las mujeres y niñas que denuncian o participan en la búsqueda y la investigación de una desaparición forzada (arts. 12.1 y 18.2), y de las sobrevivientes tras su hallazgo con vida147.
- CED/C/7, principio 7, párr. 2, y principio 14, párr. 1. ↩
Esta obligación comprende un doble deber estatal: abstenerse de cometer, por medio de sus agentes, cualquier acto de violencia, amenaza, represalia, hostigamiento o discurso estigmatizante contra mujeres y niñas, y protegerlas frente a actos similares cometidos por particulares o actores no estatales148.
- CEDAW/C/GC/35, párrs. 21, 22 y 24. ↩
Las medidas de protección para mujeres y niñas deben responder a evaluaciones de riesgo individualizadas149. Estas medidas deben incluir mecanismos de respuesta rápida y medidas cautelares de urgencia, y de mediano y largo plazo. Deben ser diseñadas y ajustadas regularmente en consulta genuina y permanente con ellas, adaptándose a sus realidades cotidianas150. Igualmente, deben considerar la capacidad real del Estado para implementarlas, por ejemplo, en zonas donde su presencia es limitada, como las rurales o las controladas por actores armados, y adoptar las medidas necesarias para reforzarlas.
No debe imponerse a las solicitantes de medidas de protección requisitos como la participación en procesos judiciales, la presentación de denuncias formales151 ni la imposición de una carga excesiva de la prueba respecto al riesgo. Los datos entregados a los mecanismos de protección deben resguardarse adecuadamente para no agravar el riesgo152.
a. Mujeres y niñas halladas con vida
Cuando una mujer o una niña reportada como desaparecida es hallada con vida, la obligación de protección se intensifica en el momento de su localización. Las autoridades deben actuar con la máxima diligencia para salvaguardar su autonomía, seguridad e integridad física y psicológica, considerando que la sobreviviente se encuentra frecuentemente en un estado traumático y puede temer por su seguridad. Las medidas de protección son independientes de su derecho a obtener reparación.
Esta obligación incluye medidas inmediatas y el establecimiento de programas integrales, que incluyan protección física, atención médica y psicológica, información clara sobre sus derechos, programas de integración social y familiar, y medidas de detección del riesgo de autolesión o suicidio, o de estigmatización y violencia comunitaria; todo ello en un entorno seguro, confidencial y no revictimizante154.
- CED/C/7, principio 14, párr. 3. ↩
Cuando la víctima haya sido sometida a violencia sexual o reproductiva durante su desaparición, el Estado debe garantizar el acceso inmediato y gratuito a atención médica integral, incluidos el ciclo completo de profilaxis posexposición frente al VIH y otras infecciones de transmisión sexual o sanguínea, las pruebas diagnósticas necesarias, la anticoncepción de emergencia y, en su caso, el aborto seguro155. Deben respetarse los protocolos de preservación de la evidencia forense, guiados por su consentimiento libre e informado. Cuando sea necesario, los Estados deberán prever asistencia para retirar contenido en línea no consentido y evitar su recirculación.
- E/C.12/GC/22, párr. 45; CEDAW/C/GC/35, párr. 31 a) iii). ↩
Las medidas posteriores a la localización de una mujer deben estar guiadas por su autonomía, voluntad y su consentimiento informado. La notificación del hallazgo de una niña o adolescente a sus familiares debe tomarse considerando su interés superior y sus opiniones, según su grado de madurez, y valorando los riesgos en caso de reunificación familiar, en coordinación con las autoridades de protección de la niñez156.
- CDN, arts. 3, párr. 1, y 12; CRC/C/GC/14, párr. 6. ↩
b. Protección de todas las víctimas, incluidas las buscadoras
La obligación de protección ampara a todas las mujeres y niñas que sufren un perjuicio directo por la desaparición de un ser querido, y exige del Estado tutelar su integridad física, psicosocial, civil y económica157.
