Recomendación general núm. 30 sobre las mujeres en la prevención de conflictos y en situaciones de conflicto y posteriores a conflictos en relación con la agenda sobre las mujeres y la paz y la seguridad

El Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer conmemora el 25o aniversario de la resolución 1325 (2000) del Consejo de Seguridad actualizando su recomendación general núm. 30 (2013), relativa a las mujeres en la prevención de conflictos y en situaciones de conflicto y posteriores a conflictos. En la presente adición, el Comité reafirma el preámbulo de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, en la que se afirma que “el fortalecimiento de la paz y la seguridad internacionales” y “la afirmación de los principios de la justicia, la igualdad y el provecho mutuo en las relaciones entre países […] promoverá […] el progreso social y el Desarrollo y, en consecuencia, contribuirá […] al logro de la plena igualdad entre el hombre y la mujer”. La presente adición se basa en los principios articulados en la recomendación general núm. 30 relativa a la participación de las mujeres en la prevención de conflictos, la consolidación de la paz, la reconstrucción posconflicto y el acceso a la justicia y la toma de decisiones en los procesos de desarme, desmovilización y reintegración. El objetivo primordial de la adición es ofrecer una orientación autorizada, plenamente conforme con la Convención, a los Estados Partes y a los agentes no estatales y garantizar que las consideraciones de género se integren en la implementación de las políticas y los programas relacionados con la paz y la seguridad, de conformidad con la resolución 2242 (2015) del Consejo de Seguridad.

Desde la aprobación de la recomendación general núm. 30, las cosas han cambiado mucho, como puede verse, por ejemplo, en la naturaleza de los conflictos, la utilización de la tecnología como arma, los cambios en la economía política mundial, la existencia de una nueva carrera armamentista, las crecientes emergencias climáticas y un entorno caracterizado por la rápida reducción de los espacios cívicos para las mujeres y la marcha atrás en sus derechos. La presente adición servirá para orientar la aplicación de la recomendación general núm. 30 en este entorno cambiante, en consonancia con la Nueva Agenda de Paz del Secretario General. La adición no crea nuevas obligaciones jurídicas internacionales o nacionales, pero revitaliza la recomendación general núm. 30, haciendo hincapié en las obligaciones actuales en virtud del derecho internacional humanitario, el derecho internacional de los derechos humanos, el derecho penal, el derecho de los refugiados, las resoluciones del Consejo de Seguridad transversales y el corpus de normas pertinentes, incluida la propia jurisprudencia del Comité, sus recomendaciones generales y sus observaciones finales.

La presente adición sirve para reiterar que esas normas deberían aplicarse en paralelo, velando por la complementariedad entre el enfoque basado en los derechos de la Convención y la resolución 1325 (2000) del Consejo de Seguridad y toda la constelación de la agenda sobre las mujeres y la paz y la seguridad, poniendo de relieve el papel vital de las mujeres en la consolidación de la paz dentro de un marco interseccional y no discriminatorio. El Comité, en asociación con otras entidades de las Naciones Unidas y organizaciones multilaterales, pretende orientar la integración de la presente adición en los planes nacionales de acción y las políticas y programas nacionales y regionales, y recomienda la dotación de recursos humanitarios y financieros que respondan a las cuestiones de género en la prevención y la resolución de conflictos.

La presente adición profundiza en la amplia cobertura de la recomendación general núm. 30 sobre los conflictos armados y no armados, las “situaciones preocupantes” que “preocupan al Comité especialmente”, como “las perturbaciones internas, la lucha civil prolongada y de baja intensidad, los conflictos políticos, la violencia étnica y comunitaria, los estados de emergencia y la represión de los levantamientos en masa, la guerra contra el terrorismo y la delincuencia organizada, que quizá no aparezcan clasificadas necesariamente como conflictos armados conforme al derecho internacional humanitario y que tienen como consecuencia violaciones graves de los derechos de la mujer”. En ella también se desarrollan las ideas expuestas en la recomendación general núm. 40 (2024), relativa a la representación igualitaria e inclusiva de las mujeres en los sistemas de toma de decisiones, en que el Comité subraya “la naturaleza cada vez más compleja y cambiante de los conflictos, las nuevas amenazas para la seguridad planteadas por las nuevas tecnologías, incluidos los ciberataques y los sistemas de armas autónomos letales impulsados por la inteligencia artificial, que también pueden exacerbar los desequilibrios de poder y los sesgos existentes, la emergencia climática, las pandemias, la creciente exploración del espacio ultraterrestre y los diversos cambios en el panorama geopolítico”, como consecuencia de lo cual “urge ampliar la agenda sobre las mujeres y la paz y la seguridad para dar respuesta a las nuevas amenazas, incluidas las que van más allá de la prevención de los conflictos armados”. En la presente adición, el Comité también subraya el carácter transversal del “impacto del cambio climático y el alcance mundial de las pandemias” (véase la resolución 2242 (2015) del Consejo de Seguridad).

En la presente adición, el Comité reitera lo que ya recomendaba en su recomendación general núm. 30: que los Estados Partes “[a]pliquen de manera exhaustiva la Convención y otros instrumentos internacionales de derechos humanos y el derecho internacional humanitario en el ejercicio de la jurisdicción territorial o extraterritorial” y “hagan efectivos los derechos garantizados por la Convención”, que se aplica tanto dentro de su territorio como fuera de él, también en las “situaciones de ocupación extranjera”.

En los últimos 25 años, la conceptualización de la violencia sexual relacionada con los conflictos en virtud del derecho internacional es significativamente más profunda, pues ha pasado de definiciones de protección basadas históricamente en estereotipos a interpretaciones más amplias y basadas en la información proporcionada por las personas supervivientes. A pesar de los avances, siguen existiendo lagunas en la aplicación de los marcos existentes en materia de las mujeres y la paz y la seguridad, como se ve en la persistente impunidad de la violencia sexual en los conflictos y la exclusión de las mujeres de los recursos legales o los regímenes de reparación, incluidas las reparaciones estructurales. El compromiso con las reparaciones transformadoras es fundamental para los procesos posconflicto sensibles al género que garanticen la no repetición. La justicia reparadora intenta abordar la justicia restitutiva y restaurativa, así como las estructuras que desencadenan los conflictos. Además, se debe prestar mayor atención a las diversas formas de violencia de género en los conflictos, más allá de la violencia sexual relacionada con los conflictos, como la persecución por razón de género y la violencia reproductiva. La creciente jurisprudencia del Comité y sus observaciones finales reflejan este cambio. Hoy en día, muchas formas de violencia de género (física, moral y psicológica) se reconocen en el derecho penal internacional, iluminado por las experiencias de las personas supervivientes.

Si bien, en su resolución 2467 (2019), el Consejo de Seguridad “[i]nsta a los comités de sanciones existentes a que [...] apliquen sanciones selectivas contra quienes cometan y ordenen actos de violencia sexual en los conflictos”, en la presente adición el Comité pone de relieve la profunda repercusión humanitaria de las medidas coercitivas unilaterales específicamente relacionada con el género. En los principios rectores sobre las sanciones, las empresas y los derechos humanos, la Relatora Especial sobre las repercusiones negativas de las medidas coercitivas unilaterales en el disfrute de los derechos humanos dejó claro que los Estados, los órganos internacionales y las empresas deben respetar los derechos humanos en todos los regímenes de sanciones. Cualesquiera respuestas deben cumplir las limitaciones dispuestas en los artículos sobre la responsabilidad del Estado por hechos internacionalmente ilícitos y los comités de sanciones deben contar con “la especialización necesaria en materia de género” (véase la resolución 2242 (2015) del Consejo de Seguridad).

En la presente adición, el Comité, si bien pone de relieve los esfuerzos por combatir la impunidad, busca ir más allá de presentar la violencia física como la experiencia primaria que tienen de los conflictos las mujeres y reconocer a las mujeres como agentes de cambio en la prevención de los conflictos y como participantes en la paz. En ella se reafirma el cambio de enfoque que se hace en la agenda sobre las mujeres y la paz y la seguridad, que se aparta de los discursos reduccionistas de victimismo, que opacan el liderazgo de las mujeres en los mecanismos de justicia y de consolidación de la paz, según la visión expuesta en la resolución 1325 (2000) del Consejo de Seguridad y sus pilares relativos a la participación, la prevención de conflictos y la consolidación de la paz. Además, en la recomendación general núm. 40, el Comité redefine la “representación igualitaria e inclusiva” como la paridad total tanto en materia de acceso como de poder en los sistemas de toma de decisiones, en especial en lo que respecta a la paz sostenible. Hasta la fecha, 16 Estados, tanto del Norte como del Sur, han adoptado una nueva política exterior feminista, que refleja una aspiración a descolonizar estructuras de poder históricamente desiguales al tiempo que promueve la agenda sobre las mujeres y la paz y la seguridad. De acuerdo con la visión expuesta en la recomendación general núm. 40, el Comité recomienda que los Estados Partes “[r]eformulen los planes nacionales de acción sobre las mujeres y la paz y la seguridad de manera que la paridad sea uno de los principios fundamentales, velando por que incorporen una política feminista en el plano tanto nacional como exterior”.

En la presente adición, el Comité prevé respuestas de nuevas partes interesadas, incluido el sector privado, vinculadas a la recomendación general núm. 40, a fin de abarcar el panorama cambiante de los conflictos, un nuevo orden económico mundial y los cambios en la dinámica de poder a nivel mundial. La inteligencia artificial, que evoluciona rápidamente, puede volver más letales los conflictos: los ciberataques basados en la inteligencia artificial pueden destruir redes, y la toma de decisiones basada en la inteligencia artificial tiene el potencial de transformar la guerra, las armas y las tácticas. Entretanto, la creciente brecha digital de género excluye a las mujeres de la toma de decisiones e impide que se aborden las repercusiones de género de la inteligencia artificial en los conflictos.

Además, con los riesgos que plantea la ciberdelincuencia, el ciberespacio es un nuevo campo de batalla. La inteligencia artificial se puede aprovechar para fraudes cibernéticos, la desinformación y el acoso en línea a las mujeres y las niñas, y puede tener un efecto escalofriante en la participación de las mujeres en la prevención de los conflictos y la consolidación de la paz.

Al mismo tiempo, los instrumentos de desarme multilateral y no proliferación —tanto voluntarios como basados en tratados— siguen siendo vitales. En la Declaración y la Plataforma de Acción de Beijing, los Estados representados en la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer acentuaron la urgente necesidad de negociaciones sobre el desarme nuclear y “la función rectora que han desempeñado las mujeres en el movimiento en pro de la paz”, instando a los Gobiernos a “apoyar las negociaciones para la concertación, sin demora, de un tratado amplio de prohibición de los ensayos nucleares, de alcance universal y verificable multilateral y efectivamente, que contribuya al desarme nuclear y a la prevención de la proliferación de las armas nucleares en todos sus aspectos”. En la resolución 1325 (2000), el Consejo de Seguridad destacó la importancia de un desarme sensible a las cuestiones de género, y en su resolución 1820 (2008), el Consejo pidió que se incluyera a las mujeres en los marcos relativos a la paz y la seguridad. El Comité, en sus observaciones finales, y la Asamblea General, en su resolución 79/57, de 2 de diciembre de 2024, sobre mujeres, desarme, no proliferación y control de armamentos, piden la participación plena, igualitaria y significativa de las mujeres en los esfuerzos encaminados a prevenir, combatir y eliminar la transferencia ilícita de armas pequeñas, reconociendo al mismo tiempo a las mujeres como actores esenciales en el control de armamentos.

