Recomendación general núm. 40 (2026), relativa a la justicia reparadora por los daños y las consecuencias persistentes del colonialismo, la trata de africanos esclavizados a través del Atlántico y de otras rutas, y la esclavitud racializada

En 2001, los participantes en la Conferencia Mundial contra el Racismo, la Discriminación Racial, la Xenofobia y las Formas Conexas de Intolerancia aprobaron por consenso la Declaración y el Programa de Acción de Durban, en los que reconocieron que “la esclavitud y la trata de esclavos, en particular la trata transatlántica, fueron tragedias atroces en la historia de la humanidad, no solo por su aborrecible barbarie, sino también por su magnitud, su carácter organizado y, especialmente, su negación de la esencia de las víctimas”. Reconocieron asimismo que “la esclavitud y la trata de esclavos, especialmente la trata transatlántica de esclavos, constituyen, y siempre deberían haber constituido, un crimen de lesa humanidad y son una de las principales fuentes y manifestaciones de racismo, discriminación racial, xenofobia y formas conexas de intolerancia”. Reconocieron además que los africanos y afrodescendientes, los asiáticos y las personas de origen asiático y los Pueblos Indígenas habían sido víctimas de esos actos y seguían sufriendo sus consecuencias.

La aprobación de la Declaración y el Programa de Acción de Durban supuso un punto de inflexión en un movimiento en favor de la justicia reparadora y el resarcimiento, impulsado y dirigido por las personas afrodescendientes y sus organizaciones¹. El movimiento tuvo sus orígenes en las primeras guerras de resistencia de las personas esclavizadas y en el movimiento abolicionista en Europa, en cuyo contexto surgieron importantes campañas que se extendieron por las Américas, Asia, el Caribe, África y algunas zonas de Europa y que, en última instancia, dieron lugar a la abolición de la trata de africanos esclavizados y a la emancipación.

1. Entre los principales defensores cabe citar la Comisión de Reparaciones de la Comunidad del Caribe (CARICOM), el Movimiento en favor de las Reparaciones para los Afrodescendientes del Brasil y la Unión Africana. ↩

Con el tiempo, las promesas incumplidas de emancipación y, en algunos casos, de independencia dieron lugar a una mayor movilización regional y de la sociedad civil en las reivindicaciones de justicia reparadora. Ello alentó a voces y mecanismos influyentes, dentro de las Naciones Unidas, a promover llamamientos más enérgicos en favor de la justicia reparadora². El Comité ha reiterado sistemáticamente la importancia y la urgencia de aplicar la Declaración y el Programa de Acción de Durban³.

2. Véanse A/78/317, A/HRC/54/68, A/HRC/60/70, A/HRC/60/72 y A/HRC/60/77. ↩
3. Véase la recomendación general núm. 33 (2009), relativa al seguimiento de la Conferencia de Examen de Durban. ↩

La presente recomendación general, junto con la Convención Internacional sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial, ofrece una orientación autorizada y aporta claridad sobre el fundamento jurídico de la responsabilidad de los Estados de garantizar justicia reparadora por los daños derivados de su participación, tanto directa como indirecta, en la trata de africanos esclavizados y la esclavitud.

La esclavitud racializada era un sistema basado en la raza que implicaba el transporte forzoso de africanos a través del Atlántico, su esclavización hereditaria y su tratamiento como propiedad con fines de explotación comercial. El colonialismo fue un componente esencial de este sistema, mientras que el racismo y la discriminación racial sustentaron y perpetuaron sus instituciones y prácticas.

El hecho de que la presente recomendación general se centre en la esclavitud tradicional no excluye otros sistemas comparables, como los vinculados a África Meridional y a las rutas que atravesaban el Sáhara y el océano Índico, incluidas Mauricio y otras islas de la costa oriental de África. Los términos “trata de esclavos” y “esclavitud” se utilizan en su contexto histórico y jurídico, de conformidad con los instrumentos internacionales reconocidos⁴ que prohíben la esclavitud, la servidumbre y la trata de esclavos en todas sus formas. Estas referencias están en consonancia con las obligaciones de los Estados Partes, reafirmadas en los instrumentos internacionales y en marcos posteriores, de abolir la esclavitud y las prácticas conexas en todas sus formas.

4. En particular, la Convención sobre la Esclavitud, la Convención Suplementaria sobre la Abolición de la Esclavitud, la Trata de Esclavos y las Instituciones y Prácticas Análogas a la Esclavitud y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. ↩

De conformidad con su mandato de interpretar y garantizar la aplicación de la Convención, el Comité subraya que la eliminación de la discriminación racial no puede ser efectiva, exhaustiva ni duradera sin un firme compromiso de examinar y reparar los daños infligidos por la trata de africanos esclavizados y la esclavitud racializada, así como las consecuencias que aún perduran.

Entre los siglos XV y XIX, millones de africanos fueron capturados a la fuerza y transportados a través de los océanos Atlántico e Índico para ser vendidos y esclavizados. Los historiadores e investigadores discrepan en sus valoraciones de los aspectos cuantitativos de la trata de africanos esclavizados, pero las estimaciones más recientes indican que hasta 15,4 millones de personas fueron arrancadas de su lugar de origen, de las cuales solo unos 10,7 millones sobrevivieron al viaje⁵. Muchas otras perdieron la vida, víctimas de asesinatos, actos violentos, situaciones de explotación, suicidios o enfermedades⁶. Este proceso de deportación forzosa, el mayor de la historia, infligió daños duraderos a África: desestabilizó sociedades, reforzó la dependencia económica, destruyó culturas y ocasionó pérdidas inconmensurables. A lo largo de los siglos, reconfiguró tanto las sociedades africanas como las americanas a través de la violencia, la explotación, el racismo, el colonialismo, el capitalismo, la resistencia y la rebelión.

5. Véase https://www.slavevoyages.org/blog/the-transatlantic-slave-trade-database/166 y https://www.un.org/en/observances/decade-people-african-descent/slave-trade. ↩
6. Muchas personas esclavizadas prefirieron saltar por la borda antes que someterse a la esclavitud. Además, se han documentado masacres. Véase, por ejemplo, el caso del barco de esclavos Zong, cuya tripulación, en 1781, ahogó a más de 100 cautivos (https://www.britannica.com/event/Zong-massacre). ↩

Incluso antes de que el derecho convencional prohibiera explícitamente la esclavitud transatlántica racializada en el siglo XIX, esa práctica ya era ilegal en diversos marcos normativos⁷. Aunque las tradiciones jurídicas difieren en su forma de abordar el paso del tiempo y tratar los delitos o infracciones, incluida la esclavitud transatlántica, muchas filosofías jurídicas y morales africanas se rigen por la premisa ética distintiva de que “los delitos no prescriben”⁸. Con arreglo a ese marco, los delitos no tienen un plazo de prescripción, de manera que no existe ningún límite temporal para la reparación de un agravio. En lugar de considerar que el tiempo resta importancia a una vulneración, esas tradiciones sostienen que el paso del tiempo perpetúa el agravio como una realidad que perdura hasta que se produce la reparación.

7. Britta Redwood, “Illegal at inception: transatlantic chattel slavery, reparations, and international law”, Social Science Research Network, 26 de agosto de 2024. ↩
8. El origen de este principio suele atribuirse a la Kouroukan Fouga (Carta de Mandén) de 1235, la constitución oral del Imperio de Malí. ↩

Si bien Portugal y España fueron pioneras en la trata transatlántica de africanos esclavizados, Gran Bretaña, Francia y los Países Bajos, en contravención de sus propias normas internas, impusieron posteriormente códigos coloniales sobre la esclavitud que la convirtieron en una institución permanente y hereditaria. A diferencia de formas anteriores de servidumbre, la esclavitud transatlántica seleccionaba a las personas en función de su presunta raza, promovía la inferioridad racial y trataba a seres humanos como mercancías.

Desde sus inicios, el sistema también se enfrentó a objeciones constantes de numerosos líderes africanos, que utilizaron diversos medios para oponerse a la esclavitud transatlántica⁹. Las personas esclavizadas recurrieron continuamente a estrategias de fuga y protestas cotidianas e incluso organizaron rebeliones armadas¹⁰.

9. World History Commons, “Excerpt of letter from Nzinga Mbemba to Portuguese King João III”; Sylviane A. Diouf (ed.), Fighting the Slave Trade: West African Strategies (Woodbridge, Suffolk, Boydell and Brewer, 2017); y Adam Hochschild, King Leopold’s Ghost: A Story of Greed, Terror, and Heroism in Colonial Africa (Boston, Massachusetts, Houghton Mifflin, 1999). ↩
10. Entre los ejemplos de resistencia cabe citar las Guerras de los Cimarrones (Jamaica), el Quilombo dos Palmares (Brasil) y la Rebelión de Stono (Carolina del Sur (Estados Unidos de América)). ↩

Los imperios coloniales exportaron la esclavitud a África Meridional, a Mauricio y a otras islas situadas a lo largo de la costa oriental de África. La trata transatlántica de africanos y la esclavitud estaban estrechamente vinculadas al dominio colonial europeo en África, las Américas, el Caribe y Asia. La supuesta inferioridad de las personas negras se construyó y difundió de forma sistemática mediante investigaciones pseudocientíficas, leyes, políticas públicas y prácticas institucionales —incluida la aplicación de los “Códigos Negros”— con el fin de legitimar la esclavitud, la explotación y otras formas de opresión racial.