- CIPDF, art. 24, párrs. 1 y 6; CED/C/7, principio 14, párrs. 2 y 3; A/HRC/WGEID/98/2, párr. 44. ↩
Los Estados deben garantizar a las mujeres y niñas víctimas servicios de salud mental y atención psicosocial gratuitos, prolongados y culturalmente adecuados, prestados por profesionales formados en género, trauma y desaparición forzada. Deben prever ajustes razonables necesarios para su accesibilidad a mujeres y niñas neurodivergentes o con discapacidad158. Las rutas de acceso a estos servicios deben ser claras y, cuando corresponda, diseñadas por organizaciones con experiencia en su prestación.
- CEDAW/C/GC/35, párr. 31 a) iii); CDPD, arts. 5, párr. 3, y 25. ↩
La protección de las víctimas exige atender las necesidades específicas de cada etapa del ciclo de vida. En el caso de las niñas y adolescentes afectadas por la desaparición de un familiar cercano, se requieren intervenciones especializadas, como apoyos educativos y psicosociales, dirigidos a prevenir la interrupción escolar, la pobreza, la trata y el matrimonio infantil, precoz o forzado, o la asunción desproporcionada de tareas de cuidado.
La Convención obliga a los Estados a regular la situación legal de las personas desaparecidas cuya suerte no haya sido esclarecida, así como la de sus allegados159. En este marco, los Estados deben adoptar normas que permitan otorgar una “declaración de ausencia por desaparición” gratuita y expedita desde el inicio de la desaparición. Esta medida de protección jurídica permite a las mujeres administrar el patrimonio familiar, acceder a cuentas bancarias, conservar la guarda de sus hijas e hijos y ejercer otros derechos civiles, sociales y laborales, sin necesidad de tramitar una declaración de fallecimiento para acceder a prestaciones o pensiones160. Debe prohibirse toda práctica que imponga este requisito161.
Los Estados deben eliminar los obstáculos legales y administrativos que impiden a los familiares que asumen el cuidado de las personas dependientes de la persona desaparecida, en su mayoría mujeres, obtener rápidamente la custodia legal de las niñas, niños y adolescentes que quedan huérfanos por la desaparición y que, ante la ausencia de referentes de cuidado, se ven expuestos a un riesgo agravado de desprotección, explotación, reclutamiento por grupos armados u otras violaciones de los derechos humanos. Ello garantiza su interés superior162 y la restitución de sus derechos a la educación, al ocio y a un desarrollo libre de violencia.
- CIPDF, art. 25, párr. 5; CDN, art. 3, párr. 1. ↩
Las mujeres buscadoras requieren medidas específicas ante el riesgo agravado que su labor pueda conllevar. Los Estados deben reconocerlas como defensoras de los derechos humanos, garantizarles el acceso a mecanismos de protección específicos, y proteger su labor, de modo que puedan buscar con seguridad, dignidad y sin temor163. Dado que las amenazas y represalias suelen extenderse a su entorno como mecanismo de coacción, la protección debe cubrir a su núcleo familiar. En situaciones de desplazamiento forzado o reasentamiento temporal, el Estado debe asegurar condiciones dignas de vivienda, salud, educación y subsistencia en el lugar de acogida.
- CEDAW/C/MEX/CO/10, párrs. 57 y 58; A/HRC/WGEID/98/2, párr. 36. ↩
Los protocolos para las búsquedas en terreno deben mitigar los riesgos físicos, ambientales y de salud de esa labor, incluidos los que afectan específicamente a mujeres y niñas. Para ello, los Estados deben garantizar que estas estén debidamente representadas en las consultas con las personas buscadoras y las organizaciones de la sociedad civil, y velar por su aplicación efectiva164.
- CED/C/7, principio 8, párr. 3, y principio 14, párr. 3. ↩
Los Estados deben prohibir expresamente las represalias laborales - despidos, degradaciones, acoso o sanciones - derivadas de ausentarse para realizar diligencias de búsqueda, gestiones judiciales o actividades de sus colectivos165. Los Estados deben garantizar que las buscadoras accedan, en igualdad de condiciones, a los mecanismos rápidos de denuncia, asistencia legal gratuita y medidas de conciliación laboral y familiar, como permisos remunerados, flexibilidad laboral y servicios de cuidado.