Las amenazas a la seguridad nuevas y persistentes, entre ellas la “ocupación y otras formas de administración de un territorio extranjero” y “las acciones militares lícitas y o ilícitas” (recomendación general núm. 30), destacan la urgencia de incorporar una perspectiva de género a un orden mundial cambiante. La presente adición ofrece una orientación con visión de futuro para los Estados Partes y los actores no estatales y las organizaciones multilaterales para hacer frente a las amenazas a la seguridad a través de una lente interseccional cimentada en los fundamentos del estado de derecho y la Carta de las Naciones Unidas. En las secciones que siguen, el Comité explica cómo pueden aplicarse y ponerse en práctica los principios relativos a las mujeres y la paz y la seguridad, junto con recursos mejorados, en las esferas de preocupación ya existentes y en las emergentes.

De conformidad con la recomendación general núm. 40, los Estados deberían reconocer “el carácter esencial de la paridad en todos los sectores como requisito previo para garantizar la paz y la seguridad”. El Consejo de Seguridad ha observado “la falta de respuestas humanitarias apropiadas que tengan en cuenta el género y de apoyo a la función de liderazgo de las mujeres en esos entornos”, “la financiación insuficiente de las actividades en el ámbito de las mujeres, la paz y la seguridad” y “el consiguiente efecto perjudicial en el mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales” (véanse las resoluciones del Consejo de Seguridad 2242 (2015), 2467 (2019) y 2493 (2019)). Los progresos a la hora de lograr el liderazgo de las mujeres en los procesos de paz siguen siendo lentos. De acuerdo con un informe del Secretario General, en 2023, las mujeres representaban solo el 9,6 % de los negociadores (S/2024/671, párr. 22). El Comité recalca que, en virtud de la Nueva Agenda de Paz, se recomienda que el 1 % de la asistencia oficial para el desarrollo se asigne a grupos liderados por mujeres en zonas de conflicto.

Los Estados deberían posicionar la implicación de las mujeres a todos los niveles decisorios como parte integral del cumplimiento pleno de la resolución 1325 (2000) del Consejo de Seguridad. En la resolución 2493 (2019) y otras resoluciones relativas a las mujeres y la paz y la seguridad, el Consejo insta a los Estados a incluir a las mujeres en todas las etapas de la consolidación de la paz, desde las negociaciones a la reconstrucción, pasando por las elecciones y la reforma judicial. De manera similar, en la recomendación general núm. 40, el Comité refuerza el liderazgo de las mujeres en todo el ciclo de consolidación de la paz. Además, en el párrafo 59 de la recomendación general núm. 40, el Comité llama la atención sobre la participación en la labor decisoria de las mujeres con respecto a la arquitectura de “la creciente exploración del espacio ultraterrestre y los diversos cambios en el panorama geopolítico”. La participación de las mujeres en la “exploración pacífica” del espacio ultraterrestre, en virtud del Tratado sobre los Principios que Deben Regir las Actividades de los Estados en la Exploración y Utilización del Espacio Ultraterrestre, incluso la Luna y Otros Cuerpos Celestes, reforzará el espacio ultraterrestre como bien común, libre de todas las formas de discriminación. Una amenaza inminente es el espectro de la militarización del espacio. Si bien las prohibiciones sobre los ensayos nucleares y el despliegue de armas de destrucción masiva en el espacio ultraterrestre deben mantenerse, la participación de las mujeres en la retirada de órbita de satélites, la reducción de los desechos, y la enajenación responsable de naves espaciales es crucial para las misiones pacíficas de exploración y reconocimiento del espacio, y es clave para la utilización sostenible de este.

En consonancia con la resolución 2467 (2019) del Consejo de Seguridad, en que el Consejo refuerza la importancia de la justicia centrada en las personas supervivientes, se alienta a los Estados a dar prioridad a las necesidades de los supervivientes, con su consentimiento voluntario, y a la atención después de los conflictos. En ella, el Consejo promueve enfoques liderados por las personas supervivientes, recursos institucionales, como fondos para los supervivientes, e integración o asistencia al reasentamiento para las personas desplazadas y, algo crucial, también promueve el fin de la estigmatización sociocultural relacionada con la violencia de género en los conflictos.

De conformidad con la resolución 2617 (2021) del Consejo de Seguridad, los Estados deberían recabar y conservar pruebas a efectos de enjuiciamiento. En su resolución 2467 (2019), el Consejo pone de relieve los procesos de justicia que tienen en cuenta los traumas, la integridad de la información, la privacidad de los datos y la protección de los derechos de las personas vulnerables a que se filtren pruebas. En virtud del artículo 68 del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, deberían adoptarse medidas adecuadas para “proteger la seguridad, el bienestar físico y psicológico, la dignidad y la vida privada de las víctimas y los testigos”. Una parte indisociable de la justicia centrada en las personas supervivientes son los programas integrales de protección de testigos, que garantizan servicios de seguridad de los testigos y salud mental a fin de evitar la retraumatización de las víctimas y los testigos antes, durante y después de los procedimientos judiciales. Los Estados deberían alentar procesos de justicia que tengan en cuenta los traumas para recabar pruebas, obtener testimonios en condiciones de seguridad, basándose en los nuevos protocolos forenses, y potenciando la participación de las personas supervivientes y sus comunidades.

En su resolución 76/304, de 2 de septiembre de 2022, titulada “Cooperación internacional para dar acceso a la justicia, los recursos jurídicos y la asistencia a las personas que han sobrevivido a la violencia sexual”, la Asamblea General reitera la importancia de sistemas de justicia cimentados en principios centrados en las personas supervivientes: dignidad, acceso a la atención, protección frente a la estigmatización y las represalias, e inclusión significativa de las personas supervivientes en los procesos de justicia. En su Política sobre los delitos de violencia sexual y de género de 2023², la Fiscalía de la Corte Penal Internacional destaca la justicia interseccional, haciendo hincapié en la dignidad y el respeto y afirma un enfoque centrado en las personas supervivientes para la investigación y el enjuiciamiento. De manera similar, en su Política sobre el crimen de persecución por motivos de género³, con miras a lograr la plena rendición de cuentas para las personas directamente afectadas por la persecución por motivos de género, destaca la importancia de la colaboración con la sociedad civil y observa la importancia crucial de las redes para la eficacia de las investigaciones.

2. Puede consultarse en la dirección www.icc-cpi.int/news/policy-gender-based-crimes. ↩
3. Puede consultarse en la dirección at www.icc-cpi.int/news/policy-crime-gender-persecution. ↩

En el Convenio de Ginebra de 12 de agosto de 1949 relativo a la Protección debida a las Personas Civiles en Tiempo de Guerra (Cuarto Convenio de Ginebra) se hace hincapié en la protección de las mujeres frente a ataques contra su “honor”, en particular frente a la violación, unos términos que reflejan una concepción estereotípica histórica que vincula el cuerpo y la sexualidad de la mujer con el honor de su familia y su comunidad. A fin de trasladar la vergüenza y combatir la estigmatización, en consonancia con la resolución 2467 (2019) del Consejo de Seguridad, se alienta a los dirigentes nacionales y locales a desempeñar “una función más activa” en la labor de promoción comunitaria. En su resolución 76/304, relativa a la cooperación internacional para dar acceso a la justicia, los recursos jurídicos y la asistencia a las personas que han sobrevivido a la violencia sexual, la Asamblea General reconoce las aportaciones de “las organizaciones de mujeres, las de mujeres jóvenes, las de niñas, las dirigidas por jóvenes, las populares y comunitarias, los grupos del medio rural, indígenas y feministas, las defensoras de los derechos humanos, las periodistas y las profesionales de los medios de comunicación y los sindicatos” en el aumento del acceso a la justicia.

En la resolución 2242 (2015) del Consejo de Seguridad y la resolución 79/152 de la Asamblea General, de 17 de diciembre de 2024, titulada “Intensificación de los esfuerzos para prevenir y eliminar todas las formas de violencia contra las mujeres y las niñas: el entorno digital”, se reafirma la política de la tolerancia cero frente a la explotación sexual. Las políticas de tolerancia cero y las protecciones frente a las represalias e intimidación son determinantes de la participación de los testigos y los supervivientes en los procesos de justicia, que deberían poner a las personas supervivientes en el centro como protagonistas principales en los esfuerzos de rendición de cuentas.

En su primer informe temático sobre la violencia sexual relacionada con los conflictos, el Secretario General definió la “violencia sexual relacionada con los conflictos” como la “violencia sexual que ocurre durante un conflicto, o en una situación posterior a un conflicto, que guarda una relación causal directa o indirecta con el propio conflicto”, y advirtió de que esa violencia puede utilizarse como método para infligir terror, intimidación, depuración étnica o abuso por motivos de género (véase S/2010/604). En su informe anual sobre la violencia sexual relacionada con los conflictos correspondiente a 2023, el Secretario General reafirmó la importancia de adoptar un enfoque centrado en los supervivientes, poner fin a la impunidad y enjuiciar a los autores de delitos de violencia sexual y de género con el consentimiento informado de los supervivientes, y prestar servicios sensibles a las cuestiones de género (véase S/2023/413).

El Comité recuerda la causa Akayesu⁴, en que se reconoció la violación como un crimen constitutivo de acto de genocidio; la causa Ntaganda⁵, en que se reconoció la esclavitud sexual como crimen de guerra; y la causa Ongwen⁶, en que se reconoció el embarazo forzado como crimen de lesa humanidad. Si bien no todos los Estados Partes en la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer son Partes en el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, en la recomendación general núm. 30 el Comité se refiere al Estatuto de Roma, dado que es el tratado fundamental en que se establecen los crímenes más graves de trascendencia para la comunidad internacional; aquellos que constituyen una amenaza para la paz, la seguridad y el bienestar de la humanidad. La presente adición se basa en el reconocimiento que figura en la recomendación general núm. 30 de que la obligación de los Estados Partes prevista en la Convención de prevenir la violencia de género se ve reforzada por el derecho penal internacional, incluido el Estatuto de Roma, que define la violencia sexual como violación, esclavitud sexual, prostitución forzada, embarazo forzado, esterilización forzada o cualquier otra forma de violencia sexual de gravedad comparable, puede constituir un crimen de guerra, un crimen de lesa humanidad o un acto de tortura, o constituir un acto de genocidio.