A lo largo de al menos cuatro siglos, la esclavitud transatlántica se convirtió en un sistema vasto e interdependiente en el que participaban actores estatales y no estatales, como empresas, instituciones financieras y organizaciones religiosas. Comenzó con la captura de africanos para su venta y evolucionó hasta convertirse en una economía mundial que explotaba la mano de obra de africanos esclavizados con fines de lucro. La esclavitud se convirtió en una empresa ilícita internacional que sirvió a sociedades precoloniales, potencias coloniales y colonias de asentamiento poscoloniales, todas ellas enriquecidas por el trabajo de los africanos esclavizados en el “Nuevo Mundo”. Las industrias de apoyo también prosperaron bajo la autoridad colonial.

En el “Nuevo Mundo”, la independencia no siempre supuso el fin de la esclavitud. En algunos de los nuevos Estados, la esclavitud se endureció más aún y siguió enriqueciendo a Europa y a las colonias de asentamiento que le sucedieron. A medida que crecía en importancia, la trata transatlántica de africanos esclavizados se fue financierizando. Los bancos y las compañías de seguros, muchos de los cuales siguen existiendo, adquirieron un papel central. Obtuvieron beneficios financiando viajes, asegurando la carga humana y gestionando las deudas vinculadas a la esclavitud¹¹. Incluso después de la aprobación de tratados que prohibían la trata internacional de africanos esclavizados¹², los barcos de esclavistas siguieron llegando a las Américas y al Caribe. La esclavitud continuó en el ámbito nacional, recurriendo cada vez más a la procreación forzada (“cría”) para reponer la mano de obra, mientras que las condiciones en las plantaciones empeoraban y la esperanza de vida se acortaba¹³.

11. Eric Williams, Capitalism and Slavery (Raleigh, University of North Carolina Press, 1944), págs. 98 a 107. ↩
12. Por ejemplo, la Convención sobre la Esclavitud; la Declaración de las Ocho Cortes relativa a la abolición universal de la trata de esclavos; el Tratado entre Gran Bretaña, Austria, Francia, Prusia y Rusia para la supresión de la trata de esclavos africanos; y la Convención destinada a revisar el Acta General de Berlín, de 26 de febrero de 1885, y el Acta General y la Declaración de Bruselas, de 2 de julio de 1890. ↩
13. El amplio alcance de los derechos de propiedad reconocidos sobre las personas esclavizadas dio lugar a prácticas esclavistas de una dureza sin precedentes, que vulneraban los principios generales del derecho de la época y el derecho interno de los países en cuestión (Patricia Viseur Sellers y Jocelyn Getgen Kestenbaum, “The international crimes of slavery and the slave trade: a feminist critique”, en Gender and International Criminal Law, Indira Rosenthal y otros (eds.) (Oxford, Oxford University Press, 2022)). ↩

Tras el fin de la esclavitud de iure, muchas sociedades crearon nuevas formas de explotación para preservar las jerarquías raciales. En Francia¹⁴, el Reino Unido¹⁵ y los Estados Unidos de América¹⁶, los antiguos esclavistas fueron indemnizados por la “pérdida de bienes” que sufrieron de resultas de la abolición. Tras su revolución, se obligó a Haití a pagar a Francia, mientras que el Brasil aplicó políticas de compensación económica para los antiguos propietarios de esclavos. Se establecieron leyes y prácticas que mantenían a las personas anteriormente esclavizadas en posiciones de subordinación mediante la servidumbre por contrato, la aparcería, los trabajos penitenciarios, la segregación y la criminalización del “vagabundeo” o la “ociosidad”, que a menudo se imponían mediante la violencia y la brutalidad policial.

14. Thomas Piketty, A Brief History of Equality (Cambridge, Massachusetts, Harvard University Press, 2022). ↩
15. Michael Anson y Michael D. Bennett, “The collection of slavery compensation 1835–43”, Staff Working Paper núm. 1006, (Londres, Banco de Inglaterra, 2022). ↩
16. El 16 de abril de 1862, el Presidente de los Estados Unidos, Abraham Lincoln, firmó la Ley de Emancipación Compensada del Distrito de Columbia para indemnizar a los propietarios de personas esclavizadas por la “pérdida de bienes” con la abolición de la esclavitud. ↩

Estos son los contextos en que los afrodescendientes han venido reclamando, durante generaciones, justicia reparadora y resarcimiento por la trata de africanos esclavizados y la esclavitud racializada. En algunos casos, los Gobiernos de antiguas potencias coloniales han rechazado reiteradamente esas reivindicaciones o han demorado su atención, y los tribunales han dictaminado que las reclamaciones de justicia reparadora son jurídicamente insostenibles. Esos rechazos y demoras han hecho que las obligaciones de los Estados sigan sin atenderse. No obstante, algunos Estados han adoptado medidas para avanzar hacia la justicia reparadora, como reconocimientos y disculpas oficiales, iniciativas conmemorativas y educativas, investigación y financiación específica, aunque esas medidas no equivalen necesariamente a una justicia reparadora plena y efectiva¹⁷.

17. Por ejemplo, el Gobierno del Reino de los Países Bajos se disculpó oficialmente por el papel desempeñado por el Estado en la esclavitud y estableció un fondo de 200 millones de euros destinado a medidas para abordar la historia y el legado persistente de la esclavitud, incluidas iniciativas educativas, de investigación, conmemorativas, de patrimonio cultural y de base comunitaria. Véanse el Reino de los Países Bajos, “The government’s plans for addressing slavery and its historical legacy”; y Rey Guillermo Alejandro, discurso pronunciado con ocasión de la conmemoración del papel de los Países Bajos en la historia de la esclavitud, 1 de julio de 2023, que puede consultarse en https://www.royal-house.nl/documents/2023/07/01/speech-by-king-willem-alexander-at-the-commemoration-of-the-role-of-the-netherlands-in-the-history-of-slavery. ↩

La trata de africanos esclavizados y la esclavitud racializada causaron daños graves y sistemáticos, como el secuestro, el trabajo forzoso, la violencia extrema y la servidumbre hereditaria de por vida. Esos actos normalizaron prácticas que aún se reflejan en vulneraciones que se producen actualmente contra la seguridad de la persona, la libertad, la igualdad ante la ley y el conjunto de derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales, en contravención del artículo 5 de la Convención. Su legado sigue influyendo en las leyes, las políticas y las instituciones actuales. Entre las manifestaciones actuales, cabe citar la elaboración de perfiles raciales y el uso desproporcionado de la fuerza por los agentes del orden, las desigualdades raciales en los sistemas de justicia penal y las leyes, políticas y prácticas institucionales discriminatorias que afectan al acceso a la vivienda, la educación, el empleo y la atención de la salud¹⁸.

18. Recomendación general núm. 34 (2011), párrs. 50 a 65; recomendación general núm. 36 (2020), relativa a la prevención y la lucha contra la elaboración de perfiles raciales por los agentes del orden, párrs. 20 y 26 a 30; recomendación general núm. 37 (2024), relativa a la igualdad y al derecho a no ser objeto de discriminación racial en el disfrute del derecho a la salud, párrs. 13 y 43; y A/HRC/47/53, párrs. 9 a 15 y 24 a 30. ↩

La violencia sexual y reproductiva era un componente esencial de la esclavitud. Las mujeres, las niñas y los hombres esclavizados fueron víctimas de violaciones y otras formas de abuso y explotación sexuales. Las mujeres y las niñas también eran sometidas a violencia reproductiva, incluidos el embarazo y la reproducción forzados, lo que les causaba daños irreversibles y las privaba de su dignidad, su integridad corporal y su autonomía reproductiva. La procreación forzada se utilizó asimismo como una práctica comercial destinada a aumentar la población esclavizada con fines de mano de obra y venta, en especial tras la abolición de la trata de africanos esclavizados. Esas prácticas perpetuaron estereotipos raciales y sexuales y tuvieron consecuencias persistentes que dieron lugar a formas múltiples e interseccionales de discriminación y a desigualdades en el disfrute de los derechos en materia de salud sexual y reproductiva¹⁹.