- CED/C/7, principio 14, párr. 2; A/HRC/WGEID/98/2, párr. 36. ↩
A su vez, los Estados deben garantizar su derecho de asociación, libertad de expresión y reunión pacífica, y la autonomía de sus colectivos, protegiendo sus espacios de encuentro, apoyo mutuo y memoria, sin obstaculizar su financiación ni condicionar su actuación ante las autoridades a la constitución de personalidad jurídica ni a la representación letrada166.
- CIPDF, art. 24, párr. 7; A/HRC/WGEID/98/2, preámbulo y párrs. 33 a 35. ↩
G. Reparación integral
Los Estados deben garantizar a las víctimas una reparación y una indemnización rápida, justa y adecuada por el perjuicio sufrido167. Deben establecer mecanismos accesibles, participativos y culturalmente pertinentes para que las mujeres y las niñas puedan solicitar y obtener la reparación. Deben eliminar cualquier barrera de acceso y supervisar periódicamente la implementación de las medidas168.
La reparación integral y transformadora debe abordar y remediar no solo el daño individual, sino también las desigualdades estructurales y los patrones de discriminación que permitieron la desaparición forzada169, así como los daños derivados de los delitos conexos.
- CEDAW/C/GC/35, párr. 33 b); A/HRC/WGEID/98/2, párr. 39. ↩
La reparación debe basarse en un diagnóstico multidisciplinario del daño, que evalúe las violaciones de derechos humanos ocasionadas por la desaparición, incluidas las de los derechos económicos, sociales y culturales, y las afectaciones psicológicas. Este diagnóstico debe documentar cómo la desaparición forzada trunca el proyecto de vida de las mujeres y niñas afectadas, frustrando sus aspiraciones, sus relaciones y su potencial de contribuir a sus familias, sus comunidades y la sociedad.
En las desapariciones de larga data, debe prestarse especial atención a los daños sufridos por las niñas y las mujeres jóvenes que heredan la carga de la búsqueda, como la interrupción educativa, los daños psicosociales, el empobrecimiento, la sobrecarga de cuidados y la reducción de sus oportunidades de participación pública170.
- A/HRC/WGEID/98/2, párrs. 12 y 16. ↩
Las medidas de reparación pueden tener una dimensión colectiva. En contextos de minorías étnicas, lingüísticas o religiosas, deben repararse los eventuales daños a la identidad cultural, la lengua y la memoria colectiva, reconociendo el papel de las mujeres en la preservación de la cultura, la historia y la memoria. En el caso de las indígenas, las medidas de reparación deben respetar sus formas de organización, cosmovisiones y vínculos con el territorio y contar con su consentimiento libre, previo e informado171, sin que sus derechos individuales queden subordinados a decisiones comunitarias que perpetúen la discriminación de género172.
La restitución debe orientarse a restablecer la situación anterior a la violación: en el caso de las mujeres y las niñas halladas con vida, debe incluir la restitución de su libertad, identidad, vida familiar, ciudadanía, empleo o educación y bienes. Para las demás víctimas, incluidas las desplazadas, debe contemplar el retorno seguro y digno y la restitución de bienes y tierras apropiados173.
- CIPDF, art. 24, párr. 5 a); A/RES/60/147, anexo, párr. 19. ↩
La indemnización debe cubrir todo perjuicio evaluable175, y mitigar las desventajas económicas estructurales que la desaparición agrava en las mujeres y las niñas. Debe reconocer los costos de la búsqueda o los eventuales gastos funerarios; y alcanzar a quienes asumieron el cuidado de las personas dependientes de la víctima, frecuentemente otras mujeres de la familia. Debe contemplar el impacto laboral, como salarios y oportunidades perdidas; y en el caso de aquellas que realizaban trabajo informal o doméstico no remunerado, la indemnización debe reflejar su valor real y el costo de haberlo abandonado176. Los Estados pueden crear fondos fiduciarios u otros programas administrativos que faciliten el acceso a la indemnización177.