4. Tribunal Penal Internacional para Rwanda, The Prosecutor v. Jean-Paul Akayesu, causa núm. ICTR-96-4-T, fallo, 2 de septiembre de 1998. ↩
5. Corte Penal Internacional, The Prosecutor v. Bosco Ntaganda, causa núm. ICC-01/04-02/06, fallo, 8 de julio de 2019. ↩
6. Corte Penal Internacional, The Prosecutor v. Dominic Ongwen, causa núm. ICC-02/04-01/15, fallo, 4 de febrero de 2021. ↩

La inclusión en el Estatuto de Roma de “cualquier otra forma de violencia sexual de gravedad comparable” abre la puerta a formas de violencia anteriormente no reconocidas (art. 7 1) g)). El derecho penal internacional, incluidas las definiciones de violencia de género y, en particular de violencia sexual, deben interpretarse de manera acorde con la Convención y con otros instrumentos de derechos humanos reconocidos internacionalmente. En la recomendación general núm. 35 (2017), relativa a la violencia por razón de género contra la mujer, por la que se actualiza la recomendación general núm. 19, el Comité observa que el Estatuto de Roma, la resolución 1325 (2000) del Consejo de Seguridad, “y las resoluciones posteriores sobre las mujeres y la paz y la seguridad, así como numerosas resoluciones del Consejo de Derechos Humanos, como la resolución 32/19, de 1 de julio de 2016, contienen disposiciones específicas sobre la violencia por razón de género contra la mujer”. Los Estados deberían reafirmar el llamamiento que se hace en la resolución 1820 (2008) del Consejo de Seguridad a la “prohibición categórica de todas las formas de violencia sexual contra los civiles” y asignar la “responsabilidad primordial” de proteger a los civiles a las partes en el conflicto.

En su resolución 2467 (2019), el Consejo de Seguridad exigió el cese completo de la violencia sexual en los conflictos. Aunque observaba que esa violencia afecta desproporcionadamente a las mujeres y las niñas, el Consejo reconocía que los hombres y los niños también eran blanco de la violencia sexual en entornos de conflicto o posconflicto. El Consejo instó a los Estados a que pusieran fin a la impunidad por la violencia sexual relacionada con los conflictos mediante el acceso a la justicia, incluidas reparaciones, y alentó a los líderes nacionales, comunitarios y religiosos a desempeñar “una función más activa de sensibilización de las comunidades contra la violencia sexual en los conflictos”. En su nota orientativa sobre las reparaciones por violencia sexual relacionada con los conflictos⁷, el Secretario General reconoció la necesidad de recursos sensibles a las cuestiones de género para la violencia sexual relacionada con los conflictos. En su resolución 2467 (2019), el Consejo reafirmó expresamente las obligaciones que incumben a las partes en el conflicto en virtud de los Convenios de Ginebra de 12 de agosto de 1949 y los Protocolos Adicionales y alertó a los Estados de su responsabilidad a la hora de garantizar la rendición de cuentas por los delitos de violencia sexual y de género en virtud del Estatuto de Roma.

7. Puede consultarse en la dirección https://digitallibrary.un.org/record/814902?ln=en&v=pdf. ↩

De acuerdo con las definiciones que figuran en la Política sobre los delitos de violencia sexual y de género, la fístula ginecológica, el sangrado vaginal, los daños permanentes al sistema reproductivo, el aborto espontáneo, los daños físicos debidos al embarazo y la crianza, las complicaciones de salud, las dolencias somáticas e infecciones de transmisión sexual, incluido el VIH y el sida, son ejemplos de consecuencias de los delitos de violencia sexual y de género. Además, deben protegerse los derechos de los niños nacidos de un matrimonio forzado, un embarazo forzado, una violación y la esclavitud sexual, y se ha de prestar la debida consideración a las madres de niños fruto de una violación, que llevan el peso de su cuidado.

En la Política sobre el crimen de persecución por motivos de género, se pone de relieve que la persecución por motivos de género “puede converger, y a menudo converge, con múltiples formas de persecución por motivos políticos, raciales, nacionales, étnicos, culturales, religiosos o de otro tipo”. De manera similar a la resolución 2467 (2019) del Consejo de Seguridad, en la política se describen la violencia sexual y de género como uno de los crímenes más graves en el Estatuto de Roma. La política contiene orientaciones para los Estados que investigan y enjuician estos delitos, observando que deberían ser una “prioridad fundamental” y que el relativismo cultural no puede ser un escudo contra los delitos de género: “[l]as contravenciones de derechos fundamentales no pueden pasarse por alto, desestimarse o justificase por motivos de cultura”. El Comité alerta a los Estados sobre el aumento de los matrimonios infantiles y la trata de personas con fines de explotación sexual en los países afectados por conflictos y recomienda que adopten medidas urgentes para prevenir esos delitos.

La violencia sexual relacionada con los conflictos no es un fenómeno aislado o episódico, sino un continuo de desigualdades estructurales que llevan a la violencia contra las mujeres, incluida violencia económica, como un acceso desigual a la propiedad y la confiscación y el acaparamiento de tierras. En la restructuración de la deuda después de un conflicto y los ajustes estructurales se debería velar por la participación de las mujeres en la toma de decesiones y se deberían abordar las repercusiones de las políticas monetarias en las que el género es un factor. Los acuerdos de paz deberían incluir la reasignación de tierras y los títulos de propiedad de las tierras para las refugiadas y las desplazadas internas. Los derechos sobre la tierra incluyen el uso de los minerales de las tierras raras en beneficio de las mujeres de las zonas rurales. Los derechos económicos de las mujeres, especialmente aquellas pertenecientes a las minorías y las mujeres indígenas, son clave para la recuperación y la sostenibilidad de la paz. Como se destaca en la Política sobre el crimen de persecución por motivos de género, “[u]n examen aislado de casos de violación y otras formas de violencia sexual o no sexual puede llevar a que se pasen por alto hechos o pautas pertinentes que revelan que estos actos se han cometido como una forma de persecución”.

En su informe de 2024, la Relatora Especial sobre la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes afirma que “[l]as agresiones sexuales cometidas por las partes beligerantes constituyen tortura en casi todos los casos” (A/79/181, párr. 21). La lista sustancial que allí figura de actos de violencia sexual que constituyen tratos o castigos crueles, inhumanos o degradantes incluye “la desnudez forzada, los abusos verbales y las amenazas de naturaleza sexual, la masturbación o la micción forzadas, los traumatismos físicos, la electrocución, la mutilación o el apuñalamiento de genitales, órganos reproductores o pechos, la violación (con penetración digital, con un objeto o con el pene), la esclavitud, las castraciones simuladas o reales y los abortos, embarazos o esterilizaciones forzados” (ibid, párr. 22). El Comité Internacional de la Cruz Roja afirma que “la violencia sexual puede utilizarse como una forma de represalia, para generar miedo, o a modo de tortura [...]. La violación se equipara con la tortura, por ejemplo cuando un funcionario del Estado la perpetra intencionalmente con el fin de obtener una confesión de la víctima”⁸.

8. Véase https://www.icrc.org/es/document/la-violencia-sexual-en-los-conflictos-armados-preguntas-y-respuestas. ↩

De acuerdo con la Política sobre Delitos de Género, la tortura “puede cometerse mediante actos de violencia sexual, reproductiva y otros actos de violencia de género si causan a la víctima o víctimas bajo la custodia o control del autor graves dolores y sufrimientos”. La Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes otorga a las víctimas el derecho incondicional a acceder a la rehabilitación y la indemnización.

El derecho a la reparación y a la indemnización de las víctimas de violaciones flagrantes de los derechos humanos está consagrado en el derecho internacional. La Convención de La Haya relativa a las Leyes y Costumbres de la Guerra Terrestre de 1907 (art. 3) y el Protocolo Adicional a los Convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949 relativo a la Protección de las Víctimas de los Conflictos Armados Internacionales (Protocolo I) (art. 91) confirman la responsabilidad del Estado de reparar las violaciones graves del derecho internacional humanitario. Además, toda parte en conflicto que viole el Protocolo I “estará obligada a indemnizar si hubiere lugar a ello”. En su resolución 2467 (2019), el Consejo de Seguridad pone de relieve la justicia centrada en las personas supervivientes, mientras que en la recomendación general núm. 30 el Comité enmarca la reparación mediante el potencial de “cambio transformador en la vida de las mujeres”.

La reparación puede adoptar la forma de restitución, indemnización, rehabilitación, satisfacción o garantías de no repetición y puede concederse individualmente o de manera combinada. En virtud del artículo 34 de los artículos sobre la responsabilidad del Estado por hechos internacionalmente ilícitos, las reparaciones constituyen obligaciones distintas de las sanciones penales. Las garantías de no repetición incluyen disculpas públicas, reconocimiento oficial de los hechos, conmemoración, homenaje a las víctimas e integración de los derechos humanos en la pedagogía.

Los Principios y Directrices Básicos sobre el Derecho de las Víctimas de Violaciones Manifiestas de las Normas Internacionales de Derechos Humanos y de Violaciones Graves del Derecho Internacional Humanitario a Interponer Recursos y Obtener Reparaciones informan la manera de entender la responsabilidad del Estado en relación con la administración de justicia a las víctimas después de los conflictos, incluido el acceso efectivo a la justicia y los recursos efectivos para las víctimas, incluida la reparación. Los procesos legales adecuados al género deben evitar la retraumatización y adaptarse a las necesidades de las mujeres que se enfrentan a formas interseccionales de discriminación para garantizar la provisión de recursos inclusivos y eficaces. Los Estados deben reforzar el nexo entre la justicia y las reparaciones establecido en la resolución 1888 (2009) del Consejo de Seguridad, tomando nota al mismo tiempo de que, en su resolución 2106 (2013), el Consejo insta a que se preste apoyo a las personas supervivientes y, en sus resoluciones 1820 (2008), 1888 (2009), 1889 (2009), 1960 (2010) y 2122 (2013), subraya la importancia de la asistencia letrada, la atención de las necesidades de las víctimas y la capacidad judicial. Tanto la justicia restitutiva como la restaurativa se centran en las personas supervivientes.

La orden de reparación dictada por la Corte Penal Internacional en la causa Físcalía c. Dominic Ongwen otorga una autoridad persuasiva, ya que perfecciona el marco de reparación para incorporar un enfoque interseccional y defender la dignidad, la no discriminación y la protección, especialmente de los niños nacidos de la violencia sexual. Además de los daños físicos, morales, materiales y comunitarios, en la sentencia, la Corte reconoció el trauma psicológico y las alteraciones en la trayectoria vital de las víctimas como daños morales. La Corte hizo hincapié en el principio de que las reparaciones deben “no hacer daño” para evitar una retraumatización. El debilitamiento del tejido social —la pérdida de rituales, costumbres y cultura— se reconoce como un daño reparable e incluye la rehabilitación colectiva basada en la comunidad, programas educativos y de lucha contra el estigma, y atención en casos de traumas.

El paso de la victimización a la acción en el acceso a la justicia es uno de los principales objetivos del Comité y debería impulsar los sistemas de justicia internacionales y nacionales. El Comité considera que el acceso a la justicia, la protección de las víctimas y el derecho a reparación forman parte de la arquitectura de la no repetición.

La preservación de la memoria histórica y los relatos de las víctimas, las personas supervivientes y los testigos en los procesos de reconciliación son fundamentales para que el conflicto no se repita. Los monumentos conmemorativos suelen construirse a imagen y semejanza de los hombres, lo que oscurece el papel de las mujeres en la consolidación de la paz y las vidas de las mujeres afectadas por la guerra. Los Estados deben abordar la invisibilidad de las mujeres en las conmemoraciones públicas y promover la paridad de género en la preservación de la memoria histórica. Los procesos de memoria histórica son una expresión de reparación y deben incluir narrativas feministas, pedagogía y una arquitectura transformadora de las formas tangibles e intangibles de conmemoración que signifiquen “nunca más” a la violencia.