19. Recomendación general núm. 37 (2024), párr. 43; CERD/C/GBR/CO/24-26, párrs. 43 y 44; y CERD/C/USA/CO/10-12, párrs. 35 y 36. ↩

Las personas esclavizadas, incluidos los niños, veían denegado su acceso a la personalidad jurídica y a la protección judicial, y quedaban excluidas de la vida cívica y política. Leyes como los Códigos Negros institucionalizaron la deshumanización, atentaron contra la dignidad de la persona y legitimaron la violencia racial.

La derogación de leyes como los Códigos Negros no vino acompañada de medidas positivas que desmantelaran las jerarquías raciales en la práctica. Las sociedades posesclavistas han seguido atentando contra la dignidad de las personas afrodescendientes y menoscabando sus condiciones materiales al excluirlas de las oportunidades económicas, la vida política y la movilidad social. Las personas esclavizadas fueron liberadas sin indemnización ni ayuda alguna y se vieron sometidas a regímenes de trabajo forzoso, leyes contra el vagabundeo, terror racial y violencia masiva²⁰.

20. Véanse, en relación con los Estados Unidos de América, Alex Albright y otros, “After the burning: the economic effects of the 1921 Tulsa race massacre”, National Bureau of Economic Research Working Paper, núm. 28985 (Cambridge, Massachusetts, julio de 2021); en relación con el Brasil, Brodwyn Fischer, A Poverty of Rights: Citizenship and Inequality in Twentieth-Century Rio de Janeiro (Stanford, California, Stanford University Press, 2008); Martine Jean, “‘Worthy of freedom’: abolitionist discourse on slavery, freedom, and imprisonment in late nineteenth-century Brazil”, Journal of Social History, vol. 52, núm. 3 (2019), y Brodwyn Fischer, Keila Grinberg y Hebe Mattos, “Law, silence, and racialized inequalities in the history of Afro-Brazil”, en Afro-Latin American Studies: An Introduction, Alejandro de la Fuente y George Reid Andrews (eds.) (Cambridge, Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, Cambridge University Press, 2018); y, en relación con América Latina en general, George Reid Andrews, Afro-Latin America, 1800–2000 (Nueva York, Oxford University Press, 2004). ↩

El racismo contra las personas de raza negra, creado para sostener la esclavitud, ha perdurado mucho tiempo después de su abolición. Su persistencia —evidente en las leyes discriminatorias y en el acceso desigual a la educación, el empleo, la vivienda y los servicios públicos— sigue vulnerando el artículo 5 de la Convención y perpetúa la desigualdad estructural de generación en generación.

Los mecanismos de control racial creados durante la esclavitud perviven en las instituciones contemporáneas²¹. A pesar de las reformas jurídicas introducidas formalmente, la violencia racializada, los estereotipos y las barreras estructurales siguen condicionando, entre otras cosas, el nivel de estudios, la movilidad económica, los resultados de salud y la seguridad ambiental, lo que genera disparidades que perduran a través de las generaciones. Los daños intergeneracionales causados por la esclavitud, con efectos a nivel psicosocial, económico y de salud, se han visto reforzados por políticas que perpetúan el racismo contra las personas de raza negra. Estas vulneraciones persistentes motivaron la aprobación de la Convención en 1965.

21. Lukas Althoff y Hugo Reichardt, “Jim Crow and black economic progress after slavery”, The Quarterly Journal of Economics, vol. 139, núm. 4 (noviembre de 2024). ↩

La esclavitud transatlántica también distorsionó las relaciones económicas mundiales al distribuir la riqueza acumulada de forma injusta entre las sociedades y los países, lo que creó una responsabilidad compartida por sus repercusiones duraderas. Siglos de trabajo robado generaron una enorme riqueza que se fue acumulando a lo largo de generaciones, produciendo una desigualdad material extrema entre los que se habían beneficiado de la esclavitud y los que se habían visto perjudicados por ella²².

22. Joseph E. Inikori, Africans and the Industrial Revolution in England: A Study in International Trade and Economic Development (Cambridge, Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, Cambridge University Press, 2002); y Stephan Heblich, Stephen J. Redding y Hans-Joachim Voth, “Slavery and the British industrial revolution”, National Bureau of Economic Research Working Paper, núm. 30451 (Cambridge, Massachusetts, 2023). ↩

El racismo y la discriminación racial tienen su origen en el colonialismo, la esclavitud transatlántica y los instrumentos utilizados para justificar y mantener la explotación de los pueblos colonizados y de los africanos esclavizados. Los sistemas coloniales establecieron jerarquías raciales estrictas, a través de las cuales se explotaba sistemáticamente a los pueblos colonizados y a los africanos sometidos a la esclavitud transatlántica, con el fin de legitimar la explotación económica, el robo de recursos y la violencia como una “misión civilizadora”. Esas prácticas históricas han tenido efectos persistentes y han contribuido directamente a la discriminación racial sistemática actual. La prohibición de la discriminación racial se reconoce como una norma imperativa de derecho internacional (ius cogens) que crea obligaciones erga omnes²³ y refuerza las obligaciones de prevenir, eliminar y reparar la discriminación racial.

23. A/CN.4/727, párr. 102. ↩

En virtud del artículo 2 de la Convención, los Estados Partes se comprometen a eliminar la discriminación racial en todas sus formas, a no incurrir en ella y a hacer frente a las desigualdades raciales de hecho. Cuando el legado y las consecuencias persistentes de la trata de africanos esclavizados y de la esclavitud racializada contribuyan a la discriminación o la desigualdad raciales actuales, los Estados Partes deberán reconocerlas y combatirlas mediante medidas legislativas, de política, especiales y correctivas adecuadas²⁴.

24. Artículos sobre la responsabilidad del Estado por hechos internacionalmente ilícitos, art. 31 (Anuario de la Comisión de Derecho Internacional, 2001, vol. II (segunda parte) y corrección, párrs. 76 y 77). ↩

En virtud del artículo 6, los Estados Partes asegurarán a todas las personas que se hallen bajo su jurisdicción protección y recursos efectivos, así como el derecho a pedir satisfacción o reparación justa y adecuada por todo daño de que puedan ser víctimas como consecuencia de tal discriminación. En este contexto, la trata de africanos esclavizados constituye una injusticia histórica racializada cuyas consecuencias persistentes siguen siendo pertinentes para la aplicación de la Convención. Cuando esas consecuencias se manifiestan en forma de discriminación racial persistente o actual, los Estados Partes tienen la obligación, de conformidad con los artículos 2 y 6 de la Convención, de hacer frente a esas violaciones y proporcionar justicia reparadora, por ejemplo mediante la restitución, la indemnización y las garantías de no repetición.

No obstante, los Estados que participaron en la trata de africanos esclavizados y la esclavitud racializada han sostenido que esas prácticas no eran ilegales antes del siglo XIX, cuando surgieron los tratados que las declararon ilegales de forma explícita²⁵. Según afirman, las reclamaciones de justicia reparadora por hechos ocurridos durante ese período deben desestimarse en virtud del principio de intertemporalidad, según el cual, para que un acto se considere ilícito, es necesario que el Estado haya incumplido una obligación internacional vigente en el momento de la vulneración²⁶.

25. Por ejemplo, la Declaración de las Ocho Cortes relativa a la abolición universal de la trata de esclavos; el Tratado entre Gran Bretaña, Austria, Francia, Prusia y Rusia para la supresión de la trata de esclavos africanos; y la Convención destinada a revisar el Acta General de Berlín y el Acta General y la Declaración de Bruselas. ↩
26. “Un hecho del Estado no constituye violación de una obligación internacional a menos que el Estado se halle vinculado por dicha obligación en el momento en que se produce el hecho” (artículos sobre la responsabilidad del Estado por hechos internacionalmente ilícitos, art. 13.) ↩

En virtud del principio de intertemporalidad, la calificación de un hecho como internacionalmente ilícito se rige por las obligaciones internacionales que vinculaban al Estado en el momento en que se produjo el hecho²⁷. Sin embargo, este principio no excluye la responsabilidad por los comportamientos que continúen después de la entrada en vigor de la obligación correspondiente. Con arreglo a los artículos 14 y 15 de los artículos sobre la responsabilidad del Estado por hechos internacionalmente ilícitos, una violación que tiene carácter continuo se extiende durante todo el período en el cual el hecho continúa y se mantiene su falta de conformidad con la obligación internacional, mientras que una violación consistente en un hecho compuesto se extiende durante todo el período que comienza con la primera de las acciones u omisiones de la serie y se prolonga mientras esas acciones u omisiones se repiten²⁸. Los efectos persistentes de un hecho histórico consumado no constituyen, por sí solos, una violación de carácter continuo²⁹. No obstante, independientemente de la calificación jurídica de los hechos históricos originales, los Estados Partes siguen estando obligados, en virtud de sus obligaciones actuales derivadas de la Convención (arts. 2 y 6), a eliminar las formas contemporáneas de discriminación racial y hacer frente a las desigualdades estructurales y otras consecuencias persistentes vinculadas al colonialismo, la trata de africanos esclavizados y la esclavitud racializada³⁰.