La rehabilitación debe ser integral y sensible al trauma178. Comprende el acceso gratuito a una atención médica y psicológica especializada y de largo plazo; y programas de desarrollo educativo y económico que contribuyan a restablecer la plena autonomía de las mujeres y las niñas.
- CIPDF, art. 24, párr. 5 b); A/RES/60/147, anexo, párr. 21; A/HRC/WGEID/98/2, párr. 44. ↩
La satisfacción debe incluir medidas que reconozcan la dignidad y el sufrimiento de las víctimas. Comprende la verificación de los hechos, la revelación de la verdad, la búsqueda, actos de reconocimiento de responsabilidad estatal, disculpas públicas y expresiones artísticas y conmemorativas179.
- A/RES/60/147, anexo, párr. 22; A/HRC/WGEID/98/2, párr. 41. ↩
Las garantías de no repetición deben incluir las reformas de las instituciones de investigación, justicia y seguridad necesarias para erradicar la discriminación contra las mujeres y las niñas, la violencia de género y la impunidad; la formación del personal público en género, trauma y desaparición forzada y el acceso de mecanismos internacionales e independientes de vigilancia a los lugares de privación de libertad180. Cuando las desapariciones se vinculan a estructuras criminales, deben incluso comprender el desmantelamiento de dichas estructuras y la investigación de la corrupción y la colusión entre agentes estatales y organizaciones criminales. En casos de conflicto armado, deben ir acompañadas de medidas de construcción de la paz; y en casos de graves violaciones masivas de los derechos humanos, de medidas que promuevan la justicia, la reconciliación y la cohesión social.
- CIPDF, arts 17, párr. 2 e), y 24, párr. 5 d); A/RES/60/147, anexo, párr. 23; A/HRC/WGEID/98/2, párr. 40. ↩
El derecho a la verdad está ligado al deber estatal de investigar, y al derecho de las víctimas a la justicia y la reparación. Este derecho posee una ineludible dimensión de género: conocer las circunstancias, las razones y los impactos de género de la desaparición, y las violencias diferenciadas que las mujeres y las niñas sufrieron como desaparecidas o buscadoras181. Para garantizar este derecho, los Estados deben adoptar políticas de memoria que combatan la impunidad, dignifiquen a las víctimas y transformen los patrones de discriminación de género. Estas políticas deben incorporar la voz de las mujeres, reconocer la lucha de las buscadoras, apoyar las iniciativas de memorialización que ellas lideran y protegerlas frente a la vandalización o a su retiro u obstaculización por las autoridades. Los monumentos y las conmemoraciones no deben reforzar estereotipos de género, como representar a las mujeres únicamente como cuidadoras o como víctimas, sino que deben reconocer su papel a la vanguardia de la lucha contra las desapariciones forzadas182. La historia de las desapariciones debe incorporarse en los programas educativos con perspectiva de género. Las comisiones de la verdad y otros mecanismos de esclarecimiento deben integrar la perspectiva de género en su mandato y su metodología183.
V. Mecanismos de seguimiento y rendición de cuentas
Los Estados deben establecer mecanismos independientes de seguimiento, evaluación y actualización de las políticas públicas que abordan la desaparición forzada de mujeres y niñas. Deben basarse en indicadores con perspectiva de género, y garantizar la participación de la sociedad civil, las víctimas y los organismos internacionales, y la rendición de cuentas periódica y transparente184.
- CED/C/COL/VR/1 (Findings), párr. 64; CED/C/7, principio 5, párr. 1. ↩
Los Estados deben incluir en el informe previsto en el artículo 29 de la Convención, datos desglosados sobre las mujeres y las niñas. Deben dar seguimiento, con perspectiva de género e interseccional, a las observaciones finales y recomendaciones del Comité185, y abstenerse de todo acto de intimidación o represalia contra quienes acuden al Comité o cooperan con él, especialmente las mujeres y niñas buscadoras, y protegerlas frente a actos análogos de otros actores186.