El personal de mantenimiento de la paz de las Naciones Unidas tiene el mandato de proteger a la población civil dentro de sus capacidades y zonas de despliegue en un país, fortaleciendo así las capacidades de protección del gobierno local. Este mandato se ve significativamente socavado por la complicidad del personal de mantenimiento de la paz en los abusos contra las mujeres y las niñas locales, lo que constituye una violación del derecho internacional humanitario y del derecho internacional de los derechos humanos. Si surgen denuncias, en virtud de su resolución 2272 (2016), el Consejo de Seguridad exige la sustitución de todas las unidades militares o unidades de policía constituidas que participen en operaciones de mantenimiento de la paz de las Naciones Unidas si proceden de un país distinto al de la operación y si el país que aporta contingentes o fuerzas de policía no toma las medidas adecuadas para investigar o exigir responsabilidades a los autores.

La “dinámica de poder intrínsecamente desigual” entre el personal de las Naciones Unidas y los beneficiarios de la asistencia se subraya en el boletín del Secretario General relativo a las medidas especiales de protección frente a la explotación y los abusos sexuales (ST/SGB/2003/13), que prohíbe el intercambio de dinero, empleo, bienes o servicios por sexo entre el personal de las Naciones Unidas y los beneficiarios de asistencia.

El Informe Zeid (A/59/710) contenía recomendaciones al Secretario General sobre la responsabilidad colectiva de prevenir la explotación sexual por parte del personal de mantenimiento de la paz y la responsabilidad primordial de los países que aportan contingentes en ese sentido. En consonancia con la política de tolerancia cero establecida en la resolución 2242 (2015) del Consejo de Seguridad, que se extiende a los trabajadores de asistencia humanitaria, de conformidad con la resolución 77/193 de la Asamblea General, de 15 de diciembre de 2022, el Comité alienta a los Estados a que aborden la violencia sexual y de género por parte tanto de los trabajadores humanitarios y el personal de mantenimiento de la paz como contra ellos.

En su resolución 2475 (2019), el Consejo de Seguridad busca establecer salvaguardias para las personas con discapacidad en los conflictos armados y exhorta a todas las partes en los conflictos armados a que garanticen el acceso humanitario a todos los civiles, incluidos aquellos con discapacidad. El Consejo insta a los Estados a poner fin a la impunidad, garantizar la justicia e incluir a las personas con discapacidad en los esfuerzos humanitarios y de consolidación de la paz. Los Estados deben respetar la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad en los conflictos y garantizar reintegración, rehabilitación y apoyo psicosocial accesibles a las mujeres y las niñas con discapacidad.

En su resolución 1265 (1999), el Consejo de Seguridad hace hincapié en la protección de las refugiadas y su “acceso en condiciones de seguridad y sin restricciones” a la asistencia humanitaria y en “la necesidad de que los combatientes garanticen la seguridad y la libertad de circulación del personal de las Naciones Unidas y el personal asociado, así como del personal de las organizaciones humanitarias internacionales”.

Además, en el Manual del ACNUR para la Protección de Mujeres y Niñas, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados reconoció la correlación entre la protección de las refugiadas y su participación en las medidas relacionadas con la asistencia. Los servicios de salud existentes suelen ser inadecuados para las necesidades específicas de género: las necesidades de salud de las mujeres se atienden principalmente en su papel de madres. En muchos entornos de campamento, la atención primaria de la salud se centra en la salud materna, en lugar de abarcar toda la gama de servicios de atención de la salud para las mujeres.

En su resolución 2171 (2014), el Consejo de Seguridad destaca la importancia de los mecanismos de alerta temprana para prevenir situaciones que puedan dar lugar a crímenes atroces, incluidos “el genocidio, los crímenes de lesa humanidad, los crímenes de guerra y la depuración étnica”. El Consejo destaca el papel de las mujeres en la prevención de conflictos, y pide que se consideren las cuestiones relacionadas con el género en los debates sobre la prevención de conflictos y se incremente “la participación de las mujeres en todas las etapas de la mediación y la solución de los conflictos”. Se orienta a los Estados a reconocer los indicadores específicos de género, como el aumento de la violencia de género, el rapto de novias, el matrimonio infantil y la trata de personas, que pueden constituir signos tempranos de conflictos y crisis inminentes.

En su resolución 2474 (2019), el Consejo de Seguridad reconoce el impacto que tienen en las familias, especialmente en las mujeres, las personas dadas por desaparecidas como consecuencia de un conflicto armado. El Consejo destaca la importancia de que las familias puedan conocer la suerte y el paradero de sus parientes desaparecidos, en consonancia con el derecho internacional humanitario aplicable. Las consecuencias de la desaparición de personas son distintas para las personas —a menudo mujeres— que inician la búsqueda de familiares desaparecidos y se enfrentan a obstáculos legales para hacer frente a la impunidad. Las partes en un conflicto armado deben, siempre que sea posible, facilitar el acceso a la información sobre las personas desaparecidas, devolver los restos mortales a los familiares y abstenerse de realizar traslados masivos de tumbas. Los acuerdos de paz también deben incluir la búsqueda continua de personas desaparecidas.

El comercio ilícito de armas pequeñas y armas ligeras amenaza la paz mundial y afecta de manera desproporcionada a las mujeres y las niñas. Las armas pequeñas y las armas ligeras alimentan los conflictos, los desplazamientos forzados, las agresiones sexuales, el maltrato doméstico, la trata de personas y los conflictos entre agricultores y pastores. En virtud del Tratado sobre el Comercio de Armas, los Estados deben evaluar los riesgos de violencia de género antes de autorizar las transferencias o exportaciones de armas; en particular, en su artículo 7 4), el Tratado obliga a los Estados Partes exportadores a tener en cuenta el riesgo de que las armas convencionales “se utilicen para cometer o facilitar actos graves de violencia por motivos de género o actos graves de violencia contra las mujeres y los niños”. Ello hace a los Estados responsables de evaluar y prevenir los daños de género causados por el comercio de armas pequeñas y armas ligeras, dado que su proliferación puede exacerbar la vulnerabilidad a la violencia sexual y de género y suponer un obstáculo para la participación de las mujeres en la política.

En sus resoluciones 2106 (2013) y 2467 (2019), el Consejo de Seguridad hace referencia explícita al Tratado sobre el Comercio de Armas, haciendo hincapié en el papel del control de armamentos en la prevención de la violencia sexual y de género relacionada con los conflictos. El Protocolo contra la Fabricación y el Tráfico Ilícitos de Armas de Fuego, Sus Piezas y Componentes y Municiones, que complementa la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, es el instrumento mundial seminal de carácter vinculante para abordar la cuestión de las armas pequeñas y las armas ligeras y exige a los Estados Partes tipificar como delito la fabricación y el comercio ilícitos.

Como se observa en el informe elaborado en el marco del Programa de Acción para Prevenir, Combatir y Eliminar el Tráfico Ilícito de Armas Pequeñas y Ligeras en Todos Sus Aspectos, aprobado en 2001, cada vez son más los Estados que integran las consideraciones de género en el control nacional de armamentos. A nivel regional, en instrumentos como la Convención de África Central para el Control de las Armas Pequeñas y las Armas Ligeras, Sus Municiones y Todas las Piezas y Componentes que Puedan Servir para Su Fabricación, Reparación y Ensamblaje, la Declaración de Bamako relativa a una Posición Africana Común sobre la Proliferación, la Circulación y el Tráfico Ilícitos de Armas Pequeñas y Ligeras y la Convención Interamericana contra la Fabricación y el Tráfico Ilícitos de Armas de Fuego, Municiones, Explosivos y Otros Materiales Relacionados se afirma que los Estados tienen la obligación de restringir el tráfico de armas y evitar que estas entren en los mercados ilícitos. El Programa de Acción complementa esos marcos promoviendo la mejora de la legislación, la localización de armas y la cooperación internacional.

Pese a estos compromisos, la aplicación no sistemática y la fragmentación de la regulación entre las distintas jurisdicciones siguen facilitando el flujo ilícito de armas pequeñas y armas ligeras. Existe, pues una necesidad urgente de reforzar la diligencia debida de las empresas, armonizar las leyes de control de armamentos e integrar una perspectiva de género en las estrategias de desarme para abordar la repercusión desproporcionada que las armas pequeñas y las armas ligeras ilícitas tienen en las mujeres y las comunidades vulnerables. A este respecto, el Comité destaca el informe de 2024 del Secretario General sobre las mujeres y la paz y la seguridad (S/2024/671), en el que el Secretario General destaca las resoluciones 2122 (2013) y 2493 (2019) del Consejo de Seguridad y alienta a los Estados a “alinear mejor las políticas sobre las mujeres y la paz y la seguridad y sobre el control de armamentos”.

El Objetivo 16 de Desarrollo Sostenible establece el compromiso de promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y construir instituciones eficaces e inclusivas que rindan cuentas a todos los niveles. En particular, su meta 3 tiene por fin promover el estado de derecho en los planos nacional e internacional y garantizar la igualdad de acceso a la justicia para todos. Los Estados deben tomar nota de que el Objetivo 16 prevé la reducción efectiva de la corrupción, los delitos financieros y los flujos ilícitos de armas para 2030. El Objetivo también destaca el nexo entre las mujeres y la paz y la seguridad y las armas pequeñas y las armas ligeras: “El control de las armas pequeñas converge con la agenda de las mujeres, la paz y la seguridad en sus cuatro pilares interrelacionados, a saber, la participación, la prevención, la protección y el socorro y la recuperación”.

En las Directrices de género de las Naciones Unidas para los programas de acción contra las minas, se insta a los Estados a “aplicar un lente de género como parte de un enfoque integral e inclusivo durante los programas de planeación, implementación y monitoreo, para asegurar la protección de todos y todas y garantizar que “nadie quede atrás”. En su resolución 1325 (2000), el Consejo de Seguridad recalca que las necesidades especiales de las mujeres y las niñas se tengan en cuenta en relación con la remoción de minas. En la resolución 2365 (2017), una resolución dedicada específicamente a la acción contra las minas, el Consejo de Seguridad exhorta “a todas las partes en los conflictos armados a poner fin de inmediato y de manera definitiva al uso indiscriminado de artefactos explosivos en contravención del derecho internacional humanitario”.

En su resolución 58/22, de 4 de abril de 2025, el Consejo de Derechos Humanos destacó la importancia de las actividades de acción contra las minas en las operaciones de mantenimiento de la paz y las respuestas humanitarias, y pidió asistencia internacional para la atención, la rehabilitación y la reintegración de las víctimas. Un elemento fundamental de la resolución es el énfasis que pone en el impacto directo e indirecto de las minas antipersonal en las mujeres y las niñas, especialmente en el contexto de las formas interseccionales y superpuestas de discriminación y los estereotipos de género. Este es paralelo al objetivo de la agenda sobre las mujeres y la paz y la seguridad relativo a la participación y promueve la implicación de las mujeres, incluidas las mujeres con discapacidad, en los programas de acción contra las minas.

Con la aprobación por la Asamblea General del Marco Global para la Gestión de las Municiones Convencionales durante Todo el Ciclo de Vida, los Estados se han comprometido a aumentar la transparencia en las transferencias de municiones para prevenir la violencia de género. En virtud del Marco, se alienta a los foros de control de armamentos a centrarse en apoyar las perspectivas de género en el control de armamentos. En 2024, el Secretario General destacó que las transferencias de armas sirven como alertas tempranas de la violencia sexual relacionada con los conflictos y abogó por que se fortalecieran los mecanismos de evaluación. También pidió mejor “aplicación de los embargos de armas, la mejora de la localización de estas y el mantenimiento de la rendición de cuentas en sus exportaciones en relación con los contextos en que prevalece la violencia de género” (S/2024/671, párr. 53).