27. Artículos sobre la responsabilidad del Estado por hechos internacionalmente ilícitos, art. 13, y párrafos 1) a 5) del comentario a ese artículo. ↩
28. Ibid., arts. 14 y 15 y sus comentarios. Véase también Legal Consequences for States of the Continued Presence of South Africa in Namibia (South West Africa), notwithstanding Security Council Resolution 276 (1970), opinión consultiva, I.C.J. Reports1971, pág. 16. ↩
29. Artículos sobre la responsabilidad del Estado por hechos internacionalmente ilícitos, párrafo 6) del comentario al artículo 14. ↩
30. Véase también la recomendación general núm. 34 (2011), párrs. 17 a 20. ↩

El derecho internacional reconoce excepciones a la aplicación estricta del principio de intertemporalidad, especialmente en el contexto de vulneraciones graves como la discriminación racial y la esclavitud³¹. Los tribunales internacionales y los órganos de derechos humanos también han reconocido que el principio de intertemporalidad no es absoluto. Su aplicación está sujeta a excepciones en los casos en que su cumplimiento estricto pudiera menoscabar el acceso a la justicia o perpetuar vulneraciones. El Comité subraya que los Estados Partes deben abordar las consecuencias estructurales y duraderas de la discriminación racial, independientemente de la calificación jurídica de esos hechos en el momento en que se produjeron.

31. La Relatora Especial sobre las formas contemporáneas de racismo, discriminación racial, xenofobia y formas conexas de intolerancia ha reconocido esta evolución de las normas jurídicas y ha recalcado que doctrinas como la intertemporalidad no deben aplicarse indebidamente para eximir a los Estados de su responsabilidad por vulneraciones que persisten. Ha destacado que “la búsqueda y el logro de reparaciones por la esclavitud y el colonialismo exigen una auténtica ‘descolonización’ de las doctrinas del derecho internacional que siguen siendo un obstáculo para las reparaciones” (A/74/321, párr. 10; véase también el párrafo 32). ↩

La evolución de las normas jurídicas internacionales, incluido el reconocimiento de las normas imperativas (ius cogens), también ha tenido como resultado la prohibición de la discriminación racial y la esclavitud. Por lo tanto, aunque determinadas prácticas no estuvieran explícitamente prohibidas por un tratado en su momento, los principios generales del derecho, el derecho internacional consuetudinario y la posterior cristalización de las normas de ius cogens hacen que esa defensa resulte insuficiente. Al reconocer la persistencia del racismo sistémico y sus raíces en la esclavitud histórica, el Comité considera que los Estados Partes deberían actuar en el presente, entre otras cosas mediante la adopción de medidas de reparación adecuadas, con independencia del marco jurídico aplicable en el momento en que se produjeron los hechos históricos.

El derecho de las personas y los grupos³² a solicitar medidas de recurso y de reparación en casos de discriminación racial está firmemente establecido en la Convención, en particular en sus artículos 2, 5, 6 y 14, que exigen a los Estados Partes que aseguren protección y recursos efectivos contra todo acto de discriminación racial. Este derecho se ve reforzado por otros instrumentos de derechos humanos, como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, así como por los Principios y Directrices Básicos sobre el Derecho de las Víctimas de Violaciones Manifiestas de las Normas Internacionales de Derechos Humanos y de Violaciones Graves del Derecho Internacional Humanitario a Interponer Recursos y Obtener Reparaciones, que reflejan el derecho internacional consuetudinario. Estos instrumentos obligan a los Estados a proporcionar medidas de restitución, indemnización, rehabilitación, satisfacción y garantías de no repetición a las víctimas de la discriminación racial, y a subsanar los daños individuales y colectivos. El reconocimiento de estos derechos, tanto en el marco del derecho convencional como del derecho internacional consuetudinario, pone de relieve el consenso de la comunidad internacional en que las víctimas deben tener acceso a recursos efectivos y a una justicia reparadora, como se refleja en la jurisprudencia de las cortes y tribunales y los órganos de derechos humanos.

32. La Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Penal Internacional han reconocido la legitimidad de las reparaciones colectivas, habida cuenta de la complejidad de los daños asociados a las infracciones, en particular en lo que respecta a los abusos generalizados perpetrados contra un grupo concreto. En muchos de estos casos se han concedido reparaciones colectivas en respuesta a daños colectivos, incluso cuando la infracción, en sí misma, no constituía una violación de los derechos colectivos. Los vínculos culturales o la experiencia colectiva de las víctimas —a diferencia del derecho específico vulnerado— pueden justificar la concesión de indemnizaciones colectivas (Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso de la Comunidad Moiwana vs. Suriname, sentencia de 15 de junio de 2005; Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso de las Comunidades Afrodescendientes Desplazadas de la Cuenca del Río Cacarica (Operación Génesis) vs. Colombia, sentencia de 20 de noviembre de 2013; y Corte Penal Internacional, The Prosecutor v. Thomas Lubanga Dyilo, decisión de 7 de agosto de 2012). ↩

La Convención exige a los Estados Partes que apliquen medidas especiales para hacer frente tanto a la discriminación racial de iure y de facto como a la desigualdad, y que concedan recursos efectivos y reparaciones por la vulneración de sus disposiciones. Aunque no trata de forma explícita la cuestión de la justicia reparadora por las injusticias históricas, en las interpretaciones de sus disposiciones se ha subrayado reiteradamente la necesidad de responder de forma efectiva al legado de esas injusticias, cuyos efectos siguen poniendo en condiciones desventajosas a las actuales poblaciones afrodescendientes³³.

33. Recomendación general núm. 34 (2011), párr. 17. ↩

El artículo 2 de la Convención reconoce que la discriminación racial afecta tanto a personas como a grupos de personas y que las medidas destinadas a eliminarla, incluidas las de reparación, deberían proteger y beneficiar a todos ellos.

En este sentido, el Comité recomienda que se apliquen medidas estructurales como parte de una política, reconociendo así los daños colectivos aun cuando no se hayan establecido los daños causados a personas concretas³⁴. El artículo 6 asegura a las personas y los grupos sometidos a discriminación racial el derecho a protección efectiva, a recursos y a una reparación justa a través de las instituciones nacionales competentes. Obliga a los Estados Partes a proporcionar vías legales accesibles para que las víctimas puedan obtener reparación, incluidas indemnización, medidas de restitución y otras formas de satisfacción. Además, el artículo 14 establece un procedimiento que permite a personas y a grupos de personas presentar denuncias ante el Comité en caso de que los recursos internos resulten insuficientes, asegurando con ello una protección integral y la rendición de cuentas.

34. CERD/C/CUB/CO/19-21, párrs. 17 y 18; y CERD/C/NLD/CO/22-24, párr. 28. ↩

Todas las formas de recurso y de justicia reparadora deben tener en cuenta las cuestiones de género y ser transformadoras. Deberían reconocer y abordar los daños específicos e interseccionales que sufren las mujeres, los hombres y las personas con identidades de género diversas, así como las consecuencias persistentes y diferenciadas de esos daños. Las medidas de reparación deberían concebirse y aplicarse con la participación efectiva de las personas afectadas y aspirar a corregir y transformar las desigualdades estructurales subyacentes y las formas interseccionales de discriminación que posibilitan, perpetúan o agravan la discriminación racial y de género.

El artículo 2 de la Convención impone a los Estados Partes obligaciones amplias e inmediatas para que sigan, por todos los medios apropiados y sin dilaciones, políticas encaminadas a eliminar la discriminación racial en todas sus formas y a promover el entendimiento entre todas las razas. Este artículo, orientado a la acción y multifacético, constituye una declaración fundamental del deber de los Estados Partes de aplicar la Convención y de promover sus objetivos.

En su recomendación general núm. 32 (2009), relativa al significado y el alcance de las medidas especiales en la Convención, el Comité subrayó que esta se inspiraba en los principios de dignidad e igualdad, que abarcaban tanto la igualdad formal como la sustantiva (párr. 6). El Comité reconoció que las disparidades que requerían medidas especiales solían derivarse de circunstancias históricas que seguían denegando a grupos vulnerables las ventajas esenciales necesarias para el pleno florecimiento de la personalidad humana.