VI. Fortalecimiento de las capacidades del Estado
El cumplimiento de estas obligaciones exige instituciones con competencias claras, personal profesional estable y recursos técnicos, financieros y logísticos187. El déficit de capacidad estatal traslada la búsqueda a las mujeres, que la asumen sin remuneración y con riesgos adicionales.
- CED/C/7, principio 10, párrs. 1 y 2. ↩
La formación del personal público debe ser obligatoria, periódica, sostenida y evaluada. Debe contar con acompañamiento profesional y medir los cambios prácticos resultantes, no la mera realización de cursos. Debe dirigirse al personal militar y de aplicación de la ley, al personal médico, a quienes custodian o tratan a personas privadas de libertad, y al personal de fronteras, asilo, consulados, judicial, fiscal y forense189. Debe abordar los estándares internacionales de derechos humanos y de la desaparición forzada, con énfasis en los ejes transversales citados en la presente observación general.
- CIPDF, art. 23, párr. 1; CED/C/GC/1, párrs. 33, 47 y 50; A/HRC/WGEID/98/2, párr. 46. ↩
Los Estados deben dotar a ese personal de herramientas prácticas que respondan a la diversidad de contextos de la desaparición forzada incorporen la violencia de género previa190, y aseguren una entrevista forense especializada. Estos instrumentos deben articularse coherentemente, sin que la especificidad de los casos de mujeres y niñas se diluya en instrumentos generales.
- AMBER Alert Europe, Understanding and Managing Risk in the Context of Missing Persons, págs. 38 y 40. ↩
Los mecanismos de coordinación con las instituciones de búsqueda, investigación y justicia deben tener carácter obligatorio, y extenderse a las autoridades de salud, protección social, niñez e igualdad de género. Deben estar coordinados por un órgano competente, y asegurarse por vía legislativa o reglamentaria en todos los niveles de gobierno194.
- CED/C/7, principio 12, párrs. 1 y 2. ↩
VII. Cooperación internacional
Prevenir y erradicar la desaparición forzada de mujeres y niñas es una responsabilidad compartida que exige una cooperación robusta entre Estados, organismos internacionales, mecanismos regionales de protección, la academia y la sociedad civil.
El Comité alienta la cooperación internacional en sus dimensiones financiera, técnica, investigativa, diplomática y de auxilio judicial, incluida la creación de equipos conjuntos de investigación, articulada con los mecanismos especializados en desaparición forzada y en la eliminación de la violencia y la discriminación de género195. En los casos vinculados a la trata de personas, dicha cooperación debe traducirse en asistencia judicial mutua y en la armonización de los procedimientos de extradición y decomiso con los países de origen, tránsito y destino196. Los Estados deben abstenerse de toda cooperación que facilite la persecución transnacional o la desaparición forzada de mujeres defensoras de derechos humanos, periodistas o activistas, incluido el uso indebido de los mecanismos de cooperación policial, migratoria o de extradición.
En casos de desapariciones transfronterizas, la cooperación interestatal ágil —incluidos el auxilio judicial recíproco y el intercambio expedito de información entre autoridades migratorias, policiales, judiciales y consulares— constituye una obligación derivada de los artículos 14 y 15 de la Convención197.
- CIPDF, arts. 14, párr. 1, y 15; CED/C/GC/1, párrs. 41 y 51. ↩
La cooperación internacional debe facilitar la participación de las mujeres en el exilio, las comunidades de la diáspora y las poblaciones refugiadas en los procesos de búsqueda, verdad, justicia y reparación mediante mecanismos seguros de intercambio de información, testimonio a distancia y búsqueda transnacional de personas198.
- CED/C/GC/1, párr. 42. ↩
La cooperación estatal e internacional debe apoyar técnica y financieramente a los colectivos de buscadoras, sin que ello implique la transferencia de responsabilidades del Estado. Dicho fortalecimiento debe promover el liderazgo y la participación efectiva de las mujeres, asegurando que su voz y sus demandas sean atendidas en los espacios de toma de decisiones nacionales e internacionales.