La Convención sobre Municiones en Racimo incluye una referencia a la necesidad de prestar asistencia a las víctimas teniendo en cuenta las cuestiones de género. En el Plan de Acción de Lausana, aprobado en la Segunda Conferencia de Examen de la Convención sobre Municiones en Racimo, los Estados se comprometieron a: promover una participación inclusiva y equilibrada en materia de género en las actividades de aplicación; integrar las consideraciones de género y diversidad en las operaciones de desminado; reunir y analizar datos desglosados para orientar las iniciativas de educación; y velar por que las iniciativas de asistencia a las víctimas estén adaptadas a las necesidades específicas de cada edad, género y discapacidad.

Según el comentario de 2017 sobre el artículo 1 común de los Convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949⁹, las Altas Partes Contratantes están obligadas a “abstenerse de transferir armas cuando cabe suponer [...] que las armas se utilizarán para violar los Convenios”. Lo mismo se dispone en el artículo 6 3) del Tratado sobre el Comercio de Armas, que prohíbe la autorización de transferencias de armas en esas mismas condiciones. Los Estados deben tener en cuenta estas determinaciones normativas destinadas a prevenir la violencia sexual y de género relacionada con los conflictos que surge del comercio de armas pequeñas y armas ligeras. En la Quinta Conferencia de los Estados Partes en el Tratado sobre el Comercio de Armas, celebrada en 2019, los Estados Partes acordaron esforzarse por lograr el equilibrio de género en sus delegaciones.

9. Véase https://ihl-databases.icrc.org/es/ihl-treaties/gcii-1949/article-1/commentary/2017#_Toc444869293. ↩

Los Estados deben reconocer el hincapié que se hace en la resolución 2467 (2019) del Consejo de Seguridad relativa al nexo entre el comercio de armas y la violencia de género: “el Estado Parte exportador tendrá en cuenta el riesgo de que las armas convencionales se utilicen para cometer o facilitar actos graves de violencia por motivos de género [...] contra las mujeres y los niños”. Leída en conjunción con la resolución 2467 (2019) del Consejo de Seguridad, la resolución 1820 (2008) establece un paradigma de rendición de cuentas que puede ampliarse para abarcar a todas las partes en un conflicto armado, incluidos los Estados que financian indirectamente la violencia de género por medio del comercio de armas o de minerales conflictivos. Se alienta a los Estados a que armonicen mejor sus políticas con la agenda sobre las mujeres y la paz y la seguridad y a que prioricen la participación de las mujeres en el control de armamentos, dado que “menos de la cuarta parte de los 110 planes de acción nacionales sobre las mujeres y la paz y la seguridad incluyen referencias a medidas de desarme y control de armamentos en el marco de seguimiento” (S/2024/671, párr. 54).

Los ataques contra las defensoras de los derechos humanos de las mujeres y las niñas, las activistas por la paz, las defensoras de los derechos ambientales y las estudiantes activistas no solo violan los derechos fundamentales protegidos por el derecho internacional de los derechos humanos, sino que también reducen el espacio cívico y erosionan las perspectivas de una paz sostenible y una solución inclusiva de los conflictos. De conformidad con la Declaración sobre el Derecho y el Deber de los Individuos, los Grupos y las Instituciones de Promover y Proteger los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales Universalmente Reconocidos, todas las personas, incluidos los estudiantes, tienen derecho a promover y proteger los derechos humanos sin miedo a represalias. En virtud de su artículo 12, se insta a los Estados a proteger a todos los defensores de los derechos humanos, entre otras cosas, frente a la violencia, las amenazas, las represalias y la discriminación.

Como complemento a estas normas, en la recomendación general núm. 30, el Comité destaca la importancia de proteger a las defensoras de los derechos humanos en situaciones de conflicto y posconflicto, mientras que su recomendación general núm. 40 tiene por objeto garantizar la participación de las mujeres en condiciones de igualdad en todos los ámbitos de la vida pública, incluido el activismo.

El papel de los estudiantes en el activismo por el cambio climático y la paz ha creado un enfoque con visión de futuro, a largo plazo y sistémico para la justicia. En su resolución 2419 (2018), el Consejo de Seguridad reconoce la intersección entre las mujeres y la paz y la seguridad y los jóvenes y la paz y la seguridad, así como la importancia del liderazgo de las jóvenes en la consolidación de la paz. En sus resoluciones 2250 (2015), 2419 (2018) y 2535 (2020), el Consejo reconoce la contribución de los jóvenes a la prevención y solución de conflictos, y en la resolución 2419 (2018) pide que se preste “especial atención a la inclusión de las mujeres jóvenes”. En su informe de 2024 sobre los jóvenes y la paz y la seguridad, el Secretario General señala que cuestiones como el aumento de las “amenazas digitales y los conflictos armados, junto con la reducción del espacio cívico” generan “una profunda inquietud en lo que atañe a la protección de los jóvenes” (S/2024/207, resumen). La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos ha advertido contra los cortes de Internet y los apagones digitales durante conflictos civiles¹⁰.

10. Véase https://news.un.org/en/story/2026/01/1166813. ↩

Las Altas Partes Contratantes de la Convención para la Protección de los Bienes Culturales en caso de Conflicto Armado deben abstenerse de cualquier acto de hostilidad contra monumentos históricos, obras de arte o lugares de culto que constituyan el patrimonio cultural o espiritual de los pueblos.

En su resolución 2347 (2017), el Consejo de Seguridad condenó la destrucción ilícita del patrimonio cultural y el saqueo y contrabando de bienes culturales procedentes de yacimientos arqueológicos, museos, bibliotecas, archivos y otros lugares por parte de terroristas y extremistas violentos. La destrucción de bienes culturales con intención discriminatoria puede constituir un crimen de lesa humanidad, y la destrucción intencionada de bienes y símbolos culturales y religiosos puede considerarse una prueba de la intención de destruir a un grupo en virtud de la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio (Convención contra el Genocidio). En muchas culturas, las mujeres actúan como custodias transgeneracionales del patrimonio cultural material e inmaterial. Si bien los ataques a la cultura pueden basarse en la misoginia, los derechos de las mujeres y las niñas pueden quedar subordinados a una interpretación patriarcal de la cultura. Las defensoras de los derechos culturales deben tener derecho a reivindicar la interpretación de la cultura en el pleno ejercicio de sus derechos a participar y proteger la vida cultural sin discriminación.

Si bien las industrias extractivas suponen un riesgo para las industrias frágiles y los recursos naturales no renovables, como el petróleo, el gas, los minerales y la madera, también tienen repercusiones profundamente relacionadas con el género, como la violencia sexual contra las mujeres y el desplazamiento o la explotación de las mujeres en las comunidades mineras. Los Estados y las empresas transnacionales y nacionales deben hacer un seguimiento y combatir los daños relacionados con el género causados por las industrias extractivas.

En su resolución 2467 (2019), el Consejo de Seguridad destaca el vínculo entre la violencia sexual relacionada con los conflictos y el comercio ilícito de recursos naturales, incluidos los minerales conflictivos. El Consejo reconoce la necesidad de que los actores del sector privado garanticen que los ingresos procedentes de los materiales adquiridos para sus procesos de producción no financien a grupos armados que perpetúan el conflicto y la violencia sexual en situaciones de conflicto y posconflicto, y reitera “su exigencia de que todas las partes en un conflicto armado pongan fin de inmediato y por completo a todos los actos de violencia sexual y su llamamiento a esas partes para que asuman y cumplan compromisos específicos con plazos concretos para combatir la violencia sexual”.

El uso de la inseguridad alimentaria y el hambreamiento como métodos deliberados de guerra son retos recurrentes en los conflictos modernos que afectan de manera desproporcionada a las mujeres y los niños. En las zonas de conflicto, las mujeres, como cuidadoras principales, son especialmente vulnerables y a menudo corren el riesgo de sufrir violencia sexual mientras buscan alimentos para su familia. Los ataques deliberados contra cultivos, fuentes de agua y mercados de alimentación agravan estas condiciones, empujando a unas comunidades que ya son frágiles hacia la hambruna. Las consecuencias de esa privación son estructurales, no meramente temporales; desembocan en crisis de salud a largo plazo y en un aumento de la mortalidad materna.

Los Estados deben tomar nota del preámbulo de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, en el que se expresa la preocupación de que “en situaciones de pobreza la mujer tiene un acceso mínimo a la alimentación, la salud, la enseñanza, la capacitación y las oportunidades de empleo, así como a la satisfacción de otras necesidades”. En virtud del artículo 14 2) h), los Estados tienen la obligación de garantizar que las mujeres puedan disfrutar de condiciones de vida adecuadas. De acuerdo con el Programa Mundial de Alimentos, casi el 60 % de las personas que padecen hambre grave son mujeres y niñas¹¹.

11. Véase https://wfpusa.org/work/people/women/. ↩

La aprobación de la resolución 2417 (2018) supuso la primera vez que el Consejo de Seguridad reconocía la relación entre el hambre y los conflictos. El Consejo afirmó que privar intencionadamente a la población civil de alimentos, ya sea mediante ataques a la infraestructura agrícola o negándole asistencia humanitaria, constituye un método de guerra según el derecho internacional humanitario, lo que refuerza el artículo 54, relativo a la prohibición del hambreamiento como método de guerra, del Protocolo Adicional I a los Convenios de Ginebra de 1949.

La denegación deliberada del acceso a la alimentación y el agua es abominable y viola el derecho internacional de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario relativo a la protección de los civiles en tiempos de guerra. El Protocolo Adicional a los Convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949 relativo a la Protección de las Víctimas de los Conflictos Armados Sin Carácter Internacional (Protocolo II) prohíbe los ataques contra bienes indispensables para la supervivencia de la población civil (art. 14) y dice lo siguiente: “Cuando la población civil esté padeciendo [...] por la falta de abastecimientos indispensables para su supervivencia [...], se emprenderán [...] acciones de socorro”, en determinadas condiciones (art. 18). En la Convención contra el Genocidio, la definición de genocidio incluye el “[s]ometimiento intencional del grupo a condiciones de existencia que hayan de acarrear su destrucción física, total o parcial”. Ello se refuerza en el Estatuto de Roma, en su artículo 8 2) b) xxv), que tipifica como delito el uso del hambre como método de guerra, lo que incluye la privación de alimentos, agua y otros objetos esenciales para la supervivencia de la población civil.