El artículo 2, párrafo 2, de la Convención establece que los Estados Partes deberán tomar, cuando las circunstancias lo aconsejen, medidas especiales y concretas en las esferas social, económica, cultural y en otras esferas para asegurar el adecuado desenvolvimiento y protección de ciertos grupos raciales. Esas medidas son esenciales para garantizar en condiciones de igualdad el pleno disfrute de los derechos humanos y las libertades fundamentales. Los programas de justicia reparadora —incluidas las indemnizaciones económicas, las iniciativas educativas y las reformas institucionales— se ven explícitamente respaldados en este marco. Esos programas son fundamentales para eliminar las desigualdades arraigadas y subsanar los daños derivados de la esclavitud y el colonialismo, así como para promover la justicia. En el párrafo 7 de su recomendación general núm. 34 (2011), relativa a la discriminación racial contra afrodescendientes, el Comité observó que, para poner fin a la discriminación estructural que afectaba a los afrodescendientes, era necesario adoptar urgentemente medidas especiales (acción afirmativa), como disponía la Convención (arts. 1, párr. 4, y 2, párr. 2).

El artículo 2 está estrechamente vinculado a las obligaciones establecidas en otras disposiciones. El artículo 5 exige a los Estados Partes que garanticen la igualdad en el ejercicio de los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales. Si bien es amplia, esta lista no es exhaustiva. El artículo 1 exige que se garantice la igualdad en “cualquier otra esfera de la vida pública”. El artículo 3 obliga a los Estados Partes a prevenir, prohibir y eliminar la segregación racial y el apartheid. El artículo 4 exige a los Estados Partes que condenen y tipifiquen como delito el discurso de odio racista y la difusión de teorías de superioridad racial.

Las medidas especiales deben basarse en la consideración de los daños históricos. Los Estados Partes deberían reconocer de modo efectivo en sus políticas y actuaciones los efectos negativos persistentes del colonialismo, la trata de africanos esclavizados y la esclavitud racializada³⁵. El Comité ha reconocido que la necesidad de adoptar medidas especiales suele tener raíces históricas³⁶. Cuando las desigualdades persistentes tienen su origen en injusticias históricas, las medidas especiales y otras medidas de reparación adecuadas pueden contribuir a subsanarlas, entre otras cosas mediante la redistribución de recursos y capital social, lo que favorece la igualdad sustantiva y promueve la justicia reparadora.

35. Recomendación general núm. 34 (2011), párr. 17. ↩
36. Recomendaciones generales núm. 32 (2009), párr. 22, y núm. 34 (2011), párrs. 18 y 20. ↩

De conformidad con el artículo 6 de la Convención, los Estados Partes deben asegurar protección y recursos efectivos, ante los tribunales y otras instituciones competentes, contra todo acto de discriminación racial, así como el derecho conexo a pedir satisfacción o reparación justa y adecuada por todo daño sufrido como consecuencia de tal discriminación. Esta disposición se hace eco del contenido de otros instrumentos de derechos humanos, como el artículo 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos. El artículo 6 de la Convención establece normas tanto procesales como sustantivas.

El Comité ha interpretado que el artículo 6 prevé una reparación justa por los daños causados a la dignidad de la persona. En su recomendación general núm. 26 (2000), relativa al artículo 6 de la Convención, el Comité observó que a menudo se subestimaba “el grado en que los actos de discriminación racial e insultos por motivos raciales daña[ba]n la percepción de la parte ofendida de su propio valor y reputación” (párr. 1). En la misma recomendación general, el Comité aclaró que el derecho a obtener una reparación o satisfacción justa y adecuada debería incluir la concesión de una compensación por los daños, materiales o morales, sufridos por la víctima (párr. 2).

La dignidad no es solo cuestión de que se trate bien o mal a las personas: tiene que ver con el trato que estas reciben a la luz de las actitudes que imperan en sus comunidades, incluidas sus propias actitudes respecto de su valía, su posición o la estima de que gozan en relación con los demás y con la comunidad en su conjunto³⁷. Las ideas sobre una condición racial inherente, especialmente las nociones racializadas de supremacía e inferioridad, socavan la capacidad de todas las personas para ser tratadas con dignidad e incluso, a veces, para considerarse a sí mismas merecedoras de dignidad. Como parte del derecho a recursos efectivos, la justicia reparadora debería tratar de restablecer la dignidad mediante la reparación de los daños derivados de las injusticias históricas y contrarrestar las nociones racializadas de superioridad e inferioridad.

37. Robert Mark Simpson, “Dignity, harm, and hate speech”, Law and Philosophy, vol. 32, núm. 6 (noviembre de 2013). ↩

El Comité se ha pronunciado en términos explícitos sobre la justicia reparadora por el colonialismo, la trata de africanos esclavizados y la esclavitud transatlántica, y ha recomendado a los Estados Partes que adopten medidas de restitución, indemnización y satisfacción, y que se esfuercen por combatir la xenofobia y el racismo que constituyen un legado persistente de los agravios del pasado³⁸. Ha recomendado que los Estados Partes incorporen esta historia en los planes de estudios escolares y ha pedido que se presenten disculpas formales, se adopten medidas específicas para hacer frente a las consecuencias duraderas del colonialismo y la esclavitud transatlántica, y se repatríen los objetos coloniales, los artefactos y los restos humanos de los antepasados. Además, el Comité ha destacado la importancia del diálogo entre los Estados Partes y las personas afrodescendientes sobre las consecuencias históricas y persistentes de la esclavitud y el colonialismo a nivel individual, comunitario y social³⁹.

38. Por ejemplo, CERD/C/SWE/CO/24-25, párrs. 46 y 47. ↩
39. Véanse CERD/C/MUS/CO/24-25, CERD/C/GBR/CO/24-26, CERD/C/DEU/CO/23-26 y CERD/C/ESP/CO/21-23. ↩

El artículo 7 exige a los Estados Partes que adopten medidas educativas destinadas a promover el conocimiento de la historia, la cultura y las tradiciones de los grupos raciales y étnicos, incluidas las personas afrodescendientes. El Comité subraya que los relatos históricos equilibrados y objetivos, así como los actos públicos de conmemoración, son fundamentales para el entendimiento interétnico⁴⁰.

40. Recomendación general núm. 35 (2013), párrs. 30 y 35. ↩

La enseñanza de los agravios históricos pone de manifiesto el carácter perdurable de las desigualdades estructurales. El Comité, en su recomendación general núm. 35 (2013), relativa a la lucha contra el discurso de odio racista, vincula el entendimiento interétnico al reconocimiento de que las desigualdades actuales tienen raíces históricas y políticas. Esta toma de conciencia, si la comparten tanto los grupos mayoritarios como las personas afrodescendientes, es esencial para hacer frente a la desigualdad y la exclusión.

Las obligaciones en materia de educación que impone el artículo 7 se ajustan a los Principios y Directrices Básicos sobre el Derecho de las Víctimas de Violaciones Manifiestas de las Normas Internacionales de Derechos Humanos y de Violaciones Graves del Derecho Internacional Humanitario a Interponer Recursos y Obtener Reparaciones, en los que se dispone que, en el contexto de las reparaciones, la satisfacción incluye incorporar en el material didáctico, a todos los niveles, una exposición precisa de las vulneraciones perpetradas.

Las voces de las víctimas deben guiar una reconstrucción fáctica de la historia mediante un examen abierto, transparente y participativo de los archivos. Este proceso fomenta la confianza pública y contrarresta el negacionismo. El objetivo es que las víctimas y la sociedad comprendan y acepten el pasado, aliviando así las tensiones y favoreciendo la convivencia pacífica.

Los artículos 6 y 7 exigen a los Estados Partes que adopten políticas públicas que fomenten la revelación de la verdad y la memorialización, y que eduquen a los ciudadanos sobre las injusticias raciales históricas. El Comité ha pedido en repetidas ocasiones que se enseñen la historia y el legado de la esclavitud y el colonialismo, y que los grupos afectados contribuyan a ello en las escuelas y en el debate público⁴¹. Estas medidas deberían ajustarse a lo dispuesto en la Convención y en los Principios y Directrices Básicos sobre el Derecho de las Víctimas de Violaciones Manifiestas de las Normas Internacionales de Derechos Humanos y de Violaciones Graves del Derecho Internacional Humanitario a Interponer Recursos y Obtener Reparaciones.

41. Véanse CERD/C/NLD/CO/19-21, CERD/C/ESP/CO/21-23, CERD/C/GBR/CO/24-26, CERD/C/IRL/CO/5-9, CERD/C/NLD/CO/22-24, CERD/C/LUX/CO/18-20, CERD/C/BEN/CO/1-9, CERD/C/USA/CO/10-12, CERD/C/FRA/CO/22-23, CERD/C/ITA/CO/21, CERD/C/SEN/CO/19-23, CERD/C/MAR/CO/19-21, CERD/C/DEU/CO/23-26, CERD/C/PRT/CO/18-19, CERD/C/BRA/CO/18-20, CERD/C/ARG/CO/24-26, CERD/C/URY/CO/24-26 y CERD/C/KEN/CO/8-9. ↩

Como se ha analizado en la sección IV, la esclavitud transatlántica constituye una injusticia histórica cuyos efectos siguen poniendo en condiciones desventajosas a las actuales poblaciones afrodescendientes⁴². El paso del tiempo y las cuestiones relativas a la aplicación temporal de determinados instrumentos jurídicos internacionales no deberían interpretarse como un obstáculo para que los Estados reconozcan estas injusticias históricas o adopten medidas adecuadas de justicia reparadora y rendición de cuentas por esos delitos.