En su resolución 2730 (2024), el Consejo de Seguridad condena “la denegación ilícita del acceso humanitario y la privación a la población civil de bienes indispensables para su supervivencia, que obstaculizan el suministro de socorro y el acceso para llevar a cabo labores de respuesta a la inseguridad alimentaria originada por conflictos en situaciones de conflicto armado” y considera que esos actos pueden constituir una violación del derecho internacional humanitario. El Consejo recuerda el Protocolo Adicional I a los Convenios de Ginebra de 1949, que prohíbe hacer padecer hambre a los civiles como método de guerra y protege los bienes “indispensables para la supervivencia” de los civiles. En virtud del Protocolo I, los “bienes indispensables” se definen como “los artículos alimenticios y las zonas agrícolas que los producen, las cosechas, el ganado, las instalaciones y reservas de agua potable y las obras de riego”. Los Estados deben tener en cuenta que el derecho internacional humanitario consuetudinario exige que las partes en conflicto permitan y faciliten el paso rápido y sin obstáculos de la asistencia humanitaria a los civiles que la necesitan, sin perjuicio de su derecho de control (norma 55). El Fondo de Población de las Naciones Unidas considera que el acceso a productos de higiene menstrual es indispensable para la supervivencia en tiempos de conflicto.

En sus resoluciones 1502 (2003) y 2175 (2014), el Consejo de Seguridad volvió a hacer hincapié en la seguridad y protección del personal humanitario en la coordinación de la asistencia humanitaria de emergencia. Los ataques contra los trabajadores de la salud, incluidas las enfermeras, son repugnantes a la luz del derecho internacional humanitario.

En virtud del Cuarto Convenio de Ginebra y del Protocolo Adicional I a los Convenios de Ginebra de 1949, los refugiados y los apátridas son “personas protegidas”. Todos los no combatientes, con independencia de su nacionalidad, están protegidos por todas las disposiciones del derecho humanitario aplicables a los civiles en tiempo de guerra (Protocolo I, arts. 50 y 73). Esta protección se aplica con independencia de la condición de refugiado o desplazado. El Cuarto Convenio de Ginebra prohíbe expresamente el traslado forzoso de civiles de su propio territorio, sea cual fuere el motivo: “[l]os traslados en masa o individuales, de índole forzosa, así como las deportaciones de personas protegidas del territorio ocupado al territorio de la Potencia ocupante o al de cualquier otro país, ocupado o no, están prohibidos” (art. 49). La Convención contra el Genocidio menciona “[t]raslado por fuerza de niños del grupo a otro grupo” como acto de genocidio. El traslado de niños, incluidas niñas, resalta la dimensión de género del crimen de genocidio.

En sus resoluciones relativas a las mujeres y la paz y la seguridad, el Consejo de Seguridad observa que las desigualdades de género a menudo se agravan durante los desplazamientos forzados, cuando aumenta la exposición a la violencia de género y disminuye el acceso a los recursos. En la recomendación general núm. 30 y en los Principios Rectores sobre el Desplazamiento Internos, de 1998, se advierte de que los traslados forzados desintegran las familias y las redes de parentesco, lo que da lugar a nuevos riesgos para las mujeres y las niñas, en particular para las mujeres embarazadas, las que son cabeza de familia, las mujeres de edad y las mujeres con discapacidad. El Protocolo para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas, Especialmente Mujeres y Niños, que complementa la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional aprobada en 2000, también destaca los riesgos de trata a que se enfrentan las mujeres y las niñas desplazadas. Los tratados de paz deben aclarar la prevención de los traslados forzados masivos y empoderar a las mujeres como responsables de la toma de decisiones.

Los principios cardinales del derecho internacional humanitario de distinción, proporcionalidad y precaución exigen a las partes en un conflicto armado hacer “distinción en todo momento entre población civil y combatientes, y entre bienes de carácter civil y objetivos militares” (Protocolo Adicional I a los Convenios de Ginebra de 1949, art. 48). De conformidad con el artículo 56 del Cuarto Convenio de Ginebra, las Potencias ocupantes, con la cooperación nacional y local, deben mantener los servicios médicos y de salud pública y combatir la propagación de enfermedades contagiosas. En 2016, el Consejo de Seguridad aprobó por unanimidad la primera resolución sobre la atención médica en los conflictos armados, en la que observa que los ataques intencionados contra los hospitales y el personal médico constituyen violaciones del derecho humanitario (véase la resolución 2286 (2016)). El Consejo también pidió que se garantizara el paso sin trabas del personal médico y humanitario dedicado exclusivamente a misiones médicas, así como de su equipo y de medicamentos, a todas las personas necesitadas.

En consonancia con la resolución 2286 (2016) del Consejo de Seguridad, el personal médico debe desempeñar sus funciones con “independencia [...] moral, con compasión y respeto de la dignidad humana”. En un informe elaborado por una comisión internacional independiente de investigación de las Naciones Unidas en que se abordaban los ataques deliberados contra centros de salud sexual y reproductiva, la “violencia reproductiva” se definía como una forma diferenciada de violencia de género dirigida contra la autonomía y la capacidad reproductiva mediante actos u omisiones nocivos. La comisión de investigación indicó que este tipo de violencia está prohibida por la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio. La Convención contra el Genocidio menciona las “[m]edidas destinadas a impedir los nacimientos en el seno del grupo” como un acto de genocidio.

En la recomendación general núm. 30, el Comité pide una respuesta nacional a la violencia de género y el VIH, en consonancia con la resolución 2106 (2013) del Consejo de Seguridad. En ella se insta a los Estados a proporcionar servicios de salud reproductiva sin discriminación. En su resolución 2122 (2013), el Consejo pide que se preste toda la gama de servicios a las mujeres afectadas por conflictos armados, incluidos servicios de salud para atender los embarazos resultantes de violaciones.

Los servicios de salud mental y psicosocial en las respuestas humanitarias y los servicios de atención de emergencia en situaciones de conflicto y posconflicto fueron respaldados por los Estados en sus declaraciones realizadas durante la sesión del Consejo de Seguridad celebrada el 25 de marzo de 2022 con arreglo a la fórmula Arria sobre el tema “Garantizar el acceso a la salud mental y al apoyo psicosocial en situaciones de conflicto y de posconflicto y en contextos humanitarios” (véase A/76/854-S/2022/456). En consonancia con la resolución 1889 (2009) del Consejo, se debe alentar a los Estados a que proporcionen acceso a los servicios de salud mental, así como a servicios de salud sexual y reproductiva y a los derechos reproductivos.

En su resolución 2565 (2021), el Consejo de Seguridad reconoció que los conflictos armados y las pandemias pueden exacerbarse mutuamente. El Consejo puso de relieve la necesidad de la colaboración internacional “en particular posibilitando en todo el mundo el acceso equitativo a pruebas diagnósticas, tratamientos, medicamentos y vacunas de calidad, inocuos, eficaces y asequibles, y a las tecnologías sanitarias esenciales”. Si bien en la recomendación general núm. 30 el Comité hace referencia a “situaciones preocupantes” y “estados de emergencia”, los Estados deben tener en cuenta que, en la recomendación general núm. 40, se destacan específicamente las pandemias y se hace hincapié en el nexo entre la agenda sobre las mujeres y la paz y la seguridad y el liderazgo de las mujeres a la hora de evitar las pandemias.

El terrorismo y el extremismo violento afectan a los derechos humanos de las mujeres y las niñas, incluidas su salud, su educación y su participación en la vida pública. Los grupos extremistas con frecuencia explotan las normas hipermasculinas nocivas en su discurso y en el reclutamiento de mujeres y niñas.

En su resolución 2242 (2015), el Consejo de Seguridad insta a una mayor integración de la agenda sobre las mujeres y la paz y la seguridad en los esfuerzos para contrarrestar el extremismo violento y aboga por políticas basadas en datos empíricos sobre la participación de las mujeres en las estrategias de lucha contra el terrorismo y la recopilación de datos para medir la forma en que esas estrategias afectan a los derechos humanos de las mujeres y las organizaciones de mujeres.

En la misma resolución, el Consejo de Seguridad también expresa su intención de invitar a las organizaciones de mujeres a informar al Consejo sobre las situaciones de países concretos y esferas temáticas pertinentes y reitera la importancia de que los hombres y los niños colaboren para promover la participación de las mujeres en los procesos de paz. Si bien la igualdad de género en la comunidad y una perspectiva de género en materia de seguridad pueden ayudar a prevenir el extremismo violento, los esfuerzos por incluir a las mujeres y las organizaciones de mujeres en las actividades de prevención del extremismo violento pueden correr el riesgo de reducir a lo esencial e instrumentalizar a las mujeres en la militarización excesiva del Estado. Los Estados deben evitar la caracterización negativa en función del género, la raza, la etnia y la religión, así como la reproducción de estereotipos que puedan alimentar discursos violentos. Deben formularse estrategias inclusivas para prevenir el extremismo violento en consulta y colaboración con las organizaciones de mujeres.

La violencia educativa puede entenderse como la denegación deliberada de la educación, que se manifiesta a través del cierre de escuelas para mujeres y niñas, los ataques a escuelas, la militarización de las instituciones educativas y las políticas excluyentes dirigidas contra las mujeres y las niñas, incluida la eliminación sistemática de la educación de las mujeres y su acceso al aprendizaje y al conocimiento, en violación de su autonomía y empoderamiento intelectuales. De conformidad con la observación general núm. 13 (1999) del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, relativa al derecho a la educación, y la recomendación general núm. 36 (2017) del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, relativa al derecho de las niñas y las mujeres a la educación, la educación es un “derecho del ámbito de la autonomía de la persona” inseparable de otros derechos. En su resolución 2601 (2021), la resolución fundamental que protege la educación en los conflictos, el Consejo de Seguridad destaca el alarmante aumento de este tipo de ataques y señala sus insidiosas repercusiones para la paz y la seguridad mundiales. Si bien la educación de las niñas sirve para reducir la prevalencia del matrimonio infantil durante los conflictos, la educación para la paz sensible al género y la independencia académica son herramientas para la prevención de conflictos.

Los ataques contra las escuelas de niñas y la denegación deliberada y generalizada de la educación de las niñas y las mujeres por motivos de género constituyen violaciones del derecho a la igualdad en la educación en virtud de la Convención Interamericana para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra las Personas con Discapacidad y, en situaciones de conflicto armado, pueden constituir violaciones del derecho internacional humanitario, como se establece en los Convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949. La violencia educativa relacionada con los conflictos, como forma sistémica de discriminación de género, puede constituir un crimen de lesa humanidad, concretamente, persecución por motivos de género. De conformidad con el artículo 7 2) g) del Estatuto de Roma, por “persecución” se entenderá la privación intencional y grave de derechos fundamentales en contravención del derecho internacional en razón de la identidad del grupo o de la colectividad.

La Declaración sobre Escuelas Seguras de 2015 contiene un llamamiento a la adopción de medidas de protección contra el uso militar de las instalaciones educativas y a la investigación y el enjuiciamiento de esas violaciones. En su resolución 2601 (2021), el Consejo de Seguridad expresa su grave preocupación por que las partes en conflicto sigan “infringiendo con impunidad las disposiciones pertinentes del derecho internacional aplicable”, incluidos “los ataques contra escuelas y su infraestructura”, el “secuestro de niños”, especialmente niñas, y el “uso de escuelas con fines militares”. Los Estados deben tener en cuenta que, en la resolución 2601 (2021), el Consejo hace hincapié en los riesgos que corren las niñas debido a los ataques contra las escuelas y la violencia sexual en la escuela o en el trayecto hacia y desde esta. Las escuelas son un poderoso símbolo de la dignidad humana, y a menudo se niega el acceso a ellas a las mujeres y las niñas como arma de guerra.