42. Recomendación general núm. 34 (2011), párr. 17. ↩

El Comité reconoce que la responsabilidad por la esclavitud no se limita a su forma primaria. Si bien algunos Estados tienen responsabilidad directa por la trata de africanos esclavizados y la esclavitud transatlántica racializada, otros pueden haberse beneficiado de las estructuras económicas y raciales globales surgidas de esos sistemas, haberlas facilitado o haber contribuido a mantenerlas. Al mismo tiempo, hay Estados que ni participaron en esas prácticas ni se beneficiaron de ellas. A pesar de esta distinción, todos los Estados tienen la responsabilidad de promover la justicia reparadora para hacer frente al legado de esas injusticias históricas, habida cuenta de las repercusiones mundiales persistentes. El legado de la esclavitud sigue arraigado en estructuras económicas, sociales e institucionales de todo el mundo, lo que perpetúa las desigualdades y la discriminación racializadas⁴³. Los beneficios generalizados que muchos Estados han obtenido —mediante su participación en las redes comerciales mundiales, las economías coloniales y el sistema financiero internacional— van mucho más allá de las fronteras de las antiguas naciones esclavistas. La justicia reparadora abarca tanto la responsabilidad histórica directa como un compromiso ético e internacional compartido de reparar los daños persistentes, desmantelar el racismo estructural y promover la igualdad. La cooperación internacional, la solidaridad y el apoyo a las reformas y a la educación sobre el legado de la esclavitud y sus vínculos con las formas contemporáneas de discriminación racial son esenciales para reparar las consecuencias de esta grave injusticia y cumplir las obligaciones dimanantes del derecho internacional de los derechos humanos⁴⁴.

43. A/HRC/42/59, párrs. 27 a 32. ↩
44. Véase la resolución 69/16 de la Asamblea General y el programa de actividades del Decenio Internacional de los Afrodescendientes que figura en su anexo, así como el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos titulado La situación de las personas afrodescendientes en las Américas (2011). ↩

Los Estados Partes deben aplicar medidas de reparación integrales en favor de las personas afrodescendientes, que abarquen todos los aspectos de las vías de recurso⁴⁵. La justicia reparadora debería ser integral y basarse en el derecho internacional de los derechos humanos, y combinar una amplia gama de medidas de carácter monetario, no monetario y estructural. Los Estados Partes deben aplicar dichas medidas a través de leyes y políticas, asegurando un seguimiento y una evaluación independientes. La justicia reparadora debe tener por objeto desmantelar la dominación jerárquica y el sometimiento basados en la raza, tanto dentro de todas las instituciones como entre ellas. Los cambios estructurales deberían ser transformadores para crear sociedades que cumplan los criterios de igualdad exigidos en los artículos 1 a 7 de la Convención.

45. Véanse CERD/C/VAT/CO/16-23, CERD/C/PRT/CO/18-19, CERD/C/GBR/CO/24-26, CERD/C/BRA/CO/18-20, CERD/C/DEU/CO/23-26, CERD/C/ARG/CO/24-26 y CERD/C/URY/CO/24-26. Las medidas de satisfacción para las personas afrodescendientes pueden incluir el derecho a la investigación y a la verdad, sentencias y reconocimientos públicos, disculpas, aceptaciones de responsabilidad y conmemoraciones públicas, incluidos monumentos conmemorativos y la dedicación de espacios públicos. ↩

La justicia reparadora transformadora debe remediar los daños del pasado y sus repercusiones actuales adoptando un enfoque interseccional e intergeneracional. La sensibilidad de género es fundamental y debe incorporarse mediante reformas legislativas, institucionales y normativas⁴⁶. La justicia reparadora debería ajustarse a la magnitud y la duración de los daños causados por las omisiones de los Estados.

46. A/HRC/60/70, párr. 69; y el documento de sesión sobre la promoción y protección de los derechos humanos y las libertades fundamentales de los africanos y los afrodescendientes frente al uso excesivo de la fuerza y otras violaciones de los derechos humanos por los agentes del orden, párrs. 294 y 303. Puede consultarse en https://www.ohchr.org/sites/default/files/Documents/Issues/Racism/A_HRC_47_CRP_1.pdf. ↩

Las estructuras de ámbito nacional deben asegurar un acceso igualitario a mecanismos de reparación para las personas afrodescendientes. Los planes deberían reconocer que la verdad, la justicia y la justicia reparadora por la esclavitud transatlántica y su legado contribuyen a evitar que esos hechos se repitan y benefician a la sociedad en su conjunto⁴⁷.

47. Documento de sesión sobre la promoción y protección de los derechos humanos y las libertades fundamentales de los africanos y los afrodescendientes frente al uso excesivo de la fuerza y otras violaciones de los derechos humanos por los agentes del orden, párr. 296. ↩

Los Estados Partes deben garantizar la participación significativa, inclusiva, segura, culturalmente adecuada y sensible a las cuestiones de género de las comunidades afectadas en la concepción de medidas de justicia reparadora para hacer frente a las desigualdades persistentes derivadas de la trata de africanos esclavizados y la esclavitud transatlántica⁴⁸. Estas medidas deben incluir un seguimiento y una aplicación participativos.

48. Véanse A/78/317 y A/HRC/60/70. Véase también la nota orientativa de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) titulada “Cómo hacer efectivo el derecho a participar en los asuntos públicos: una mirada a las personas afrodescendientes” (Ginebra, 2023). ↩

Los procesos participativos deben estar financiados por los Estados y dirigidos por personas afrodescendientes, siguiendo un modelo de representación inclusiva⁴⁹. Deberían ser iterativos y constructivos, y contar con la participación de los responsables de la formulación de políticas, velando por que los procesos satisfagan las necesidades actuales y futuras. Es fundamental que los defensores de los derechos humanos dispongan de un entorno seguro, y que se lleven a cabo evaluaciones de riesgos y se establezcan medidas de protección. Los enfoques interseccionales —que tienen en cuenta la raza, el género y la discapacidad— refuerzan la protección.

49. Véase, como referencia, Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, recomendación general núm. 40 (2024), relativa a la representación igualitaria e inclusiva de las mujeres en los sistemas de toma de decisiones. ↩

Los Estados Partes deben velar por que la justicia reparadora incluya medidas dirigidas a aumentar la representación de los afrodescendientes en todos los niveles de las instituciones y en los procesos de formulación de políticas, como garantía de no repetición⁵⁰.

50. CERD/C/NIC/CO/15-21, párr. 31; CERD/C/NLD/CO/19-21, párr. 16 a); CERD/C/ESP/CO/21-23, párr. 30 a); CERD/C/MRT/CO/8-14, párr. 12 b); CERD/C/MEX/CO/18-21, párr. 17 a); CERD/C/GTM/CO/16-17, párr. 30; CERD/C/COL/CO/17-19, párr. 17 e); CERD/C/NLD/CO/22-24, párr. 28; CERD/C/BRA/CO/18-20, párr. 60; CERD/C/PRT/CO/18-19, párr. 30 a); CERD/C/ARG/CO/24-26, párr. 21 b); y CERD/C/IRQ/CO/26-27, párr. 23. ↩

De conformidad con el objeto y el fin de la Convención, los Estados Partes están obligados a investigar y divulgar toda la verdad sobre la esclavitud transatlántica. Las víctimas tienen el derecho a conocer la verdad⁵¹, que está vinculado al derecho a interponer un recurso, lo que incluye una investigación eficaz, la verificación de los hechos y la divulgación pública. Los Principios y Directrices Básicos sobre el Derecho de las Víctimas de Violaciones Manifiestas de las Normas Internacionales de Derechos Humanos y de Violaciones Graves del Derecho Internacional Humanitario a Interponer Recursos y Obtener Reparaciones establecen como obligación la verificación de los hechos y la revelación pública (párr. 22 b)). Los Estados Partes deberían considerar este deber como parte del derecho a la información y de las obligaciones que les incumben, en virtud de la Convención, de educar contra los prejuicios y de combatir el discurso de odio y el racismo.

51. Véase la resolución 2005/66 de la Comisión de Derechos Humanos. ↩

Los Estados Partes que participaron en la esclavitud transatlántica deben divulgar sin demora toda la información necesaria para reconstruir íntegramente el relato histórico, incluidos los detalles sobre los hechos, las personas e instituciones responsables, los beneficiarios y las víctimas. Deben preservar los archivos y registros relativos a las violaciones de los derechos humanos y del derecho humanitario, incluidos los registros de las violaciones cometidas contra personas esclavizadas, y garantizar un acceso pleno, gratuito y efectivo a ellos, a fin de asegurar el derecho a la verdad. Los Estados Partes deberían apoyar y financiar las iniciativas destinadas a elaborar un relato imparcial de la esclavitud transatlántica y de sus efectos duraderos sobre los africanos y sus descendientes⁵².