En julio de 2025, la Corte Penal Internacional dictó órdenes de detención contra los líderes de los talibanes. Esta era la primera vez que la Fiscalía imputaba por sí solo el delito de persecución por motivos de género. La Corte sostiene que existen motivos razonables para creer que se ha cometido un crimen de lesa humanidad según lo dispuesto en el artículo 7 1) h) del Estatuto de Roma, de persecución por motivos de género, dirigida no solo contra las mujeres y las niñas, sino también contra quienes son percibidos como sus aliados. Ello abre la puerta a la persecución por motivos de género como cargo independiente en la lucha contra la impunidad. Para lograr la plena rendición de cuentas por los delitos de género, en la recomendación general num. 40, el Comité reconoce que es crucial tipificar el delito de “apartheid de género”.

La revolución de la inteligencia artificial y la transformación digital están remodelando el panorama mundial de los conflictos. El Comité reconoce que la tecnología ofrece herramientas fundamentales para el empoderamiento de las mujeres en situaciones de conflicto, entre otras cosas para detectar los primeros indicios de conflicto y documentar los actos de violencia, por ejemplo, utilizando el reconocimiento de patrones para detectar casos de trata de mujeres y recopilar pruebas forenses sobre la violencia sexual, por medio del análisis de datos y la investigación forense digital.

Una nueva y creciente brecha, la brecha algorítmica, amenaza la igualdad de género a nivel mundial. Las mujeres que carecen de acceso a los sistemas de inteligencia artificial y a la gobernanza de datos pueden quedar excluidas de la reconstrucción y la seguridad después de los conflictos. Esta brecha es particularmente grave cuando el acceso de las mujeres a la electricidad, el agua, Internet, la penetración de la telefonía móvil, la infraestructura algorítmica y los recursos computacionales es limitado. La elaboración de nuevas normas mundiales relativas a la inteligencia artificial resulta útil para abordar las asimetrías de género en la prevención de conflictos. En el Pacto Digital Global, aprobado por la Asamblea General en 2024 (resolución 79/1, anexo I), los Estados Miembros asumieron el compromiso de garantizar la privacidad y la seguridad de los datos, así como la gobernanza de estos. En su resolución 78/265, de 21 de marzo de 2024, titulada “Aprovechar las oportunidades de sistemas seguros y fiables de inteligencia artificial para el desarrollo sostenible”, la Asamblea destaca la importancia de proteger los derechos humanos, velar por “la gobernanza de sistemas seguros y fiables de inteligencia artificial” y mitigar “el sesgo codificado en los conjuntos de datos” y luchar contra la discriminación [...] de los algoritmos” y “[r]esuelve salvar la brecha en materia de inteligencia artificial y otras brechas digitales entre los países y dentro de ellos”, al tiempo que vela por que las transferencias de tecnología beneficien a todos al acelerar el logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

La violencia contra las mujeres y las niñas facilitada por la tecnología sigue generando nuevas y generalizadas formas de violencia, como el intercambio no consentido de imágenes íntimas, el doxing, la cibertrata, la extorsión sexual y las ultrafalsificaciones. Las plataformas digitales también son explotadas por la machoesfera para difundir desinformación y noticias falsas generizadas antes, durante y después de los conflictos. Los discursos de odio dirigidos pueden tener un efecto disuasorio en la participación de las mujeres en la consolidación de la paz, y la ciberviolencia, en particular los ataques contra mujeres líderes políticas en tiempos de crisis, requiere medidas que tengan en cuenta las cuestiones de género y el cumplimiento de las obligaciones de diligencia debida por parte de las plataformas tecnológicas y las empresas. La resolución 49/21 del Consejo de Derechos Humanos y el informe de la Relatora Especial sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y de expresión correspondiente a 2023 (A/78/288) ponen de relieve el papel del género en relación con la información errónea, que a menudo se magnifica durante los conflictos y las emergencias, y destacan específicamente los ataques contra las líderes, las defensoras de los derechos humanos, incluidas las defensoras de los derechos de las mujeres lesbianas, bisexuales, transgénero e intersexuales, y las periodistas.

La violencia digital impulsada por la inteligencia artificial está cambiando rápidamente. Desde los medios sintéticos hasta la realidad virtual, la violencia de género está surgiendo en formas imprevistas, en paralelo a la violencia de género en el mundo real. El ciberespacio también puede servir como plataforma para que los ciberdelincuentes ataquen, secuestren y sometan a las mujeres a trata con fines terroristas. Por ejemplo, el Dáesh, Boko Haram y otros grupos utilizan plataformas de medios sociales, incluidos videos, blogs y mensajes en redes sociales, para reclutar a chicas jóvenes.

Las estafas y los delitos cibernéticos causan trastornos a nivel mundial y afectan a los más vulnerables, incluidas las mujeres de edad. La Alianza Mundial contra el Fraude (GASA, por sus siglas en inglés) estima que las pérdidas mundiales debidas a fraudes ascienden a más de 1 billón de dólares al año. Las violaciones de la seguridad de los datos, la denegación de servicio distribuida, los programas espía, los programas secuestradores y los programas maliciosos tienen un impacto diferencial en el uso de la telefonía móvil por parte de las mujeres y su conectividad.

El Comité exige marcos regulatorios y se basa en sus recomendaciones generales, en particular la recomendación general núm. 35, en que dispuso que la violencia de género “se manifiesta en [...] entornos tecnológicos, y trasciende las fronteras nacionales en el mundo globalizado contemporáneo”; la recomendación general núm. 38 (2020), relativa a la trata de mujeres y niñas en el contexto de la migración mundial, en que destacó la utilización de la tecnología digital para la trata; y la recomendación general núm. 40, en que alertó a los Estados sobre “las nuevas amenazas para la seguridad planteadas por las nuevas tecnologías”. En vista del continuo de violencia de género antes, durante y después de los conflictos, la asimetría de género en la fuerza laboral dedicada a la inteligencia artificial puede ser una de las causas fundamentales de la explosión de la violencia contra las mujeres y las niñas facilitada por la tecnología.

El ciberespacio es un campo de batalla sin fronteras cada vez mayor. Con la nueva era que introduce la inteligencia artificial surgen riesgos impredecibles, en especial en la guerra. Los agresores aprovechan el contenido generado por la inteligencia artificial y los chatbots para perfeccionar sus tácticas. El mapeo facial, la realidad virtual y las herramientas generativas distorsionan los conflictos. Las herramientas de vigilancia facilitadas por la inteligencia artificial y las imágenes generadas utilizando esa tecnología en los medios de comunicación pueden aumentar los instrumentos para hacer la guerra.

En su informe de políticas sobre la Nueva Agenda de Paz, el Secretario General destaca los peligros de la tecnología militar no regulada, incluida la militarización de las aplicaciones de las tecnologías digitales. El uso de la inteligencia artificial para tomar decisiones de selección de objetivos en drones y sistemas de armas autónomos letales suscita preocupación por los sesgos de género que la inteligencia artificial incorpora. Los algoritmos solo tienen la fiabilidad de los datos que se utilizan para entrenarlos. Los sistemas de inteligencia artificial requieren conjuntos de datos masivos, y numerosos estudios revelan sesgos de género en los datos y asimetría de género entre los diseñadores de sistemas. Las consecuencias del sesgo codificado se acentúan en las aplicaciones militares y podrían exponer a las mujeres a riesgos diferenciados. La integración de nuevas tecnologías en la guerra podría magnificar los prejuicios de género. Los grandes modelos lingüísticos y los sistemas de aprendizaje automático pueden basarse en datos de entrenamiento históricamente sesgados, lo que puede dar lugar a una clasificación errónea de los objetivos y a la identificación errónea de mujeres en las zonas de conflicto. Tanto en los conflictos actuales como en los previsibles, las máquinas están cada vez más preparadas para tomar decisiones autónomas con consecuencias letales, lo que suscita profundas preocupaciones jurídicas, éticas y humanitarias.

El Secretario General ha pedido que se negocie un tratado jurídicamente vinculante para prohibir y regular los sistemas de armas autónomos letales a más tardar en 2026. La Asamblea General ha expresado su preocupación por el uso militar de la inteligencia artificial, mencionando el potencial de daños generizados derivados de unos conjuntos de datos históricamente sesgados y la discriminación algorítmica en el desarrollo y el despliegue de sistemas de armas autónomos letales (véase la resolución 80/57, de 1 de diciembre de 2025). En sus comunicaciones al Secretario General para la preparación de su informe sobre esos sistemas correspondiente a 2024 (A/79/88), varios Estados destacaron que las consecuencias del sesgo en el aprendizaje automático pueden amplificarse en la guerra, dando lugar a ataques involuntarios contra mujeres civiles, y que el desarrollo de sistemas de armas autónomos letales debe cumplir con los principios del derecho internacional humanitario de distinción, proporcionalidad y precaución.

Alertando sobre los peligros del armamento nuclear, el Secretario General ha advertido de que “la humanidad está en el filo de la navaja”¹². Las armas nucleares plantean amenazas específicas, más graves y desproporcionadas para las mujeres y las niñas, en especial en los conflictos y después de estos. Las mujeres embarazadas expuestas a la radiación se enfrentan a mayores índices de mortalidad materna, muertes prenatales y niños nacidos con discapacidades congénitas. El preámbulo de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer incluye un llamamiento al “desarme general y completo, en particular el desarme nuclear bajo un control internacional estricto y efectivo”.

12. Véase www.armscontrol.org/act/2024-07/features/un-chief-says-humanity-nuclear-knifes-edge. ↩

El Tratado sobre la No Proliferación de las Armas Nucleares es la base del régimen mundial de no proliferación nuclear, cuyo objetivo es promover la no proliferación, el desarme y los usos pacíficos de la energía nuclear. El Tratado sobre la No Proliferación fue el primer acuerdo nuclear internacional sensible al género, pues reconocía los efectos desproporcionados de la radiación en función del género y los daños físicos y psicológicos de la producción y los ensayos nucleares en las mujeres y las niñas. La expiración de los tratados de reducción de armas estratégicas y la creciente carrera mundial por adquirir nuevas armas marcan un momento grave para las mujeres y la paz y la seguridad. Al abordar la amenaza de un conflicto nuclear, el Comité pide la representación equitativa de las mujeres en la negociación de los marcos sucesores y el diálogo entre las potencias nucleares.

El cambio climático agrava la desigualdad existente y tiene un impacto desproporcionado en las mujeres y las niñas. Tras los desastres climáticos, se intensifican los riesgos de violencia de género, incluido el matrimonio infantil. El cambio climático puede aumentar el riesgo de conflictos en contextos caracterizados por un bajo desarrollo económico, una elevada dependencia económica de actividades sensibles al clima, una marginación social elevada o creciente y una gobernanza frágil (Climate Change 2022: Impacts, Adaptation and Vulnerability, resumen técnico). En la recomendación general núm. 40, el Comité destaca el papel de las mujeres en la lucha contra las nuevas amenazas emergentes, como las emergencias climáticas, y, en la recomendación general núm. 37 (2018), relativa a las dimensiones de género de la reducción del riesgo de desastres en el contexto del cambio climático, el Comité ofrece una orientación significativa para vincular el cambio climático con la desigualdad estructural de género y la justicia, y sitúa a las mujeres como líderes climáticas en lugar de meras víctimas.