52. Documento de sesión sobre la promoción y protección de los derechos humanos y las libertades fundamentales de los africanos y los afrodescendientes frente al uso excesivo de la fuerza y otras violaciones de los derechos humanos por los agentes del orden, párr. 299. Véase también https://www.unesco.org/en/routes-enslaved-peoples. ↩

Los Estados Partes deberían establecer comisiones independientes para investigar y esclarecer la verdad⁵³, velando por que la composición de dichas comisiones incluya a personas afrodescendientes y respete la paridad de género, y por que sus mandatos y métodos de trabajo incorporen una sólida perspectiva de género⁵⁴. Esas comisiones deberían estar facultadas para exigir el testimonio y la divulgación de información por parte de actores tanto públicos como privados, con el fin de hacer efectivos el derecho a la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición. Deben asegurar la constitución de registros históricos completos que vayan más allá de los archivos de Estado, lo cual es fundamental para fomentar la confianza pública en el proceso de búsqueda de la verdad. También deben recibir una financiación acorde con el mandato que tengan asignado, y deben concebirse y aplicarse con la participación de la sociedad civil.

53. CERD/C/DOM/CO/13-14, párr. 9; CERD/C/MUS/CO/15-19, párr. 8; y CERD/C/MUS/CO/20-23, párrs. 16 y 17. ↩
54. ACNUDH, Integrating a Gender Perspective into Human Rights Investigations: Guidance and Practice (Nueva York y Ginebra, 2018). Véase también A/75/174. ↩

De conformidad con los artículos 1, 2, párrafo 2, y 5 de la Convención, los Estados Partes deben adoptar medidas especiales para eliminar el racismo estructural y las desigualdades resultantes de la esclavitud transatlántica. Deberían reconocer de modo efectivo en sus políticas y actuaciones los efectos negativos de los perjuicios ocasionados a los afrodescendientes en el pasado⁵⁵. La denegación de una justicia reparadora efectiva constituye, en sí misma, una forma específica de discriminación racial y vulnera el artículo 2, párrafo 2, de la Convención.

55. Recomendación general núm. 34 (2011), párr. 17. ↩

Los Estados Partes deben formular marcos de medidas especiales junto con los afrodescendientes⁵⁶, y evitar suprimir o debilitar esas medidas antes de que se logre la igualdad⁵⁷. Las medidas especiales deberían mantenerse mientras los datos y la práctica indiquen que son necesarias y eficaces. La justicia reparadora debería centrarse en las disparidades en materia de morbilidad, esperanza de vida, mortalidad, educación, salud y riqueza, con el objetivo de fomentar una sociedad más equitativa⁵⁸.

56. CERD/C/USA/CO/10-12, párr. 9. ↩
57. CERD/C/GBR/CO/21-23, párr. 13. ↩
58. Recomendación general núm. 37 (2024), párr. 53. En su recomendación general núm. 34 (2011), el Comité observó que, para poner fin a la discriminación estructural que afectaba a los afrodescendientes, era necesario adoptar urgentemente medidas especiales (acción afirmativa), de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 1, párrafo 4, y 2, párrafo 2, de la Convención. ↩

En tanto que las medidas especiales se basan en datos, las reparaciones integrales deben ir más allá del análisis de los datos y subsanar los daños causados a lo largo de siglos. La justicia reparadora debería ser más amplia y sustancial que las simples medidas especiales. Debe reconocer las vulneraciones de la dignidad y la deshumanización sufridas por las personas esclavizadas y hacer frente a las consecuencias persistentes de la trata de africanos esclavizados y la esclavitud. Los Estados Partes deben remediar los daños que aún persisten —la marginación económica, la escasa participación política y el trauma psicosocial— mediante reparaciones y reformas de políticas.

Los Estados Partes deberían dar prioridad a la justicia reparadora por los daños derivados de la esclavitud transatlántica que han persistido o se han agravado desde su abolición.

De conformidad con el artículo 6 de la Convención, los Estados Partes deben asegurar que sus marcos jurídicos permitan a los tribunales nacionales competentes y otras instituciones del Estado conceder formas adecuadas de reparación y hacerlas efectivas, y que los afrodescendientes tengan acceso efectivo a los procedimientos pertinentes.

Teniendo en cuenta que el derecho internacional reconoce que los plazos de prescripción no impiden el acceso a la justicia y a recursos efectivos por violaciones manifiestas de los derechos humanos o crímenes de lesa humanidad y que, como señalaron los Estados en la Declaración y el Programa de Acción de Durban, “la esclavitud y la trata de esclavos, especialmente la trata transatlántica de esclavos, constituyen, y siempre deberían haber constituido, un crimen de lesa humanidad y son una de las principales fuentes y manifestaciones de racismo, discriminación racial, xenofobia y formas conexas de intolerancia”, los Estados deben reconocer la larga historia de lucha por la justicia librada por las personas esclavizadas desde los inicios de la esclavitud transatlántica⁵⁹.

59. Por ejemplo, el caso de Belinda Sutton, que en 1783, presentó una petición ante un tribunal de Massachusetts para que se le concediera una pensión con cargo al patrimonio de su esclavista como compensación por su trabajo no remunerado (véase https://www.ohchr.org/sites/default/files/documents/hrbodies/cerd/cfis/gr-reparations/subm-cerd-general-recommendation-ind-dr-adejoke-babington-ashaye.pdf). ↩

Las reclamaciones de reparación se han venido formulando desde hace siglos pero han sido denegadas sistemáticamente, también en los últimos tiempos⁶⁰. Los Estados deben respetar la dignidad inherente de los reclamantes y reconocer las dificultades de aportar pruebas a lo largo de varias generaciones. No deberían permitir que las limitaciones probatorias impidan las reparaciones, ya que se presume la existencia de daños materiales y morales derivados de las violaciones graves de los derechos humanos⁶¹.

60. En 2023, por ejemplo, el Tribunal de Casación de Francia denegó reparaciones a unos demandantes de Martinica por falta de legitimación procesal y por haber prescrito los hechos (recurso de casación núm. 22-13.457, sentencia de 5 de julio de 2023). ↩
61. Comisión Internacional de Juristas, The Right to a Remedy and Reparation for Gross Human Rights Violations: A Practioners’ Guide, edición revisada (Ginebra, 2018), pág. 213. ↩

El acceso a la justicia y a las vías de recurso debe tener en cuenta las cuestiones de género y ser interseccional y transformador. Los Estados Partes deberían identificar y eliminar los obstáculos específicos a los que se enfrentan las mujeres y las niñas afrodescendientes, incluido el riesgo de represalias o revictimización. Los procedimientos y los recursos deberían atender los daños específicos e interseccionales sufridos por quienes reclaman una reparación por motivos raciales y de género, incluidas la violencia sexual y reproductiva y la explotación económica, y deberían concebirse y aplicarse con su participación significativa y segura.

Todos los Estados Partes tienen la responsabilidad de contribuir a una justicia reparadora plena y efectiva para los afrodescendientes. Al cumplir sus obligaciones, los Estados Partes deberían asegurar la rendición de cuentas y la cooperación de los actores no estatales que participaron en la trata de africanos esclavizados, la esclavitud racializada o las prácticas coloniales conexas, las facilitaron o se beneficiaron de ellas. Esos actores deberían reconocer su papel histórico, asumir la responsabilidad por los daños a los que contribuyeron y adoptar medidas adecuadas para hacer frente a sus consecuencias persistentes.

Los Estados Partes deberían adoptar medidas legislativas, administrativas y de política adecuadas para regular y supervisar a los actores no estatales correspondientes y asegurar su contribución efectiva a la justicia reparadora. Deberían exigir a esos actores que investiguen y den a conocer su participación en esas prácticas en el pasado; proporcionen acceso gratuito y efectivo a los registros y archivos pertinentes; participen en el esclarecimiento de la verdad; reconozcan públicamente el papel que desempeñaron y los beneficios que hayan obtenido de esas prácticas; y ofrezcan disculpas sinceras, cuando proceda. Deberían establecerse garantías adecuadas contra la obstrucción, la divulgación selectiva y la ocultación, alteración o destrucción de los registros pertinentes.

Los actores no estatales correspondientes, incluidas organizaciones religiosas, universidades, empresas, bancos, aseguradoras y otras instituciones financieras, deberían poner a disposición sus registros y archivos pertinentes sin costos ni restricciones indebidos y cooperar plenamente con los procesos de búsqueda de la verdad y de reparación. También deberían contribuir, en consonancia con su participación y los beneficios obtenidos, a ofrecer medidas de reparación adecuadas, que pueden incluir la restitución, la indemnización, la rehabilitación, la satisfacción, la memorialización, las iniciativas educativas y comunitarias, y las garantías de no repetición. Los reconocimientos y las disculpas deberían ir acompañados de medidas concretas y no sustituir otras formas adecuadas de justicia reparadora.