La participación plena e igualitaria de las mujeres en todos los aspectos y a todos los niveles de la formulación de políticas climáticas es esencial para alcanzar los objetivos climáticos a largo plazo. En el marco de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, se han adoptado más de 80 decisiones relacionadas con el género. En el séptimo período de sesiones de la Conferencia de las Partes en la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, celebrada en 2001, los Estados acordaron promover la igualdad de género en su labor en el marco de la Convención Marco y el Protocolo de Kyoto. En 2017, en el 23er período de sesiones de la Conferencia de las Partes, los Estados adoptaron el primer plan de acción para la igualdad entre los géneros a fin de integrar la capacidad de responder a las cuestiones de género en todos los niveles de la política climática. El Programa de Trabajo de Lima sobre el Género se aprobó posteriormente para apoyar una política climática que respondiera a las cuestiones de género y, en el 25o período de sesiones de la Conferencia de las Partes, se aprobó una versión mejorada del programa: el Plan de Acción de Belém sobre el Género.

En el Convenio sobre la Diversidad Biológica se reconoce el papel fundamental que desempeñan las mujeres en la conservación. La Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación en los Países Afectados por Sequía Grave o Desertificación, en Particular en África, contiene una referencia al “importante papel desempeñado por la mujer en las regiones afectadas por la desertificación o la sequía, en particular en las zonas rurales de los países en desarrollo, y la importancia de garantizar a todos los niveles la plena participación de hombres y mujeres en los programas de lucha contra la desertificación y mitigación de los efectos de la sequía”. Uno de los objetivos del Plan Estratégico de la Convención relativa a los Humedales de Importancia Internacional especialmente como Hábitat de Aves Acuáticas para 2025-2034 es garantizar la representación y la participación plena, equitativa, inclusiva, efectiva y que responda a las cuestiones de género de las mujeres y las niñas en la toma de decisiones sobre la biodiversidad de los humedales. Con respecto al Acuerdo de París, los Estados deberían “tener en cuenta sus respectivas obligaciones relativas a los derechos humanos [...], los derechos de los Pueblos Indígenas, las comunidades locales, los migrantes, los niños, las personas con discapacidad y las personas en situaciones vulnerables y el derecho al desarrollo, así como la igualdad de género, el empoderamiento de la mujer y la equidad intergeneracional”. En virtud del Acuerdo, las Partes deben reconocer la importancia de enfoques que incluyan, “entre otras cosas mediante la mitigación, la adaptación, la financiación, la transferencia de tecnología y el fomento de la capacidad”, potenciando al mismo tiempo la participación del sector privado en la aplicación de las contribuciones determinadas a nivel nacional. Los Estados también deben tener en cuenta los efectos desproporcionados del cambio climático sobre las mujeres al elaborar iniciativas de mitigación y adaptación y objetivos de financiación climática que respondan a las cuestiones de género en el marco de sus respectivas contribuciones determinadas a nivel nacional.

En 2023, la Asamblea General aprobó la resolución 77/276, de 29 de marzo, en la que solicitaba una opinión consultiva de la Corte Internacional de Justicia sobre las obligaciones de los Estados con respecto al cambio climático, incluidas las relativas a la protección contra las emisiones antropógenas de gases de efecto invernadero y las consecuencias jurídicas de causar daños sensibles al sistema climático y otras partes del medio ambiente. En su opinión consultiva de fecha 23 de julio de 2025, la Corte Internacional de Justicia calificó el cambio climático como una “amenaza existencial”, afirmó la responsabilidad de los Estados de proteger el medio ambiente y destacó la recomendación general núm. 37, que, junto con otras normas fundamentales, incluidos los tratados internacionales sobre el clima, el derecho internacional consuetudinario y el derecho internacional de los derechos humanos, sirve para salvaguardar el medio ambiente y la “equidad intergeneracional”. En una declaración, el Secretario General pregonó la opinión consultiva como “el poder de los jóvenes para promover cambios”¹³.

13. Véase www.un.org/sg/en/content/sg/statements/2025-07-23/secretary-generals-message-the-advisory-opinion-of-the-international-court-of-justice. ↩

En su opinión consultiva de fecha 21 de mayo de 2024, el Tribunal Internacional del Derecho del Mar abordó las obligaciones de diligencia debida de los Estados en relación con el aumento del nivel del mar, que tiene un impacto desigual en las mujeres. La Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar establece el marco jurídico aplicable para abordar la explotación minera en aguas profundas y la piratería y el robo a mano armada en el mar, pues las defensoras del medio ambiente y las mujeres indígenas que participan en la economía azul se enfrentan a amenazas para su seguridad que deben abordarse mediante el enfoque basado en los derechos de la Convención. En la política marítima nacional se debe reconocer el papel fundamental que desempeñan las mujeres en la protección marítima contemporánea.

En sus resoluciones 2242 (2015) y 2282 (2016), el Consejo de Seguridad reconoció el vínculo entre el desarrollo sostenible inclusivo y la paz duradera y señaló las causas subyacentes de los conflictos: la pobreza, la tensión ambiental y la desigualdad de género. En su resolución 2282 (2016), el Consejo señaló los esfuerzos de lucha contra la pobreza como un factor determinante clave de las estrategias eficaces para la prevención de conflictos. La feminización de la pobreza es tanto una causa como una consecuencia de los conflictos. La seguridad climática y la consolidación de la paz son procesos inclusivos y deben tener como objetivo la prevención de conflictos y la complementación del empoderamiento económico general de las mujeres.

El sector privado debería asumir una responsabilidad compartida en la consolidación de la paz mediante la búsqueda de una seguridad económica que responda a las cuestiones de género, la sostenibilidad, el empoderamiento (por medio del Pacto Mundial de las Naciones Unidas) y la diligencia debida en materia de derechos humanos (mediante los Principios Rectores sobre las Empresas y los Derechos Humanos).

En la Convención de las Naciones Unidas contra la Ciberdelincuencia; Fortalecimiento de la Cooperación Internacional para la Lucha contra Determinados Delitos Cometidos mediante Sistemas de Tecnología de la Información y las Comunicaciones y para la Transmisión de Pruebas en Forma Electrónica de Delitos Graves se reconoce que la ciberdelincuencia está cambiando el panorama de la delincuencia organizada y se señalan una serie de delitos dependientes de los medios cibernéticos (terrorismo, delitos financieros y contrabando), incluidos los delitos de género facilitados por medios cibernéticos, como la cibertrata, la difusión no consentida de imágenes y la seducción de menores con el propósito de cometer delitos sexuales contra ellos.

En 2022, expertos de las Naciones Unidas exhortaron a la comunidad internacional a que pusiera fin a la denominada “guerra contra las drogas” y promoviera políticas basadas en los derechos humanos. Estos señalaron que, a nivel mundial, las mujeres cumplen condenas de prisión por delitos relacionados con las drogas en una proporción mucho mayor que los hombres, a pesar de que, en muchos casos, se trata de delitos de menor gravedad y no violentos y de que no tienen antecedentes¹⁴. Los estereotipos de género discriminatorios sobre la conducta “moral” de las mujeres influyen en la imposición de penas. En su informe del 30 de abril de 2024, la Relatora Especial sobre el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental destacó que “la ʻguerra contra las drogasʼ [...], por sus consecuencias perjudiciales, ha agravado los daños sufridos tanto en el plano individual como social” (A/HRC/56/52, párr. 33). En 2024, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos puso de relieve la necesidad urgente de adoptar un enfoque basado en los derechos humanos para la regulación de las drogas: “en lugar de medidas punitivas, necesitamos políticas de drogas sensibles al género y basadas en pruebas, fundamentadas en la salud pública”¹⁵.

14. Véase www.ohchr.org/en/statements-and-speeches/2022/06/end-war-drugs-and-promote-policies-rooted-human-rights-un-experts. ↩
15. Véase https://news.un.org/es/story/2024/12/1534886. ↩

En su informe del 23 de agosto de 2004 sobre el estado de derecho y la justicia de transición en las sociedades que sufren o han sufrido conflictos, el Secretario General reconoce que “la mayor vulnerabilidad de las minorías, las mujeres, los niños, los reclusos y detenidos, los desplazados, los refugiados, etc., que resulta evidente en todos los conflictos y las situaciones posteriores a ellos, introduce un elemento de urgencia en la necesidad de restablecer el estado de derecho” (S/2004/616, párr. 2). En su informe de seguimiento de fecha 12 de octubre de 2011 sobre el mismo tema, el Secretario General reconoce que los programas de las Naciones Unidas sobre el acceso de las mujeres a la justicia se han visto fortalecidos por las resoluciones del Consejo de Seguridad 1820 (2008), 1888 (2009), 1889 (2009) y 1960 (2010) (S/2011/634, párr. 42). El Secretario General hace hincapié en que “los procesos de justicia de transición deberían hacer lo posible para que se tengan presentes las perspectivas de mujeres y niños” (S/2011/634, párr. 22).

Los mecanismos de justicia de transición deben abarcar las desapariciones forzadas, prestando especial atención a sus repercusiones en función del género y a la responsabilidad del Estado en los feminicidios y otras formas de violencia de género, que guardan relación con las desapariciones forzadas. La Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas protege a los niños nacidos durante el cautiverio de una madre víctima de desaparición forzada.

Como afirmó el Secretario General en sus declaraciones a la prensa con motivo de la publicación del informe titulado La seguridad que necesitamos: Reequilibrar el gasto militar para un futuro sostenible y pacífico, en 2025, “la evidencia es clara: el gasto militar excesivo no garantiza la paz [...] Un mundo más seguro comienza invirtiendo al menos tanto en la lucha contra la pobreza como en las guerras”¹⁶. Como se destaca en el informe, en 2024, el gasto militar mundial alcanzó un máximo histórico de 2,7 billones de dólares y cada dólar destinado a gastos militares genera más del doble de emisiones de gases de efecto invernadero que un dólar gastado en cualquier otro ámbito. El aumento del gasto militar es contrario a la Declaración y la Plataforma de Acción de Beijing, en que se hizo un llamamiento a reducir los “gastos militares excesivos”. En su informe de 2023 relativo a las mujeres y la paz y la seguridad, el Secretario General destacó una cruda realidad: mientras que el gasto militar crece, las organizaciones de mujeres encuentran dificultades para obtener recursos (S/2023/725, párr. 1).

16. Véase www.un.org/sg/en/content/sg/press-events/2025-09-09/secretary-generals-remarks-the-press-the-release-of-the-report-the-security-we-need-rebalancing-military-spending-for-sustainable-and-peaceful-future-delivered. ↩

En su informe de políticas sobre la Nueva Agenda de Paz, el Secretario General reconoce que la debilidad institucional, la impunidad y la proliferación de armas agravan los riesgos de violencia sexual y de género en las situaciones de conflicto y pide el compromiso de transformar las dinámicas de poder basadas en el género dentro del ámbito de la paz y la seguridad. La presente adición sirve para reforzar el enfoque de la recomendación general núm. 30 sobre la diplomacia preventiva y el compromiso expresado en la resolución 2282 (2016) del Consejo de Seguridad de abordar las causas profundas de los conflictos. En la encrucijada de los cambios generacionales en el panorama geopolítico y el orden jurídico internacional basado en normas, mediante la presente adición a la recomendación general núm 30, el Comité expresa su renovada fe en el multilateralismo y en el poder transformador de la agenda sobre las mujeres y la paz y la seguridad.