Las instituciones estatales y no estatales, incluidos museos, universidades, organizaciones religiosas y organismos de investigación, deberían facilitar la devolución de los bienes culturales y los restos humanos ancestrales sustraídos en el contexto de la trata de africanos esclavizados, la esclavitud racializada y el colonialismo a las comunidades afectadas o a sus instituciones representativas. Todas las medidas previstas en la presente sección deberían concebirse, aplicarse y supervisarse con la participación significativa, inclusiva y en condiciones de seguridad de las personas afrodescendientes y las comunidades afectadas.

Los Estados Partes están obligados a difundir activamente todos los hechos objetivos sobre la esclavitud transatlántica que hayan salido a la luz gracias a la investigación. Deben fomentar la confianza de la ciudadanía en esa información y velar por que oriente el debate público sobre la realidad actual y los esfuerzos futuros por construir una sociedad basada en la igualdad de derechos.

Los Estados Partes deben impartir una educación efectiva a todos los niveles para promover el conocimiento de la historia, la cultura y las tradiciones de los grupos raciales o étnicos, incluidos los afrodescendientes. Estas medidas deberían fomentar el entendimiento interétnico, reflejar con exactitud la historia —especialmente las atrocidades del pasado— y prever actos públicos de conmemoración destinados al recuerdo y la sanación⁶².

62. Recomendación general núm. 35 (2013), párrs. 34 y 35. ↩

En virtud del artículo 4 de la Convención y de conformidad con la recomendación general núm. 35 (2013) y con las recomendaciones generales núms. 38 y 39 del Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial y las observaciones generales núms. 7 y 8 del Comité de Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y de Sus Familiares (2025), aprobadas de manera conjunta, relativas a directrices para la erradicación de la xenofobia y sus efectos en los migrantes y otras personas percibidas como tales, los Estados Partes están obligados a combatir el discurso de odio y erradicar la xenofobia y las ideologías de superioridad racial. Deben actuar con antelación para prevenir los prejuicios y combatir la desinformación sobre la esclavitud transatlántica y los daños que sigue causando a las personas afrodescendientes.

Deberían adoptarse medidas para formar a los responsables de la formulación de políticas y al público en general sobre la forma en que la esclavitud transatlántica ha configurado las instituciones actuales y los motivos que hacen necesaria una reforma en beneficio de todos. Los cargos electos deberían concienciar al público sobre la importancia de la justicia reparadora para construir una sociedad sana e inclusiva.

Los espacios públicos deberían rendir homenaje a las contribuciones de los afrodescendientes y reconocer claramente las injusticias cometidas por quienes apoyaron las atrocidades históricas o se beneficiaron de ellas⁶³.

63. Documento de sesión sobre la promoción y protección de los derechos humanos y las libertades fundamentales de los africanos y los afrodescendientes frente al uso excesivo de la fuerza y otras violaciones de los derechos humanos por los agentes del orden, párr. 300. ↩

Los Estados Partes deben velar por que los libros de texto y los planes de estudios ofrezcan una visión precisa e imparcial de la esclavitud transatlántica, sus consecuencias y la realidad actual, basada en investigaciones exhaustivas.

Las medidas de los Estados Partes deben dar prioridad a la justicia reparadora en forma de garantías de no repetición, en virtud de las cuales todos los Estados Partes deben hacer todo lo posible por instaurar sin demora un orden internacional justo y equitativo, de conformidad con el derecho internacional⁶⁴, encaminado a poner fin a la discriminación racial contra todos los pueblos, incluidas las víctimas de la esclavitud transatlántica. Esta obligación de reparación se debe a todos los Estados Partes, a todas las personas afrodescendientes y a la sociedad en su conjunto⁶⁵.

64. A/74/321, párrs. 9 y 26. Véase también A/76/180, párrs. 81 a 87. ↩
65. Richard M. Buxbaum, “A legal history of international reparations”, Berkeley Journal of International Law, vol. 23, núm. 2 (2005). ↩

Los Estados Partes podrán pedir reparaciones en forma de restitución, indemnización, cesación, garantías de no repetición y satisfacción, así como mediante el reconocimiento de la responsabilidad y la presentación de disculpas⁶⁶. La magnitud y las repercusiones duraderas de la trata de africanos esclavizados y la esclavitud transatlántica hacen imposible una justicia reparadora plena e impiden que la restitución remedie por completo el daño causado.

66. Artículos sobre la responsabilidad del Estado por hechos internacionalmente ilícitos, arts. 30, 35, 36 y 37. ↩

Los Estados Partes deben reconocer su participación en la esclavitud transatlántica⁶⁷, asumir su responsabilidad y conceder reparaciones a los Estados lesionados, a la comunidad internacional y a los afrodescendientes. Este reconocimiento debería guiar las negociaciones entre Estados sobre la justicia reparadora.

67. CERD/C/FRA/CO/17-19, párr. 8; CERD/C/VAT/CO/16-23, párrs. 16 y 17; CERD/C/PRT/CO/18-19, párr. 36 c); y CERD/C/GBR/CO/24-26, párr. 58 c). ↩

Los Estados deberían reconocer la soberanía y la competencia de los Estados para exigir justicia reparadora por los daños causados por la esclavitud transatlántica, así como por el legado duradero y los daños que siguen afectando a los Estados, a la comunidad internacional y a los afrodescendientes⁶⁸.

68. Véase, por ejemplo, el Plan de Diez Puntos de la CARICOM para la Justicia Reparadora. ↩

Los Estados sucesores de las antiguas colonias que mantuvieron regímenes internos de esclavitud deben rendir cuentas plenamente por sus omisiones y acciones directas. Los Estados que, en teoría, no son responsables, porque no participaron directamente en la esclavitud transatlántica, también podrían haber incumplido, no obstante, la obligación de adoptar medidas eficaces para abolirla. Es posible que contribuyeran a perpetuar las desigualdades estructurales basadas en la raza que surgieron como consecuencia de las atrocidades del pasado, o tal vez no las remediaron adecuadamente.

La Convención exige que todos los Estados Partes deroguen las leyes y políticas internas que perpetúan el racismo, las jerarquías raciales o la discriminación, o que obstaculizan la justicia reparadora por el legado de la esclavitud transatlántica. Esas leyes deben ser identificadas, reconocidas y condenadas por su carácter neocolonial, y deben derogarse o revisarse de inmediato.

Todos los Estados Partes deberían dar amplia difusión a la presente recomendación general.

Los Estados Partes deberían, en consulta con los afrodescendientes y los comités de reparaciones, elaborar y aplicar planes de acción nacionales sobre la justicia reparadora por la esclavitud transatlántica, orientados a la acción y sujetos a plazos, con parámetros de referencia específicos acordes con los objetivos de la recomendación general núm. 34 (2011) y la Declaración y el Programa de Acción de Durban.

Los Estados Partes deberían incluir en los informes que presenten al Comité, en virtud del artículo 9 de la Convención, información sobre los planes de acción y otras medidas destinadas a proporcionar justicia reparadora a los afrodescendientes por la discriminación racial derivada de la esclavitud transatlántica.

La justicia reparadora seguirá siendo una de las prioridades del Comité en su interacción con los Estados Partes y los órganos regionales, en cuyo contexto seguirá instando a la colaboración para convertir los compromisos en acciones. El Comité toma nota de que algunos Estados y organizaciones regionales han adoptado medidas para avanzar hacia la justicia reparadora, entre ellas reconocimientos y disculpas, la búsqueda de la verdad y la investigación histórica, la memorialización y la educación, la financiación específica y la elaboración de marcos y planes de acción regionales⁶⁹. Si bien acoge con satisfacción esas iniciativas, subraya que deberían elaborarse y aplicarse en consulta con los afrodescendientes y las comunidades afectadas y formar parte de marcos de justicia reparadora integrales y efectivos, dotados de recursos suficientes.

69. Véase, por ejemplo, la decisión 884 (XXXVII) de la Asamblea de la Unión Africana, en la que la Asamblea aprobó “Justicia para los africanos y los afrodescendientes mediante reparaciones” como tema para 2025; el Plan de Diez Puntos para la Justicia Reparadora de la CARICOM (revisado en 2026); la resolución 2018/2899(RSP) del Parlamento Europeo, sobre los derechos fundamentales de las personas de ascendencia africana en Europa; y las medidas adoptadas por el Gobierno del Reino de los Países Bajos tras presentar disculpas por el papel desempeñado por el Estado en la historia de la esclavitud. ↩